Una misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos
(FIDH) que visitó el país en septiembre de este año, presentó un informe en
el que revelan que ha existido violencia política y fuerte militarización
durante el proceso electoral y previo a las elecciones generales del 24 de
noviembre.
La FIDH recopiló 39 asesinatos y seis atentados contra
la vida e integridad de opositores políticos, en su gran mayoría del partido
Libre, sólo desde mayo de 2012 en Honduras.
La violencia política, denunciada por la FIDH desde el 2009, se ha agravado en
vísperas de las elecciones, en un contexto de preocupante militarización. Esto
en particular con la creación en 2013 de una policía militar, mediante la
Estrategia Interinstitucional en Seguridad y Toma Integral Gubernamental de
Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES) y la Ley de Policía Militar de Orden
Público (PMOP).
En este sentido, la misión de la FIDH
expresó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) su preocupación por la
militarización del proceso electoral, en la medida en que además de estas
disposiciones legales, las Fuerzas Armadas son custodios de las urnas y del
traslado de los votos al concluir las votaciones.
Esta
facultad a las Fuerzas Armadas en el proceso electoral se ha reforzado con la
creación de la Policía Militar, pese a la específica recomendación de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación acerca del golpe de Estado que
estableció la supresión de cualquier misión de carácter político para las
mismas, así como la prohibición de asignarles funciones policiales.
“En vísperas del escrutinio presidencial, instamos a que se garantice la
realización de elecciones libres y transparentes, y solicitamos a las futuras
autoridades de Honduras que deroguen las disposiciones legales por las cuales
se establece la Policía Militar”, afirmó Karim Lahidji, Presidente de la
FIDH.
Persiste la Impunidad
Frente a la
situación de violencia que cuatro años después del golpe de Estado sigue
asolando a Honduras, persiste la impunidad, en particular por el escaso avance
de las investigaciones. Resultan sumamente preocupante la ausencia de
independencia e imparcialidad de la justicia y las intromisiones del Ejecutivo
en el poder judicial, como fue el caso con la destitución ilegal, por el
Congreso Nacional, de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia en
diciembre de 2012 y las irregularidades en la designación del Fiscal General y
del Fiscal Adjunto, así como en la designación de los integrantes del Consejo
de la Judicatura.
“Reiteramos nuestras exigencias para que se
investiguen con diligencia y celeridad las graves violaciones de derechos
humanos cometidas contra los opositores políticos, los defensores de derechos
humanos y los periodistas. Los más altos responsables de estos crímenes tienen
que ser juzgados y condenados”, declaró Bertha Oliva, Coordinadora General
de COFADEH.
“Es imprescindible que se fortalezca la Fiscalía
Especial de Derechos Humanos, dotándola de los recursos humanos y financieros
necesarios, y que se asegure una plena transparencia en la designación de los
altos cargos vinculados a la administración de justicia y de los integrantes
del Consejo de la Judicatura”, agregó Wilfredo Méndez, Coordinador de
CIPRODEH.
La FIDH, COFADEH y CIPRODEH también instan a
las autoridades hondureñas a fijar a la brevedad una fecha para la visita de
la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los
Jueces y Magistrados, y en el contexto del examen preliminar sobre Honduras,
solicitan a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional visitar el país para
evaluar la necesidad de abrir una investigación.
En
Honduras están integradas a la FIDH organizaciones de derechos humanos como el
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos
(CIPRODEH).
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