Como estaba previsto el jueves por la mañana, el Estado presentó su verborragia justificativa a través de funcionarios de la dictadura bien vestidos, con mensajes pregrabados desde el Congreso, el ministerio público, la corte y el ejecutivo… hasta la señora de Vida Mejor apareció ahí en el salón del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
(Vemos en este momento una lancha rústica que atraviesa la colonia Planeta para rescatar personas atrapadas en la gigantesca piscina en que se ha convertido el valle de sula. La gente reclama el buque israelita de 60 millones de dólares), mientras el embajador Juan Pablo Alvarado en traje formal da la palabra a sus colegas burócratas desde Ginebra, aprovechando para extender la mano otra vez por el huracán.
“Señor vicepresidente, permítame darle la palabra a la vicepresidenta María Antonia Rivera en Tegucigalpa”. La señora, hace la lista larga: 5 relatores de Naciones Unidas nos visitaron en estos 5 años transcurridos y dos más vinieron durante la pandemia, el relator de defensores y el de pueblos indígenas. Nos visitó la CIDH y dimos la bienvenida a la oficina del Alto Comisionado de derechos humanos en 2017. Hemos escrito 26 informes temáticos, 6 informes sobre tratados, creamos la nueva fiscalía que se ocupa de periodistas y defensores, hemos armonizado las leyes, etcétera, etcétera, pero sólo pudimos responder al 89 por ciento de las 150 recomendaciones de 2015.
(En este momento todo el mundo asocia a ETA con el Mitch, con la diferencia que hoy el agua sobrepasó 4 metros el nivel de 1998, porque el Estado no previno nada… siguió con las industrias extractivas, los monocultivos, la tala y está en la memoria el robo de la ayuda internacional, el desorden que se produjo con los ministros de Flores Facussé y ahora esta mezcla peligrosa entre pandemia y catástrofe natural).
Es Brasil, Bulgaria y la India los países que forman la troika evaluadora de Honduras en materia de derechos humanos. Ellos presentarán el reporte de nuevas recomendaciones el próximo lunes 9 de noviembre para su aprobación el martes 10 a las 4h30 de la tarde.
Fueron muchos países que tomaron la palabra después de la lista de acciones burocráticas reseñadas por Rolando Argueta del bufete Hernández Alvarado, la ministra Karla Cuevas, el diputado Marcos Velásquez, la ministra sin ministerio de la Mujer, Anaminta Madrid, la señora segunda de seguridad, Alejandra Hernández, el señor Carlos Madero que coordina los ministros, la subdirectora de fiscales, Loanny Alvarado y Zoila Cruz, que coordina los activistas del Partido Nacional desde el ministerio de la bolsa solidaria.
Cada uno de estos burócratas y sus reportes merecen un editorial aparte, de forma y de fondo: desde el costo de sus vestidos, joyas y maquillajes de ocasión, las corbatas y trajes de gala masculina, hasta el tono, los mikis histriónicos y el contenido de los mensajes por supuesto sobre un tema sensible, vital: los derechos humanos.
Por ejemplo, Rolando Argueta dijo que el poder judicial es maravilloso, independiente y bien capacitado, y que durante la pandemia han sido liberados 2650 prisioneros, pero Karla Cuevas precisó que son 1263 solamente. Y para citar otro ejemplo triste: la señora Alejandra Hernández, la vice de seguridad, informó que 28 188 policías han sido capacitados sobre el uso de la fuerza y que sólo existen 14 expedientes sobre alegaciones de brutalidad policial.
Realmente, es un acto de valentía ver y escuchar a funcionarios de la dictadura hondureña informando sobre puras actividades formalitas, que deberían estar sometidas a la severa evaluación pública si tuviéramos un Observatorio Independiente de las recomendaciones de Naciones Unidas.
Por ahora ya no tenemos mucho tiempo, pero vale la pena resumir que los Estados participantes el jueves durante el Examen Universal a Honduras agregaron nuevas recomendaciones sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, la explotación sexual y económica de niñas y niños, la agresividad contra periodistas y comunicadores, la discriminación y el racismo hacia las primeras naciones autóctonas de Honduras y la diversidad sexual.
Por supuesto, hay nuevas recomendaciones sobre la seguridad de las y los defensores de derechos humanos, contra la tortura y la desaparición forzada, que aún debe ser precisada con claridad en la legislación nacional, y recomendaciones relativas al papel de las Fuerzas Armadas como tributarias de la violencia nacional.
Francia, por ejemplo, puso el acento sobre la discriminación hacia los pueblos autóctonos y las minorías visibles, y la criminalización de la comunidad de Guapinol. Giorgia, por su parte, señaló la desigualdad que excluye a mujeres y niñas de la propiedad, de la participación política, de los derechos a la salud reproductiva, entre otros.
Alemania apuntó directo contra la impunidad en los crímenes contra indígenas y periodistas y subrayó el peso de la corrupción sobre los derechos humanos, demandando claramente la sanción de las violaciones cometidas tras las elecciones de 2017. Haití, aboga por una masculinidad positiva y el cumplimiento total de las 150 recomendaciones aceptadas en 2015. Islandia, de su lado, condena la discriminación por orientación sexual en tanto que Irán sugiere respetar a los estudiantes.
En una recomendación sorprendente, Israel fue el primer país en señalar el jueves la necesidad de precisar varias definiciones en la nueva legislación penal. Y luchar contra el tráfico sexual. Chile fue directo: Honduras debe ratificar la convención a favor de las mujeres, eliminar la discriminación por identidad de género y aclarar de una vez las desapariciones forzadas de personas, precisando este delito en el código penal conforme al estandar internacional.
Italia fue contra los abusos de la policía y las fuerzas armadas. Y demanda la protección de defensores ambientales. México, recomienda la independencia del poder judicial y permitir el acceso total a la información anticonceptiva en el país. Marruecos, igualdad de género. Paraguay, reducir la pobreza. Perú, educación intercultural bilingüe. España, fortalecer el mecanismo de protección de periodistas y mujeres, eliminar los femicidios, adhesión a la CEDAU y matrimonios del mismo sexo. Suiza, respeto a la consulta previa e informada de los pueblos autóctonos y campesinos, la píldora del día después para las mujeres. Inglaterra, protección de testigos, ratificación de las obligaciones internacionales de derechos humanos. Estados Unidos, destruir la corrupción, controlar la fusina, la independencia judicial, hacer juicio a las fuerzas militares que abusan de la fuerza bruta. Venezuela, elecciones transparentes de magistrados, sanción a los criminales postelectorales y reconocer el trabajo doméstico como verdadero trabajo. Costa Rica, castigo a los responsables financieros del crimen de Bertha Cáceres y ratificar la convención contra el racismo. Ecuador, castigo a los matones de periodistas.
Y sigue la lista de países que escucharon el informe de Honduras y que hicieron sus propias observaciones cuyos detalles estarán disponibles el próximo martes.
El presidente Trump sigue en rabieta en Washington tras su derrota y sus peones hondureños del crimen organizado abatidos por la pandemia y el huracán ETA. Nosotras, las de entonces, las ofendidas, los damnificados, las familias sin casa, las víctimas, los desaparecidos, seguiremos aquí reclamando el turno del ofendido.
¡Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 7 de noviembre 2020
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