miércoles, 21 de diciembre de 2011

Por abuso de autoridad y tratos crueles denuncian a presidente hondureño

Por: Germán H. Reyes
Tegucigalpa. Al  finalizar la conferencia de prensa desarrollada frente al palacio legislativo, representantes del  Colectivo  de Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión, se trasladaron al Ministerio Público para denunciar ante la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, el abuso de autoridad y los “tratos crueles” que recibieron de parte de funcionarios del Estado, cuando intentaban llegar a la casa de gobierno para exigir la investigación de los asesinatos contra 24 periodistas
El trece de diciembre recién pasado, al menos 50 periodistas, en su mayoría mujeres, que marchaban pacíficamente para reclamar por la desidia gubernamental en la investigación de los asesinatos contra los comunicadores,  fueron salvajemente reprimidas por la Guardia de Honor Presidencial.  El hecho fue  justificado por el Presidente de la República, Porfirio Lobo y por el jefe de las Fuerzas Armadas, René Osorio Canales.
Las comunicadoras sociales denunciaron al Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, al jefe de las Fuerzas Armadas, René Osorio Canales y al jefe de la guardia de honor presidencial, Andrés Felipe Díaz; como autores intelectuales y los demás que según las investigaciones resulten como autores materiales.
A continuación de manera íntegra la denuncia presentada al mediodía del miércoles 21 de diciembre
DENUNCIA POR DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS CIVILES Y MILITARES CONTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS GARANTIZADOS POR LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, ABUSO DE AUTORIDAD Y TRATOS CRUELES INHUMANOS Y DEGRADANTES. SE ACOMPAÑA DOCUMENTACION Y VIDEOS
Abogada Sandra Ponce
Fiscal Especial de Derechos Humanos
Nosotras, Sandra Marybel Sánchez Escoto, Claudia Dinora Mendoza Padilla, Eleana Borjas Coello, Petrona Elizabeth Sierra Rodas, Yolanda Divina Alvarenga Isaula, Olga Iris Mencía Bárcenas, Miriam Grizel Elvir Mejía, Fabiola Clementina Budde Castro, Claudia Dineyra Elvir Mejía, Wendy Carolina Funes Godoy, Thirzia Karina Galeas Núñez, Miriam Amaya Medina, Signy Paollete Perez Fiallos y Gilda Carolina Silvestrucci Rivera, mayores de edad, periodistas y de este domicilio, comparecemos ante usted a denunciar a los señores Porfirio Lobo Sosa, Presidente de la República de Honduras, al General René Arnoldo Osorio Canales, Jefe del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, al General Andrés Felipe Díaz, Jefe de la Guardia de Honor Presidencial, como autores intelectuales, y los demás que de las investigaciones resulten autores materiales, de los hechos que a continuación se relatan:
ANTECEDENTES:
1.- Honduras vive en la actualidad altos niveles de violencia generalizada, que según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), nos coloca como una de las naciones más violenta del mundo. De acuerdo al primer "Estudio global sobre homicidios" realizado por esta dependencia de la Organización de las Naciones Unidas, nuestro país registra la tasa más alta del mundo, 82.1 por cada cien mil habitantes, los que debido a la reconocida incapacidad y debilidad investigativa de los operadores de justicia, quedan en la casi total impunidad. Esta situación es tan grave, que ha sido admitida por el propio Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, en reunión sostenida con directores de medios de comunicación, el 25 de noviembre del presente año, donde reconoció que el país vive un "momento medio complicado" y les recomendó que tomaran medidas para asegurarse. Situación ratificada por el comisionado gubernamental de los derechos humanos, Ramón Custodio López, quien en fecha reciente expresó que  "No se puede ocultar que en el país están muriendo personas y esos homicidios muy pocos son castigados, porque casi todos quedan en la impunidad", para luego agregar que "trabajar acá defendiendo la vida, implica arriesgar la vida". A este panorama debe agregarse que el propio Director de la Policía Nacional, General José Ricardo Ramírez del Cid, denunció recientemente ante los medios de comunicación, su temor de ser asesinado por sus propios compañeros, vinculados al crimen.
2.- Es en este contexto en el que los y las periodistas tenemos que realizar nuestro trabajo, con grave riesgo para nuestra integridad física y psíquica y la de nuestras familias, ya que dada la naturaleza de nuestra actividad laboral, los altos niveles de violencia, impunidad, y corrupción al interior de los organismos responsables de proporcionarnos seguridad, nos mantenemos permanentemente, en la mirilla de quienes se sienten afectados en sus intereses, de toda naturaleza, por nuestras denuncias y cuestionamientos. Esta alarmante situación ha cobrado, sólo en los últimos dos años, la vida de 17 comunicadores sociales, los que, mientras no se presente prueba científica en contrario, debemos asumir fueron asesinados por causas relacionadas con su actividad laboral. Estadísticas de organizaciones internacionales que monitorean el estado de la libertad de expresión a nivel mundial, posicionan a Honduras como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y como el segundo más peligroso de América, solo superado por México, donde la bandas del crimen organizado y los narcotraficantes, tienen a los periodistas entre sus víctimas predilectas.
