miércoles, 14 de agosto de 2013

Honduras: Sociedad civil exige respeto a artículo 321 del Código Penal, que sanciona a violadores de derecho a la igualdad

Tegucigalpa.

Este día, representantes del Grupo Sociedad Civil, Diversidad Sexual y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, se manifestaron en "Defensa del artículo 321, del Código Penal", mediante una conferencia de prensa, en la que condenaron el irrespeto a la igualdad y derechos de los y las hondureñas.
Dicho artículo manifiesta que “Será sancionado con reclusión de 3 a 5 años y multa de  L.30,000.00 a L.50,000.00 a quien haga objeto de discriminación a otra persona por motivo de sexo, raza, edad, clase, religión, militancia partidista o política, adolecimiento de alguna discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana.”

El pronunciamiento se hace porque el pastor Evelio Reyes, de la iglesia Vida abundante, hizo un llamado a su feligresía a no votar por “homosexuales y lesbianas que corrompen los modelos de Dios, las buenas costumbres y que ponen en riesgo a las generaciones por venir”.
Hace unos días el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Derechos Humanos interpuso requerimiento fiscal contra el pastor evangélico Evelio Reyes por el presunto delito de discriminación sexual en perjuicio de Erick Vidal Martínez, Arely Victoria “Vicky” Gómez, Claudia Espelman y José Hernández, miembros de la Diversidad Sexual, quienes participaron en las contiendas electorales internas del 2012, en el partido Libertad y Refundación LIBRE.

Según los hechos el requerimiento fiscal obedece a los derechos de identidad individual, respeto a las minorías e intolerancia y menoscabo a la libertad de expresión.

Donis Reyes, coordinador de la Asociación Arcoiris de Honduras, expresó que “la Diversidad Sexual no estén iniciando una campaña contra la libertad de culto, pues el 98 por ciento de la población hondureña cree en Dios, por lo que nosotros estamos luchando por la igualdad”.

Dany Montesinos, en representación del Comité de Diversidad Sexual, recordó al Estado hondureño que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Suyapa Martínez, del Centro de estudios de la Mujer - Honduras (CEM-H),  en representación de las mujeres hondureñas dijo que no vamos a permitir la reforma del artículo 321, porque este representa una lucha de todos y todas, este no sólo los derechos de la Diversidad Sexual, es de Honduras, porque defiende, cuida y protege a todos en nuestros derechos”.

Fanny Erazo, del grupo de Sociedad Civil, expresó que “somos parte de esta lucha y no vamos a permitir que los grupos de poder sigan manipulando la Ley a favor de su status quo”. 

Y de parte del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Matías Sauceda, se solidarizó en la defensa del artículo 321, pues dijo que ahí se abarca el principio de respeto a todo ser humano, que es lo que se aprende en la iglesia, el respeto a los derechos humanos enaltece a las personas, las enorgullece y hace crecer.

Dina Meza, defensora de derechos humanos, en representación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, demandó al Congreso Nacional que en vez de hacer procesos en contra de los derechos humanos, debería aprobar una ley de protección de defensores y defensoras de derechos humanos, en el que se incluyen activistas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, LGTBI.

Y es que la saña en contra de la comunidad LGTBI o diversidad sexual, ha sido más fuerte después del golpe de Estado del 2009, que ha cobrado más de 80 vidas de sus miembros, y recientemente el ataque contra la defensora ¨Vicky Gómez”, una chica transexual, que además figuró como candidata suplente de Erick Martínez, aun curul del Congreso Nacional, en la alecciones internas pasadas, y que están entre las personas ofendidas por el partos Evelio Reyes.

Asimismo miembros de la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH/ SIDA, de la que es parte ¨Vicky Gómez”, en un comunicado de prensa exigen efectividad en la investigación de los delitos que han sido víctimas las y los miembros de la Diversidad Sexual, como el ataque a “Vicky”, “la campaña de odio desatada en nuestra contra , por parte de la Confraternidad Evangélica, en respuesta al enjuiciamiento al que está siendo sometido el pasto Evelio Reyes, por promover desde su púlpito, la discriminación sexual en contra nuestra”.   

Después de las declaraciones se dio lectura al siguiente comunicado:

DISCRIMINAR NO ES LIBERTAD DE EXPRESION

Discriminar es excluir, restringir y hacer segregación de la dignidad humana, basada en razones de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, credo religioso, ideología, filiación política, condición económica y social, discapacidad u otras con el objetivo de anular o disminuir los derechos y libertades humanas reconocidos por nuestra Constitución y los tratados internacionales.

