“Pareciera que hay una narrativa oculta detrás de eso”, afirma vicecanciller Gerardo Torres Redacción, TEGUCIGALPA, HONDURAS.El gobierno de la presidenta Xiomara Castro está comprometido a
acompañar en su denuncia a la directora del Consejo Nacional
Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, para determinar con precisión quién está detrás de las supuestas amenazas en su contra. “El compromiso de este gobierno es acompañarla en su denuncia, ver cuáles son las fuentes de eso, cuál es el nivel de peligrosidad que tiene y ojalá que ella pueda regresar a seguir su trabajo”, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Gerardo Torres.
“Es preocupante que alguien que se dedica al tema de anticorrupción diga que es amenazada a muerte, hay que darle la seriedad del caso y ver de dónde realmente vinieron esas amenazas; este gobierno está comprometido con apoyar ese tipo de planteamientos de la señora Castellanos como de cualquier otro ciudadano que sienta vulnerada su seguridad”, manifestó.
El funcionario reiteró que es sorprendente que en 141 líneas de investigación del CNA no hubo ninguna acusación en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, como cabeza del cartel y de la dictadura.
“Gabriela Castellanos estuvo nueve años al frente del CNA, 141 líneas de investigación y una vez mencionó a JOH, lo menciona, y en menos de dos semanas después es amenazada; debe de ser preocupante y debe de tener la seriedad de investigación y no caer en campañas, en narrativas”, señaló Torres.
“Dijimos eso y prácticamente 72 horas después sacaron la primera
denuncia directa contra Juan Orlando Hernández y en menos de un mes
después hay acusaciones, amenazas en contra de Gabriela Castellanos,
hay que ver la línea de tiempo desde ahí, no dejarse llevar por narrativas
o por campañas”, expresó Torres.
Las declaraciones de la directora del CNA, relativas a que fue amenazada y que por esa razón salió del país, “deben llamar a la preocupación como a cualquier ciudadano que sienta una amenaza”.
“De parte del gobierno, como defensor del tema de derechos humanos,
es nuestra obligación hacer una investigación al respecto”, puntualizó
el vicecanciller.
“Pareciera que hay una narrativa oculta detrás de eso” sin que ello implique que el gobierno demerite la denuncia de
Castellanos, concluyó.
https://confidencialhn.com/blog/2023/06/20/gobierno-investigara-procedencia-de-la-denuncia-de-amenazas-contra-la-directora-del-cna/
Amnistía Internacional insta a la OEA a abordar la represión en el continente en su próxima Asamblea General
Redacción, Washington – Amnistía Internacional (AI) instó a la Organización de
Estados Americanos (OEA) a abordar la creciente represión en el
continente americano durante la próxima Asamblea General del organismo,
que se celebrará entre el miércoles y el viernes de esta semana.
Amnistía Internacional publicó el lunes una carta abierta que está dirigida a todos los cancilleres y líderes políticos que se darán cita durante la Asamblea General, que tendrá lugar en la sede de la organización en Washington.
En esa carta abierta, Amnistía Internacional pide a la OEA y a su secretario general, Luis Almagro, que presten atención al «cierre» del espacio cívico en la región con un número creciente de ciudadanos que enfrentan represión cuando expresan sus opiniones.
En un comunicado, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, consideró que «la región no puede seguir por el camino de la represión de las protestas, la militarización de las fronteras y la seguridad ciudadana, la destrucción del medio ambiente y la desprotección de comunidades históricamente marginalizadas, como los Pueblos Indígenas, y las personas defensoras de derechos humanos».
«Las y los jefes del Estado de las Américas tienen que cambiar el rumbo y buscar soluciones para crear un continente más libre y seguro, con pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas», subrayó.
Entre las preocupaciones de Amnistía Internacional sobresale el uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas sociales, especialmente en Perú.
Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de la presidenta peruana, Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Según diversas fuentes, las protestas dejaron un saldo de 77 personas fallecidas y más de 1.000 heridas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de «ejecuciones extrajudiciales» en Perú.
Con información de EFE.
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