El proceso de selección inició con 26 postulantes, de los cuales sólo 6 eran mujeres, número que se redujo a 2 al llegar a la ronda final de este proceso, que se trata de comparecencias públicas antes los siete integrantes de la Junta Proponente encabezada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando.
La abogada originaria de Tela, Atlántida, Reyna Teresa Valerio Harry de 49 años, a quienes muchos daban por fuera tras recibir 6 denuncias en su contra, logró mantenerse en el proceso, tras desvirtuar cada una de las tachas ante los proponentes, posicionándose como una de las mujeres que puede llegar a ser fiscal general.
A Reyna Valero, quien desde 1998 trabaja en la fiscalía de San Pedro Sula, desempeñándose en varios cargos y actualmente como coordinadora regional, la denunciaron por supuestamente aprovecharse de los puestos en los que ha laborado en la fiscalía para cambiar información en resultados de algunas investigaciones para favorecer a terceros.
En tanto, la profesional del derecho Jenny Gabriela Almendares Flores, de 52 años, originaria de Francisco Morazán, que desde 1999 hasta el 2015 se desempeñó como fiscal titular en la capital, fue una de las postulantes menos denunciadas, posicionándose, así como una de las favoritas, pese a no contar con un padrino político.
Este jueves 27 de julio (día que termina la última fase del proceso que hace la Junta Proponente) ambas comparecieron ante los integrantes de la Junta Proponente, bajo el objetivo que, en palabras sencillas, la sociedad hondureña entendiera cuál es el plan de trabajo y qué objetivos esperan conseguir en la fiscalía, hipotéticamente lleguen a la titularidad.
Por ejemplo, Jenny Gabriela Almendares sostuvo que las primeras acciones que ejecutaría siendo fiscal general del Ministerio Público sería fortalecer la institucionalidad, haciendo uso de la tecnología y capacitando a los fiscales en todo el país, que vienen siendo más de 1, 500.
Además, aseguró que buscará o creará los escenarios para que el Ministerio Público tenga iniciativa de ley, bajo la finalidad proponer reformas que limitan sus capacidades para investigar casos de corrupción que vinculen la clase política y económica.
“En el caso de ser la primera mujer fiscal general lucharé porque el Ministerio Público tenga iniciativa de ley (…) eso me parece fundamental para que todos aquellos decretos que han generado pactos de impunidad, que dificultan la persecución penal se eliminen”, prometió.
El pacto de impunidad al que hace referencia Almendares es al decreto 116-2019, que blinda a diputados y exdiputados que se han dedicado a malversar fondos públicos a ser investigados por el Ministerio Público.
De igual forma, otro de los objetivos de Almendares es dar respuesta a las denuncias para de esa manera romper con la impunidad que ha venido campeando en la sociedad y, de acuerdo con su plan, lo hará a través del sistema de estadística del Ministerio Público que actualmente está obsoleto.
“Consideremos que la estadística tiene que brindarse desde la respuesta a la denuncia. En los últimos cinco años la respuesta judicial ha sido de 1.98% tomando en consideración que (la investigación) le toma al Estado un costo de 7.5 millones de lempiras”, analizó.
En tanto, las promesas de Valerio Harry no fueron muy distintas a las de Almendares, mucho menos a las los otros 11 aspirantes que continúan en el proceso, pero reconoció que, aun trabajando en el ente investigativo, hay que fortalecerlo porque se encuentra en precariedad.
“Como parte del trabajo que podemos hacer como líderes de la institución, es trabajar primero en lo interno de la institución para que podamos hacer un diagnóstico en cada área del Ministerio Público, tomar decisiones y obtener soluciones orientadas en resolver la problemática interna”, precisó.
Si bien es cierto, el reglamento que rige esta instancia establece que la nómina final debe ser integrada por dos mujeres y tres hombres, los integrantes de la Junta Proponente sostienen que serán enviados los mejores calificados y, si Valerio y Almendares, no figuran en esa lista serán inhabilitadas en cumplimiento a la normativa.
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ASÍ FUERON SALIENDO LAS MUJERES DEL PROCESO
Durante la fase de subsanación de información, los proponentes enviaron a 20 abogados, de los 26 postulantes, a corregir sus carpetas porque presentaron información falsa, errónea e incompleta. Pero sólo 18 lograron completar lo requerido.
La primera mujer en ser inhabilitada fue abogada Karen Alicia Motiño, afín al Partido Nacional, y Arnaldo Alvarado García fueron los aspirantes que fueron separados en esa fase tras no poder subsanar la información requerida a tiempo ante la Junta Proponente. Para hacerlo tuvieron 48 horas (desde el 1 al 3 de julio).
Después, los proponentes determinaron inhabilitar a la abogada y exdiputada del Partido Liberal, Sobeyda Judith Andino Álvarez, tras encontrar que no cumplía con la experiencia en materia penal que se requiere para ser fiscal general o fiscal adjunto y tampoco contó con el certificado de estar inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
Entre tanto, argumentando estar atravesando problemas personales, la profesional del derecho y actual titular de la Secretaría de Trabajo, Lesly Sarahí Cerna renunció a su postulación. Sin embargo, de acuerdo con el reglamento, igual tenía que ser inhabilitada por ostentar un alto cargo en una institución del Estado.
Luego de los resultados de las pruebas toxicológicas y proceso de tachas y denuncias quedó fuera la abogada Rita Ondina Núñez y Olga Yaneth Flores, junto a otros tres abogados que no lograron cumplir con los requisitos.
Tras terminar el proceso de entrevistas públicas, los proponentes evaluarán a los abogados que pasaron los filtros anteriores, a quienes calificarán de 1 a 100 puntos, seleccionarán a los cinco que obtuvieron la mejor nota y posteriormente enviarán esa nómina al Congreso Nacional presidido por el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo.
El Congreso, en esa etapa crucial, tiene dos opciones. La primera es reivindicarse con la sociedad escogiendo a los abogados por los méritos obtenidos en los filtros que hizo la Junta Proponente y, la segunda, colocar a las personas que respondan a los intereses corruptos de la clase política y económica, siguiendo la misma hegemonía que mantiene la fiscalía en la actualidad.
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