Honduras figura a nivel internacional como un país con altos niveles de exclusión y desigualdad. La adolescencia y juventud son estigmatizadas como “responsables de la violencia”; las mujeres son desvalorizadas y violentadas por una sociedad altamente machista y patriarcal; las personas en situación discapacidad ven limitadas sus posibilidades de acceder a espacios públicos y  privados y a un empleo justo; los pueblos indígenas y afrohondureños son criminalizados por defender el derecho a los recursos naturales y el acceso a la tierra y; la población LGTBI  es víctima del odio por expresar abiertamente su orientación sexual e identidad de género.

En respuesta a las recomendaciones del Examen Periódico Universal de 2010 y para armonizar la legislación nacional con la internacional, Honduras decidió reformar la normativa vigente desde 1984, en el Código Penal a fin de clarificar los principales tipos de discriminación. La reforma al artículo 321 del Código Penal, se aprobó el 21 de febrero de 2013.

Sin embargo, a raíz de una acusación por discriminación en contra del Pastor Evelio Reyes, y ante la presión de la Confraternidad Evangélica de Honduras, el Congreso Nacional ha creado una comisión que analizará una posible contrarreforma a dicho Artículo.

Cabe mencionar que el requerimiento fiscal presentado en contra del ciudadano Evelio Reyes, se fundamentó en el Artículo 321 del Código Penal de 1984  (sin reforma). Además, el Artículo por el cual se acusa al Pastor Reyes no sanciona explícitamente la discriminación en contra de las personas LGTBI, como quieren hacer ver ciertos líderes religiosos.

Por tal motivo, las organizaciones defensoras de los derechos Humanos, nos dirigimos a la sociedad hondureña, la institucionalidad estatal y a la comunidad internacional, manifestando lo siguiente:

a)    Alertamos a la comunidad internacional que Honduras está a punto de retroceder en sus compromisos ante el Examen Periódico Universal (EPU), las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ante otros avances en materia de derechos humanos de los que este gobierno presume, incluyendo la Primera Política Nacional y Plan de Acción en Derechos Humanos.

b)    La contrarreforma Profundiza y agudiza la desprotección de grupos sociales que sufren particularmente de altos niveles de discriminación: Mujeres, niñez, adolescencia, juventud, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, población indígena y afro-hondureña y la comunidad LGTBI, por mencionar algunos.

c)    El llamado de Evelio Reyes a no votar por “homosexuales y lesbianas que corrompen los modelos de Dios, las buenas costumbres y que ponen en riesgo a las generaciones por venir”, constituye tentativa de delito de discriminación y una violación a lo estipulado en el Artículo 77  de la Constitución de la República.

d)    Rechazamos la intervención e injerencia de prácticas y creencias religiosas en los asuntos que competen al Estado, dado que desconoce y atenta contra el principio de laicidad.

e)    Enfatizamos que cualquier derogatoria o reforma de la legislación nacional vigente, debido a presiones de grupos religiosos, constituye un tráfico de influencias que no se fundamenta en ningún derecho humano y; que nos otorga el derecho a denunciar a nivel nacional e internacional a las y los diputados del Congreso Nacional por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos.

f)    Repudiamos el perverso manoseo del derecho a la libertad de expresión por parte de un  sector de la Iglesia Evangélica, dado que dicha libertad está sujeta a restricciones legales cuando irrespeta los derechos o la reputación de los demás .
g)    Le recordamos al ciudadano Evelio Reyes que en una democracia las mayorías no pueden aplastar ni exterminar los derechos de las minorías, tal y como lo estipula el Artículo 60  de la Constitución de la República.

h)    Denunciamos nacional e internacionalmente, la agresión de la que fue víctima la activista transexual, Arely Victoria Gómez, una de las denunciantes de este caso, quien el pasado viernes, en horas de la noche, fue agredida brutalmente por cuatro hombres, golpeándola y despojándola de sus pertenencias, incluyendo su calzado, lo que denota que lejos de ser un asalto común, la agresión tenía por objetivo burlarse de su identidad de género e intimidarla.

Este tipo de incidentes son producto de las campañas de odio y discriminación promovidas por grupos fundamentalistas religiosos, económicos, políticos y militares, que sólo reafirman los patrones y conductas patriarcales, que profundizan la deshumanización de la sociedad y que deslegitimizan al ser humano como sujeto de derecho y como fin primordial de la misma.

i)    Solicitamos a la comunidad internacional prestar especial atención al desarrollo de este proceso judicial vigilando que las instituciones operadoras de justicia aseguren un juicio justo e imparcial y que siempre esté presente el principio de igualdad ante la ley.

j)    Finalmente, manifestamos nuestro total apoyo a la labor de la Fiscal de Derechos Humanos Rosa Seaman y solicitamos al Ministerio Público que formule una opinión basada en derecho sobre la creación de esta comisión, las amenazas de una contrarreforma y que abogue por la independencia judicial.

Tegucigalpa, MDC – 13 de Agosto de 2013

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