Los cuatro son miembros de la Ofraneh y del Comité de Defensa de las Tierras Triunfeñas. Junior Juárez, la otra persona secuestrada y desaparecida, es un allegado de la comunidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió a Honduras adoptar todas las medidas necesarias para determinar el paradero de los jóvenes y presentar un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución. También instó a proteger los derechos a la vida e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
Por su lado, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas exigió a las autoridades hondureñas "establecer una estrategia integral que incluya un plan de acción para la búsqueda exhaustiva e inmediata y para la investigación imparcial de las desapariciones forzosas".
El 27 de noviembre, 57 europarlamentarios enviaron una carta al presidente Hernández y a otras autoridades hondureñas, exigiendo la inmediata aparición con vida de los jóvenes garífunas desaparecidos y el fin de la violencia sistemática e intencional contra el pueblo garífuna.
También pidió el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, que en 2015 ordenó al Estado de Honduras devolver a las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra los territorios sustraídos ilegalmente.
Los resultados son prácticamente inexistentes.
"Vivimos
en un país donde hablar de derechos humanos y defender nuestros
territorios significa ponerse una soga al cuello. Sneider (Centeno)
estaba siendo perseguido y amenazado de muerte. Fue hasta Tegucigalpa a
denunciar estos hechos, pero nadie le hizo caso.
Ahora está
desaparecido junto a otros compañeros. Nosotros queremos justicia,
queremos que nos devuelvan a los muchachos, que se castiguen a los
responsables materiales e intelectuales de todas las violaciones,
asesinatos y desapariciones.
Basta ya de secuestros, de persecución, de asesinatos por el lucro personal de unos cuantos y el saqueo de la naturaleza", dijo Pablo ‘Pitio’ Centeno, padre de Sneider Centeno.
De
acuerdo con las organizaciones que en octubre pasado, en el marco del
Examen Periódico Universal (EPU) al que el Estado de Honduras fue
sometido, presentaron un informe alternativo ante el Consejo de Derechos
Humanos (CDH) de Naciones Unidas, al menos 140 personas
defensoras de la tierra y los bienes comunes fueron asesinadas entre
2010 y 2019. También se documentaron 2.137 ataques entre 2016 y 2017.
Asimismo,
son 6.265 las mujeres asesinadas entre 2001 y 2018, más de 360 las
personas LGBTI que perdieron la vida de forma violenta en la última
década, y 86 los periodistas y comunicadores asesinados desde 2001. La
impunidad supera el 90% de todos estos casos.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh)
registró al menos 16 casos de desaparición forzada durante el período
de suspensión de garantías constitucionales por la pandemia de Covid-19.
"Reitero
lo que siempre he dicho: hay un plan genocida en contra del pueblo
garífuna. Se trata de un plan sistemático de represión que se ha venido
implementando en los últimos años desde el Estado, con el objetivo de
expulsarnos de nuestros territorios y beneficiar a las mafias que
controlan y gobiernan Honduras.
Quieren desaparecer a los pueblos
para seguir adueñándose de territorios y saqueando bienes comunes. El
resultado es que miles de familias siguen yéndose del país. Y es lo que
quieren estas mafias: que la gente se vaya y que deje sus territorios en
manos de grupos criminales y explotadores extranjeros", dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh.
La
lideresa garífuna recordó que Honduras sigue siendo uno de los países
más peligrosos al mundo para quienes defienden la tierra y los bienes
comunes.
"Para llevar a cabo este plan sistemático de represión y
expulsión, estas mafias (económicas y políticas) necesitan de un
sistema judicial colapsado y coludido. Esto explica la total impunidad
de tantos crímenes y el silencio sobre el paradero de nuestros
compañeros.
La Ofraneh sigue siendo criminalizada, perseguida y
judicializada porque defendemos los derechos humanos y la vida del
pueblo garífuna. Han pasado cinco años de la sentencia de la Corte IDH y
no hicieron nada.
Necesitamos
transformar este país. Necesitamos construir un país diferente, con
futuro para la juventud, donde la gente pueda quedarse a vivir
dignamente, y no bajo el yugo de una clase política asesina y saqueadora
de las arcas del estado", agregó Miranda.
Para el doctor Juan Almendares Bonilla no hay que olvidarse un elemento fundamental que caracteriza este contexto de persecución, que es el racismo.
"Aquí
en Honduras, estos gobiernos, estas transnacionales, estos
imperialismos son racistas. El poder político y económico es racista,
excluyente y discriminatorio contra los pueblos originarios", concluyó.
https://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2020/12/honduras-aparicion-con-vida-verdad-y.html
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