PIDEN REACCIÓN “URGENTE” ANTE CRISIS
El relator de la CIDH Rodrigo Escobar Gil, durante la presentación de un informe sobre las cárceles de Honduras. EFE.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) describió en un informe presentado este viernes en Tegucigalpa al sistema penitenciario de Honduras como "deshumanizado, paupérrimo y corrupto", con cárceles que "son totalmente contrarias a la dignidad humana"."Es imprescindible que las autoridades del Estado de Honduras en todas las ramas de Gobierno (...) reaccionen de manera urgente y contundente ante la crisis estructural profunda" del sistema carcelario, subrayó el relator sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil.
El informe fue presentado por Escobar Gil en la Casa Presidencial, en un acto oficial al que asistió, entre otros altos funcionarios, el vicepresidente hondureño, Víctor Hugo Barnica, quien reconoció que lo expresado por la CIDH "es cierto", pero que "no todo es culpa del Gobierno".El informe de la Comisión destaca que "la grave crisis estructural que atraviesan las cárceles de Honduras es el resultado de la ausencia, durante décadas, de políticas integrales orientadas a lograr que el sistema penitenciario cumpla con los fines que establece la Convención Americana de Derechos Humanos".
Dicha Convención señala la reforma y readaptación social de los condenados, lo que no ocurre en Honduras, donde las cárceles son consideradas "universidades del crimen" y una especie de bomba de tiempo por el alto grado de inseguridad que impera en la mayoría de las 24 prisiones que conforman el sistema penitenciario.
Escobar Gil expresó que "es imprescindible que haya una adecuada asignación presupuestaria que haga operativas las instituciones penitenciarias" hondureñas.
"Es inadmisible que las autoridades del Estado digan que estas obligaciones deben ser financiadas por donantes privados o por la cooperación internacional. Estos problemas son responsabilidad del Estado y es su deber asignar los recursos suficientes", enfatizó.
Escobar Gil y su comitiva fueron recibidos este viernes por el presidente hondureño, Porfirio Lobo, quien se sorprendió cuando el relator de la CIDH le comentó que el presupuesto para la alimentación diaria de los casi 13.000 reos que hay en el país, ha sido recortado de once a ocho lempiras (de 53 a 39 centavos de dólar).
Informe de la CIDH revela que los presos controlan las cárceles del país
El sistema penitenciario de Honduras, compuesto por 24 cárceles,
alberga a unas 13.000 personas cuando su capacidad es para unas 8.000,
según autoridades locales.
Sobre el incendio en la Granja Penal de Comayagua (centro), en el que
murieron 360 reos y una mujer que visitaba a su marido el 14 de febrero
de 2012, el informe de la CIDH señala que esa tragedia "no fue un hecho
inédito en Honduras", ya que en 2004 murieron 107 internos en otro
siniestro en el presidio de San Pedro Sula, norte.
Otro señalamiento del informe se refiere al hecho de que en algunas
cárceles de Honduras la facultad disciplinaria se delega en los mismos
reos.
El respecto, el informe insta "al Estado a erradicar definitivamente la
práctica de delegar facultades disciplinarias en los propios reclusos,
sobre todo la posibilidad de aplicar sanciones".
El excomisionado de los Derechos Humanos Leo Valladares, comentó a Efe
que el informe de la CIDH "no puede ser más contundente sobre las
condiciones inhumanas en que viven los reos" en Honduras.
Agregó que el hecho de que los presos sean los que controlen las
cárceles del país es una irresponsabilidad, porque "las autoridades
"están premiando con poder a los delincuentes".
Publicado el 02 Agosto 2013
Fuentes: EFE
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Tiempo.hn 2.08.2013 Honduras.
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Tiempo.hn 2.08.2013 Honduras.
Autogobierno cedido a presos es principal problema de cárceles hondureñas
AFP
El principal problema de las cárceles de Honduras, colapsadas por la
sobrepoblación, es el autogobierno cedido a los reclusos y justificado
por las autoridades en la falta de personal, denunció este viernes una
investigación internacional.