3.- Ese preocupante y amenazante panorama y la posibilidad real de que se agrave y que las muertes de comunicadores sociales aumenten; sumado a la alarma y pesar que provocó el reciente asesinato de la colega Luz Marina Paz, el pasado 6 de diciembre de 2011, motivó a un grupo de mujeres periodistas que asistimos a su velatorio, a pasar del lamento a una acción pública de rechazo a la violencia contra de la prensa, que hiciera saber a las autoridades nuestra inconformidad por la falta acciones efectivas de combate a los delincuentes, que están acabando con la vida de periodistas. Pretendiendo dar a conocer el malestar colectivo del gremio periodístico por esa situación, después de varios encuentros, tomamos la decisión de realizar el día 13 de diciembre, la marcha que denominamos: “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión”.
HECHOS: 
El día 13 de diciembre, como lo habíamos planificado, unos cincuenta periodistas, mayoritariamente mujeres, nos encontramos frente a la sede de la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en Tegucigalpa, con el propósito de realizar nuestra marcha en favor de la paz y por la libertad de expresión, que partiendo de ese sitio, tenía como destino la Casa Presidencial. Llegamos, como habíamos acordado, a las nueve de la mañana, vestidas de negro en señal de luto y portado una manta con el nombre de la actividad, pancartas alusivas a la situación que está viviendo la prensa, fotografías de los y la asesinada adheridas a nuestras camisetas y un ataúd de cartón y velas, para hacer un acto simbólico a la hora de arribar a la calle frontal de la casa de gobierno. Nos acompañó también, un pequeño grupo de mujeres  del Comité “Visitación Padilla”. No portábamos ningún tipo de armas, ni objetos contundentes o peligrosos y mucho menos artefactos explosivos, ya que la voluntad de todos y todas las participantes, era desarrollar una protesta pacífica.  Exigíamos justicia, investigación de los crímenes contra periodistas, identificación de los asesinos intelectuales y materiales y deducción de responsabilidades. A la espera de que llegaran más colegas que habían prometido participar, iniciamos el recorrido a eso de las nueve y media de la mañana, avanzando sin parar por el boulevard Miraflores hacia nuestro destino, gritando consignas que habíamos elaborado colectivamente, para llamar la atención de las personas que circularan por el lugar, sobre la razón de nuestra marcha. Coreábamos: No somos mercenarias de la información… queremos libertad de expresión, Si el pueblo no está bien informado… será más apendejado, Los medios que no informan libremente…están a merced del presidente, Dejad que el pueblo esté informado… Porque de mentiras ya está cansado, El derecho a la información… es parte de la libertad de expresión, Luz no merecía morir…por eso la verdad debe sobresalir, Somos golpeados…pero no humillados, Por la libertad  de informar…no nos pueden matar! Sin mayores contratiempos transitamos hasta frente al edificio donde funciona la Procuraduría General de la República, donde pensábamos girar a la derecha para avanzar rápidamente hacia la Casa Presidencial, para realizar el acto planificado. En ese sitio se encontraba un grupo de militares de la Guardia de Honor Presidencial, que colocando vallas metálicas sobre la calle y detrás un piquete de soldados listos como para enfrentar acciones violentas, nos impidieron el paso. Nos sorprendió esa situación, porque días antes el Colegio de Periodistas de Honduras había convocado a una manifestación con las mismas características que la nuestra y además de ser muy bien recibidos, fueron incluso escoltados en su trayecto por miembros de la policía, incluyendo sus voceros. Para evitar confrontaciones, pues no era el objetivo de nuestra marcha, avanzamos por el Boulevard Juan Pablo Segundo, hasta la altura del negocio conocido como Burger King, allí viramos a la derecha para encaminarnos al lugar donde pretendíamos realizar nuestro acto de protesta y entregar en la caseta de ingreso a la Casa Presidencial, nuestro manifiesto por la vida, para que fuese entregado al gobernante, Porfirio Lobo Sosa. Cuando llegamos a la altura del Hotel Marriot, nos encontramos con otra valla metálica que impedía el paso, bajo la custodia de otro grupo de militares, ante los cuales las y los compañeros que encabezaban la marcha, se identificaron como periodistas. Dejaron pasar a un pequeño grupo, pero cuando quienes íbamos un poco más atrás intentamos hacerlo, los militares rodaron las vallas para impedirnos el paso, y no sabemos por qué, comenzaron a obstaculizar con empellones y golpes, el desplazamiento del resto de colegas que iban detrás. Vimos además, a varios militares en una actitud abiertamente intimidatoria, con toletes, escudos y bombas de gas lacrimógeno en sus manos, listas para ser disparadas contra nosotras. Eso nos causó molestia, por lo que varios de los participantes intentaban explicar que