OACNUDH hace un llamado para que las y los diputados realicen una valoración de las personas candidatas bajo los principios de legalidad, igualdad y no discriminación, equidad de género, publicidad, transparencia y rendición de cuentas, objetividad, ética, responsabilidad y debida diligencia, previstos en la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La oficina del comisionado de derechos humanos del ONU señala que la elaboración y aprobación del nuevo marco legal aprobado en julio 2022, trajo consigo importantes novedades como la integración de criterios de selección objetivos establecidos por los estándares internacionales de derechos humanos y la incorporación de mecanismos de transparencia y participación de sectores representativos de la sociedad.
Agrega que, desde el mes de septiembre de 2022, la Junta Nominadora abrió el camino en la implementación del proceso de selección bajo la nueva Ley.
OACNUDH saluda los esfuerzos de la Junta Nominadora por fomentar un proceso abierto al escrutinio de los diferentes sectores sociales y felicita a la sociedad civil y ciudadanía en general por su permanente veeduría y participación en el proceso.
La OACNUDH considera que este proceso manejado por la Junta Nominadora ha dejado importantes lecciones aprendidas para seguir mejorando y fortaleciendo los procesos de selección de magistrado/as de la más Alta Corte del país.
Después de la entrega de la nómina al Congreso, OACNUDH exhorta a las y los diputados a continuar con el mismo compromiso y elegir a las personas más capaces, idóneas e íntegras, con base en criterios objetivos y transparentes. De esta manera se logrará contribuir con el impulso de cambio hacia el fortalecimiento de la independencia judicial como base del Estado de Derecho.
Isabel Albaladejo, representante de la Oacnudh para Honduras También deben garantizar que no votarán los miembros de las bancadas que tengan conflicto de interés en esta elección, particularmente aquellos diputado/as que tengan procesos penales pendientes bajo el procedimiento especial de enjuiciamiento para altos funcionarios del Estado, según lo establecido por el artículo 50, numeral 1 de la Ley Organiza del Poder Legislativo.
Piden además cumplir el artículo 311 constitucional, renunciando al voto secreto, haciéndolo de manera nominal, pública, razonada, expresa y con consignación de nombres, fomentando la confianza y credibilidad del proceso.
“El Poder Judicial se encuentra en la obligación estatal de
garantizar el acceso efectivo a la justicia. Por ello, la independencia e
imparcialidad de quienes ejercen la más alta magistratura de un país,
se torna requisito para que un Estado pueda reconocerse como un Estado
de Derecho que tutela efectivamente los derechos de toda su población,
en particular de las poblaciones históricamente discriminadas.”,
puntualizó Isabel Albaladejo.
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