
De
acuerdo con la información disponible, el miércoles 1º, los
comunicadores Vallecillo y Posas fueron interceptados por un vehículo
desde el que desconocidos les dispararon numerosas veces con armas de
fuego produciendo la muerte inmediata de ambos. De acuerdo a la
información disponible, las cámaras de seguridad de la zona muestran que
los sicaros los esperaban en forma deliberada en la zona Residencial El Naranjal de la ciudad de La Ceiba.
Vallecillo, de 41 años y Posas, de 27 años, trabajaban para el Canal 45 de TV de La Ceiba, departamento de Atlántida. Según señalaron medios locales, Vallecillo se dirigía a una reunión familiar porque ese día era su cumpleaños. Con posterioridad a los hechos, el Estado informó que la Fiscalía y la Dirección Policial de Investigaciones desplegaron una serie de diligencias en forma inmediata.
La oficina de la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras informó a esta oficina que la causa está siendo instruida por la Sección de Muerte de Personas Pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, con sede en San Pedro Sula. Según señalan las autoridades, se estaría siguiendo la línea de investigación determinada por la labor periodística de las víctimas. Asimismo, indicaron que se logró recabar importante información que habría
permitido la identificación de testigos y ubicación de dos presuntos
responsables del homicidio de ambos comunicadores, respecto a los cuales
se habría presentado requerimiento de la Fiscalía.
Esta Oficina ha
advertido en forma reiterada sobre la persistencia de la violencia
contra periodistas y medios de comunicación en Honduras. En 2019 al
menos seis periodistas fueron asesinados por motivos que podrían
estar vinculados con el ejercicio de la actividad periodística.
Asimismo, en el reciente "Informe sobre la situación de los derechos
humanos en Honduras" la CIDH recordó que, pese a los esfuerzos por parte
del Estado —por ejemplo, las reformas al marco legislativo e
institucional en materia de prevención, protección y procuración de
justicia— persisten altos niveles de violencia en el país, que afectan particularmente a periodistas y trabajadores de la comunicación. También se señala que la mayor parte de los casos de asesinatos o amenazas denunciados permanecen impunes.
Por
su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras,
recordó que entre 2001 y 2020 se registraron más de 80 asesinatos de
trabajadores de medios, de los cuales la mayoría continúa impune. Las
organizaciones de la sociedad civil denunciaron esta semana que una
decena de estos asesinatos de comunicadores ocurrieron en el
departamento de Altántida, una zona de particular riesgo en el interior
del país.
"Siguen sucediendo casos alarmantes de periodistas asesinados en Honduras y no observamos que cambie la tendencia de años anteriores; hacemos un llamado urgente para que el Estado refuerce la Fiscalía de los Delitos contra la Vida, que concentra este tipo de investigaciones", indicó el Relator Especial de la CIDH, Edison Lanza.
"En
paralelo, se deben adoptar medidas decididas para fortalecer el
mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos;
es imperioso que se realice una inmediata evaluación de la situación de
riesgo de regiones especialmente peligrosas para ejercer el periodismo y
se adopten las medidas de protección correspondientes", agregó el
Relator Especial.
El asesinato de periodistas constituye la forma más extrema de censura. Los Estados tienen la obligación positiva de identificar y sancionar a los autores de estos crímenes
"mediante la acción decisiva para castigar a quienes resulten
responsables. La CIDH recordó al Estado de Honduras en recientes
informes que tiene la obligación de investigar y sancionar penalmente a
todos los partícipes de delitos contra periodistas, incluidos los
autores intelectuales, colaboradores y los eventuales encubridores;
además de investigar las estructuras de ejecución de los crímenes o
estructuras criminales a las que pertenezcan los agresores.
La Relatoría reitera que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como
la destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad
de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos
hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
http://www.conexihon.hn/index.php/libertad-de-expresion/1645-relatoria-urge-a-investigar-crimen-hacia-comunicadores-en-linea-con-actividad-periodistica
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