formábamos parte del mismo grupo de quienes habían pasado ya. Un grupo de periodistas que daba cobertura a la marcha, pidió al oficial que supuestamente estaba a cargo del operativo, explicara esa situación, pero no lo hizo, viviendo un momento de tensión y agresividad en contra nuestra, por lo que decidimos avanzar, a pesar de que algunos de ellos nos perseguían amenazantes. Los militares que estaban frente a la Casa Presidencial corrieron a rodar otras vallas para impedirnos el acceso a la parte frontal del edificio, como si el grupo que avanzaba fuese de delincuentes, a pesar de que habíamos divulgado de antemano a través de distintos medios de comunicación, que realizaríamos esa actividad, en rechazo a la violencia contra los periodistas. La reacción de la Guardia de Honor Presidencial nos pareció desproporcionada, éramos un grupo conformado mayoritariamente por mujeres, frente a hombres armados, con escudos, toletes y bombas lacrimógenas. Conocedoras de nuestros derechos, persistíamos en avanzar al sitio donde pretendíamos desarrollar un acto pacífico. Los militares forcejearon con algunas de nosotras que estábamos frente a la valla intentando pasar, dijimos que éramos periodistas, que estábamos desarmadas, que no nos agredieran, pero protegidos por sus escudos y sus toletes, golpearon a varias de nosotras y en un acto de lícita defensa, levantábamos nuestros brazos para  esquivar sus escudos e impedir que nos golpearan,  aun así varias recibimos golpes en el rostro, brazos y tórax. En ese momento intentábamos protegernos unas con otras, y reclamábamos molestas la acción de los miembros de la Guardia Presidencial, quienes a nuestro juicio hicieron uso desproporcionado e innecesario de fuerza, ya que nuestra protesta era pacífica. En medio del forcejeo, una de nuestras compañeras quitó el tolete a uno de los militares que pretendía agredir a otra compañera que se encontraba totalmente indefensa y vulnerable, intentando arrebatarle la manta que encabezaba nuestra marcha. El militar la golpeó entonces con su escucho, por lo que la compañera que se había quedado con el tolete, golpeaba el escudo para detener la agresión. Las imágenes captadas por las cámaras de los fotógrafos y camarógrafos que cubrían este hecho, ha sido utilizadas como justificación para el uso de la fuerza por parte de los militares, tanto por el Presidente Porfirio Lobo Sosa, como por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, para afirmar que llegamos en forma agresiva, violenta, y casi lamentar haber sido “benevolentes” con nosotras, y advertir que si volvemos de la misma manera, repetirán el trato. Contrario a sus afirmaciones, en los videos y fotografías tomados por los  colegas periodistas, identificamos oficiales que portando dos estrellas, como insignias de su grado militar, lanzaron bombas lacrimógenas sobre nosotras, para dispersarnos, violando las reglas internacionales de uso de esos químicos. Por momentos el lugar pareció un campo de batalla por la saturación de los gases lanzados, la desesperación, asfixia y vómitos que nos provocaron, pero gracias a la humanidad y solidaridad de personas que laboran en los negocios cercanos, pudimos lavar nuestros rostros y evitar los efectos que nos provocaron las bombas.  Alertados por los estallidos, los periodistas que cubren la fuente de la Casa Presidencial, salieron para ser testigos de lo que estaba ocurriendo, hicieron tomas de videos desde otros ángulos y también nos entrevistaron para saber nuestra versión de lo que había sucedido. Con los ojos enrojecidos e inflamados, y respirando con alguna dificultad por el efecto  de los gases, volvimos al sitio y en señal de indefensión, frente a la agresividad de los miembros de la Guardia de Honor Presidencial, decidimos sentarnos y acostarnos en el pavimento, y en esa posición leer finalmente el documento de protesta contra la impunidad de los crímenes de nuestros colegas, dando paso a las participaciones de compañeros y compañeras, en reacción a la violencia contra nosotras ejercida. Minutos después salieron el ministro de Comunicaciones, Miguel Aguilar y el encargado de Prensa de Casa Presidencial, Vladimir Baca, a “ver qué estaba pasando” argumentando que la represión a la prensa no había sido orden del Presidente de la República.
Sin embargo, en declaraciones ofrecidas horas después, Porfirio Lobo justificó las acciones de su guardia presidencial y al parecer dio crédito, a quienes le informaron que nuestra protesta había sido violenta: “Yo no me puedo comprometer. A mí me dijeron ayer que hay que aclarar y yo qué voy a aclarar? Si yo miré las tomas, miré al soldado que agarraron del cuello entonces lógicamente si aquí es la misma. Si vienen tranquilos y en paz aquí no  les va a hacer nada. Allí se pueden parar estar gritando lo que quieran allí no importa, pero que no agredan, si agreden, si agreden vamos a poner orden. Aquí y en cualquier parte que podamos en Honduras, o sea, es natural.
