El Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) condenó ayer miércoles a Vicencio (Enzo)
Scarano Spisso, alcalde de San Diego, estado Carabobo (Costa
centro-norte), y a Salvatore Lucchese Scaletta, director general de la
Policía del mismo municipio, a 10 meses y 15 días de prisión por haber
desacatado la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ del pasado
miércoles 12 de este mes, que ordenaba emprender las acciones
necesarias para evitar la colocación de barricadas en la jurisdicción.
La decisión se ampara en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo
sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece que "quien
incumpliere el mandamiento de amparo constitucional dictado por el
Juez, será castigado con prisión de seis a 15 meses", informó
Venezolana de Televisión (VTV).
El TSJ realizó una audiencia pública en su sede principal (Norte de
Caracas), en la que Scarano y Lucchese debían explicar "el presunto
incumplimiento de la decisión N° 136, del 12 de marzo del presente año,
mediante la cual se les ordena que dentro del marco jurídico que lo
rige, y en el ámbito territorial que abarca el municipio en el cual
ejerce sus competencias, realicen todas las acciones y utilicen los
recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la
Constitución y la ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la
vía pública que impidan, perjudiquen o alteren el libre tránsito de las
personas y vehículos".
La sentencia detalla que los ciudadanos debían proceder a la inmediata
remoción de tales obstáculos que hayan sido colocados en esas vías, y
se mantengan las rutas y zonas adyacentes a éstas libres de basura,
residuos y escombros, así como de cualquier otro elemento que pueda ser
utilizado para obstaculizar la vialidad urbana y, en fin, se evite la
obstrucción de las vías públicas del referido municipio.
Scarano y Lucchese serán recluidos en la sede del Servicio Bolivariano
de Inteligencia (Sebin, centro de Caracas) hasta tanto EL juez en plena
ejecución de sus funciones no determine el lugar en el que serán
encarcelados.
La medida ordena, además, el cese de las funciones de Scarano como
alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo.
Detención de alcalde Ceballos
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez,
anunció en la noche de ayer que el alcalde de San Cristóbal, capital
del suroccidental y andino estado Táchira, Daniel Ceballos, fue
capturado por miembros del Sebin atendiendo una orden de captura en su
contra dictada por el Tribunal Primero de Control.
"Esta acción de los tribunales y del Ministerio Público va a sumarle
mucho a la paz en la ciudad de San Cristóbal (...). Es un acto de
justicia ante un Alcalde que no solamente dejó de cumplir las
obligaciones que le impone la ley y la Constitución, sino que, además,
apoyó toda la violencia irracional que se desató en la ciudad de San
Cristóbal", dijo vía telefónica durante el programa Cayendo y
Corriendo, de VTV.
"El camino para la paz es la justicia", indicó, y destacó que el Sebin
pondrá a Ceballos durante las próximas horas a orden de la autoridad.
Afirmó que Táchira ha sido uno de los estados donde más violencia se ha
generado durante el intento de golpe de Estado que emprendió la derecha
venezolana, que cobró la vida de 29 personas y más de 300 heridos, y
generó el destrozo de numerosos espacios y organismos públicos.
El pasado lunes 17, el TSJ ordenó al alcalde Ceballos y sus homólogos
Gustavo Marcano, del municipio Diego Bautista Urbaneja (Lecherías),
estado Anzoátegui (Noreste); Eveling Trejo de Rosales, del municipio
Maracaibo, estado Zulia (Noroeste), y Ramón Muchacho, municipio Chacao,
estado Miranda (Este de Caracas), aplicar las acciones requeridas para
evitar la ejecución de guarimbas en esas jurisdicción.
La decisión obliga a los funcionarios a realizar acciones y utilizar
recursos materiales y humanos para evitar que se coloquen obstáculos en
la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y
vehículos.
La sentencia ordena que se proceda "a la inmediata remoción de tales
obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a éstas libres de
residuos y escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser
utilizado para obstaculizar la vialidad urbana".
También se solicitó a los alcaldes cumplir con su labor de ordenación
del tránsito de vehículos, a fin de garantizar un adecuado y seguro
desplazamiento por las vías públicas de sus municipios y velar por la
protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y
domiciliario, ante la desatención en que habrían incurrido estos
alcaldes.
El fallo ordenó que giren las instrucciones necesarias en sus
respectivos cuerpos de policía municipal, para dar cumplimiento
efectivo a lo previsto en los artículo 44 y 46 de la Ley Orgánica del
Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
Gestión de Gobierno
El ministro Rodríguez informó que durante una reunión entre el
presidente Nicolás Maduro; integrantes del Gabinete Económico, el
gobernador de Táchira, José Vielma, y su persona se aprobaron una serie
de créditos para emprender proyectos en la entidad que permitan
recuperar los espacios dañados por las acciones fascistas.
"Mañana (jueves) estaremos informando a los tachirenses sobre esta
serie de proyectos que, además fueron planteados, durante las mesas de
diálogo instaladas en San Cristóbal", señaló.
Agregó que de los 365 municipios del país solo dos se mantienen con
focos de violencia.
"Es una violencia subversiva la que tenemos en San Diego en el estado
Carabobo y en San Cristóbal estado Táchira, pero además debemos aclarar
que no se trata de todo el municipio. En San Cristóbal son dos o tres
focos al este de la ciudad, y en la ciudad de Valencia es un pequeño
espacio de San Diego", dijo.
Con la aplicación de la justicia "las cosas volverán a la normalidad".
Rodríguez añadió que el Operativo Plan Patria Segura y el Patrullaje
Inteligente se reanudarán con total normalidad para continuar
protegiendo al pueblo.
"El plan no ha estado funcionando a cabalidad por las acciones
violentas y fascistas", explicó, y para su reactivación se sostendrá
una serie de reuniones con los cuerpos policiales municipales "para que
también asuman su responsabilidad en el resguardo de la ciudadanía".
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