El "Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la
situación de las personas privadas de libertad en Honduras", subraya que
ese autogobierno deriva en toda clase de abusos y extorsiones internas y
permite además que desde la cárcel se planifiquen secuestros y otros
crímenes.
El trabajo también enumera una sobrepoblación superior al 40%, condiciones deplorables de higiene y salubridad, falta de asistencia médica, de provisión adecuada de alimentos y agua potable, y la ausencia de separación de reclusos por categorías de delitos.
El trabajo de la CIDH, elaborado por una misión de siete expertos que visitó Honduras del 23 al 27 de abril de 2012, era entregado este viernes al presidente Porfirio Lobo.
La misión de la CIDH visitó Honduras dos meses después de una de las mayores tragedias carcelarias del mundo: el incendio del penal de Comayagua (70 km al norte de Tegucigalpa), en el que murieron 362 reclusos.
En una primera reacción al informe, el encargado de las prisiones, el excomisionado policial Simeón Flores, dijo que el documento contiene conceptos que "ya sabíamos", pero que no se pueden solucionar por falta de recursos.
"¿Qué podemos hacer si hasta debemos cinco meses de comida y los proveedores ya no nos van a seguir dando crédito?", se preguntó Flores en declaraciones a la AFP.
El funcionario aseguró que "no podemos mandar a los privados de libertad a los juzgados" a declarar en los juicios, "por falta de combustible".
"Las autoridades anteriores perdieron el control de los centros penales por razones de corrupción y de incapacidad pero, por favor, dennos los recursos financieros porque hasta ahora el Estado no los ha dado", demandó Flores.
El autogobierno de los presos
"Uno de los problemas más graves y arraigados (...) es la delegación del control interno de los centros penitenciarios en manos de los propios reclusos" mediante "sistemas de autogobierno o gobierno compartido, en los cuales son determinados internos denominados 'coordinadores' (nombrados por los mismos reclusos) los que ejercen el control", denunció la CIDH.
Indicó que ese sistema de autogobierno es "justificado sistemáticamente por las autoridades, bajo el argumento de que este modelo es un mal necesario ante la permanente falta de recursos y de personal".
Los reclusos "aplican castigos disciplinarios", "cobran por los espacios de las celdas y las camas" además de resolver conflictos y "fijar los precios de los alimentos". Recordó que el 29 de marzo de 2012 reclusos de San Pedro Sula decapitaron a su coordinador, le mutilaron los genitales y arrojaron la cabeza frente a la dirección del penal --entre otras atrocidades-- porque consideraron que abusaba de su autoridad, aumentando los precios de los servicios, comida y alojamiento.
La CIDH señaló que "la falta de control efectivo de la seguridad interna en las cárceles facilita las condiciones para la comisión de delitos en y desde las cárceles" como "el tráfico de drogas, la venta de armas, el cobro de cuotas extorsivas a los presos o sus familiares y la planificación y dirección, desde el interior de la cárcel de hechos delictivos como homicidios, secuestros y extorsiones".
El informe también recordó la masacre de abril de 2003 en la Penitenciaría Nacional de El Porvenir, Atlántida, en la que murieron 69 personas debido a un conflicto entre los "coordinadores" de ese penal y miembros de la "Mara 18" y el incendio de Comayagua en mayo del 2004 en el que fallecieron 107 internos.
La CIDH, a partir de información suministrada por el Estado en enero de 2013 que estima la población penitenciaria en 12.263 personas (la mitad procesados y la otra mitad condenados) destaca que existe un déficit de 3.600 plazas lo que equivale a una sobrepoblación del 44%.
En las conclusiones, la Comisión advirtió que "la administración penitenciaria en Honduras padece actualmente de graves deficiencias estructurales que han conducido a su colapso" por lo que reclamó "un cambio radical de actitud" y "una renovación real de las instituciones". La misión que redactó el informe estuvo integrada por José de Jesús Orozco Henríquez, Tracy Robinson, Rosa María Ortiz, Felipe González, Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil y Rose-Marie Belle Antoine.