Entonces yo no voy a cuestionar la guardia de honor porque mantenga el orden en lo que tiene que   mantenerlo. Aquí somos demasiados permisivos, más bien, en otros lugares no dejan ni que a dos cuadras se acerque nadie a la casa de gobierno o más distancia es natural… Así que lo siento mucho, lo lamento por los amigos periodistas pero aquí en Honduras nadie tiene inmunidad el que venga aquí en paz, en paz lo vamos a recibir el que venga violento, pues tenemos que controlarlos, porque los violentos hay que controlarlos,  pero siempre con el respeto que se pueda”.  
En igual sentido se pronunció el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General René Osorio Canales, quien al ser consultado por la prensa sobre posibles sanciones a militares y policías de la Guardia de Honor Presidencial que reprimieron a las periodistas, manifestó: “Ya el Jefe de Estado Mayor presidencial tomó las cartas en el asunto, yo estuve viendo los videos donde fue agredido un elemento de la guardia nacional, ahí están las pruebas más bien él fue muy benevolente en ese sentido  y al ver esta situación pues entiendo que tuvieron que lanzar algunas bombas lacrimógenas, pero ellos están tomando cartas en el asunto para ver los responsables de esta situación y si hay culpables proceder con todo el peso de la ley”.
De las reacciones y acusaciones de los altos funcionarios civiles y militares citados, frente a los hechos sucedidos en los alrededores de la Casa Presidencial, podemos deducir que la respuesta violenta de la Guardia de Honor Presidencial a nuestra presencia demandante, no fue espontánea sino que obedece a una línea de acción ya definida por las más altas autoridades civiles y militares del país, razón por la que nos sentimos en estado de indefensión, y queremos dejar constancia en nuestra denuncia, que desde el inicio hasta el final de nuestra protesta de ese día, evidenciamos que contrario a los toletes, cascos, gases y escudos, que nos confrontaron, nuestras armas fueron las palabras, los carteles, las consignas y nuestras gargantas, para exigir no más asesinatos, no más impunidad y el fin a la censura de la libertad de expresión, de la prensa y la ciudadanía.
VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES
Los hechos antes descritos implicaron la violación de varios de nuestros derechos fundamentales, contenidos en Tratados Internacionales Honduras es signataria, la Constitución de la República y otras leyes, cuyo ejercicio el Estado está obligado a proteger.  
Se nos violentaron los derechos a la inviolabilidad de nuestra dignidad de seres humanos y la libre circulación, tutelados por los artículos 59 y 81 constitucionales, al presumirnos violentas y colocar barreras metálicas, para impedir nuestra libre circulación, garantizada por el artículo 81 de la Carta Magna. Se nos violentaron además nuestras libertades de asociación y reunión pacíficas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial, contenidas en los artículos 78 y 79 constitucionales, y los artículos 15 y 16 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
De igual manera se nos sometió a discriminación por motivos políticos, por identificarnos como periodistas independientes y críticas del régimen, violentando la protección asegurada por el artículo 60 constitucional. Y nuestros derechos a la seguridad individual y a la libertad, a la integridad física, psíquica y moral, y a no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, garantizados por los artículos 61 y 68 constitucionales,  y el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,  fueron cercenados por el uso desmedido de la fuerza, aplicado por la Guardia de Honor Presidencial en contra nuestra.
Y de manera muy particular, queremos resaltar la violación de un derecho fundamental para la vida en democracia, como el de la libre la emisión del pensamiento, sin previa censura, garantizados por el artículo 72 constitucional, el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
PRUEBAS EN QUE SE APOYA LA PRESENTE DENUNCIA
Pedimos asimismo admitir los videos, fotografías y copias fotostáticas como apoyo a la presente denuncia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Fundamentamos esta denuncia en los artículos 59, 60, 61, 68, 72, 78, 79, 81, 277 y 278 de la Constitución de la Republica; 209 A,  334 numerales 2 y 6, 349 numeral 2 del Código Penal; 2, 19, 21, 22, 24, 39, 154, 156 y 166 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas; 13, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 13, 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
PETICION
A la señora Fiscal PEDIMOS: Admitir la presente denuncia junto con los documentos y videos que se acompañan; practicar las investigaciones que correspondan y con el resultado de las mismas, presentar requerimientos fiscales contra quienes resulten responsables de las violaciones a los derechos humanos que aquí se relatan, y en lo demás proceder de conformidad con la ley        
Tegucigalpa 21 de diciembre del 2011.

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