Al grupo de 28 personas se les acusó de la quema de la Alcaldía de Las Vegas, Santa Bárbara, todos ellos opositores del régimen de Juan Orlando Hernández, y defensores de derechos humanos.
Este hecho que ocurrido el 19 de junio de 2018, llevó a la cárcel de máxima tortura “El Pozo”, en el municipio de Ilama, a 10 personas, que fueron liberadas el 26 de noviembre del mismo año.A pesar de que se les aplicó la amnistía contemplada en la Ley para la Reconstrucción del estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 35,840 del 4 de febrero de 2022, para lograr la extinción de la pena. Se les extendió carta de libertad definitiva y ellos denuncian que el viacrucis de criminalización no ha terminado.
“Nosotros venimos aquí buscando ayuda para poder seguir el trámite de que nos exonera en de todo tipo de la computadora, ya que no se nos han limpiado los antecedentes y tenemos problemas con las autoridades, no solo por el municipio de Las Vegas, si no a nivel nacional”, señaló uno de los afectados.
Añadió que en lo personal siempre va por mercadería a San Pedro (Sula) y en Villanueva ha tenido dos o tres problemas en los cuales le han detenido hasta 5 o 10 horas, porque no hacen valer la carta de libertad que les presenta y como aparece en el sistema.
Faustino Enamorado, quien fue víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, durante el tiempo que permaneció criminalizado dentro de la cárcel de máxima seguridad (máxima tortura) El Pozo señaló que “venimos aquí juntamente con el alcalde municipal porque también fuimos hace dos días a visitarlo en su oficina y él con buena manera nos atendió y aceptó acompañarnos a la visita al COFADEH.
Señaló que quienes dicen que la amnistía es un pacto de impunidad son las mismas personas que han andado jugando chueco.
“Nosotros somos personas, hombres y mujeres, de bien, somos personas de trabajo, honradas en nuestros municipios y solo por defender la lucha en aquel entonces del golpe de estado, hubo gente que cayó presa injustamente por protesta contra el golpe de estado y la crisis post electoral de 2017 fue igual”.
Señaló también que aparte de la visita al Cofadeh, parte de su agenda es visitar el Congreso Nacional para tratar de solventar los problemas de empleo y marginamiento que tienen por estar criminalizados.
Faustino expresó que uno de los puntos a tratar en el Legislativo será la situación de empleo para nuestra familia y para nosotros mismos, ya que algunos compañeros están sin empleo.
Agregó que lo único que solicitan es oportunidad de empleo para ellos, para que la gente no tenga que emigrar, que no salgan del país y que haya oportunidad de empleo para que la gente no emigre; es oportuna mencionar a los mártires, a las familias de los mártires y los presos políticos, que tengan una oportunidad en el gobierno de Xiomara Castro.
Por su parte el alcalde de Las Vegas, Santa Bárbara, Víctor Hugo Tejada, quien acompañaba a la delegación, señaló que “estos ciudadanos fueron judicializados durante las protestas del año 2018 en adelante, acusados injustamente por supuestamente incendiar la municipalidad y bueno fueron acusados de varios delitos y alguno de ellos, 9 de ellos, estuvieron en recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Ilama conocida como El Pozo”.
Otros compañeros, otros ciudadanos anduvieron huyendo y otros se han visto obligados a someterse a los procesos, para no andar escondiéndose de la justicia hondureña. A los ciudadanos se les ha otorgado una carta de libertad, misma que no les ha valido en algunos retenes policiales, porque siguen siendo acusados, siguen siendo vistos como delincuentes, siguen siendo vistos como personas de mal, cuándo fueron injustamente acusado, añadió.
El alcalde señaló que la visita a la ciudad de Tegucigalpa es para ver si se encuentran una salida a todo este trauma que han estado pasando y se respete la aplicación del decreto de amnistía, donde se les otorgó su carta de libertad definitiva y también poder ver de qué manera solventar de una vez este proceso al que fueron sometidos, pero que se concrete con la libertad total de ellos y se les respete.
En total fueron 31 personas requeridas judicialmente por la quema de la Alcaldía, en el marco de protestas contra la imposición de Hernández en el poder, tras el fraude electoral del 26 de noviembre de 2017. De este grupo, una persona fue sobreseída, otra concilió y un tercero imputado, no es de esta jurisdicción.
https://www.defensoresenlinea.com/criminalizados-de-santa-barbara-buscan-asesoria-de-cofadeh-para-terminar-con-su-viacrucis-de-criminalizacion/
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