El trabajo también enumera una sobrepoblación superior al 40%, condiciones deplorables de higiene y salubridad, falta de asistencia médica, de provisión adecuada de alimentos y agua potable, y la ausencia de separación de reclusos por categorías de delitos.
El trabajo de la CIDH, elaborado por una misión de siete expertos que visitó Honduras del 23 al 27 de abril de 2012, era entregado este viernes al presidente Porfirio Lobo.
La misión de la CIDH visitó Honduras dos meses después de una de las mayores tragedias carcelarias del mundo: el incendio del penal de Comayagua (70 km al norte de Tegucigalpa), en el que murieron 362 reclusos.
En una primera reacción al informe, el encargado de las prisiones, el excomisionado policial Simeón Flores, dijo que el documento contiene conceptos que "ya sabíamos", pero que no se pueden solucionar por falta de recursos.
"¿Qué podemos hacer si hasta debemos cinco meses de comida y los proveedores ya no nos van a seguir dando crédito?", se preguntó Flores en declaraciones a la AFP.
El funcionario aseguró que "no podemos mandar a los privados de libertad a los juzgados" a declarar en los juicios, "por falta de combustible".
"Las autoridades anteriores perdieron el control de los centros penales por razones de corrupción y de incapacidad pero, por favor, dennos los recursos financieros porque hasta ahora el Estado no los ha dado", demandó Flores.
El autogobierno de los presos
"Uno de los problemas más graves y arraigados (...) es la delegación del control interno de los centros penitenciarios en manos de los propios reclusos" mediante "sistemas de autogobierno o gobierno compartido, en los cuales son determinados internos denominados 'coordinadores' (nombrados por los mismos reclusos) los que ejercen el control", denunció la CIDH.
Indicó que ese sistema de autogobierno es "justificado sistemáticamente por las autoridades, bajo el argumento de que este modelo es un mal necesario ante la permanente falta de recursos y de personal".
Los reclusos "aplican castigos disciplinarios", "cobran por los espacios de las celdas y las camas" además de resolver conflictos y "fijar los precios de los alimentos". Recordó que el 29 de marzo de 2012 reclusos de San Pedro Sula decapitaron a su coordinador, le mutilaron los genitales y arrojaron la cabeza frente a la dirección del penal --entre otras atrocidades-- porque consideraron que abusaba de su autoridad, aumentando los precios de los servicios, comida y alojamiento.
La CIDH señaló que "la falta de control efectivo de la seguridad interna en las cárceles facilita las condiciones para la comisión de delitos en y desde las cárceles" como "el tráfico de drogas, la venta de armas, el cobro de cuotas extorsivas a los presos o sus familiares y la planificación y dirección, desde el interior de la cárcel de hechos delictivos como homicidios, secuestros y extorsiones".
El informe también recordó la masacre de abril de 2003 en la Penitenciaría Nacional de El Porvenir, Atlántida, en la que murieron 69 personas debido a un conflicto entre los "coordinadores" de ese penal y miembros de la "Mara 18" y el incendio de Comayagua en mayo del 2004 en el que fallecieron 107 internos.
La CIDH, a partir de información suministrada por el Estado en enero de 2013 que estima la población penitenciaria en 12.263 personas (la mitad procesados y la otra mitad condenados) destaca que existe un déficit de 3.600 plazas lo que equivale a una sobrepoblación del 44%.
En las conclusiones, la Comisión advirtió que "la administración penitenciaria en Honduras padece actualmente de graves deficiencias estructurales que han conducido a su colapso" por lo que reclamó "un cambio radical de actitud" y "una renovación real de las instituciones". La misión que redactó el informe estuvo integrada por José de Jesús Orozco Henríquez, Tracy Robinson, Rosa María Ortiz, Felipe González, Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil y Rose-Marie Belle Antoine.
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