El
abogado especialista en derechos humanos, Edy Tábora (foto en texto),
apunta que la emergencia nacional mutó a estado de sitio sin considerar
que en contextos como el actual es urgente garantizar derechos
indispensables y la libre información, y amplía que la decreto ejecutivo
que declaró el toque de queda, responde a un acto autoritario.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Para el abogado especialista en derechos humanos, Edy Tábora, el
Decreto Ejecutivo que declaró a Honduras en alerta roja ante los casos
confirmados de coronavirus en el país, “es autoritario”. Y es que
cuestiona, que aunque el procedimiento se basa en la Constitución, hoy
se requiere otro tipo de medidas que garanticen el acceso a derechos
fundamentales de la población.
Ayer,
el Gobierno hizo oficial el estado de sitio suspendiendo garantías
constitucionales a los hondureños, ordenando a las empresas cancelar las
jornadas laborales con excepción de empresas de venta y distribución de
alimentos, supermercados, farmacias, agencias bancarias y medios de
comunicación.
Sin
embargo, anoche el panorama cambió y hoy se ha restringido aún más la
libertad para circular buscando el abastecimiento de combustibles, de
hecho, algunos supermercados, farmacias y negocios de comida no abrieron
sus puertas.
Además,
según denunció el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), varios
reporteros fueron obstruidos del “privilegio” a circular con el toque de
queda para llegar a sus trabajos o para ejercer en la búsqueda de
información.
Con
todo el contexto anterior, Tábora, analiza que desde un enfoque
jurídico, basado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, “el
acceso de derecho a la salud médica debe ir a la par del derecho a la
información”.
El
especialista en libertad de expresión y derechos humanos ahonda que
Honduras cuenta con herramientas como el Código de la Salud y el Sistema
Nacional de Emergencias, que establecen el protocolo a seguir en
situaciones como la actual.
Tábora
reconoce que suspender algunos derechos como la libre asociación que
procedió a cancelar eventos culturales, deportivos y el uso de
transporte público, fue un enfoque acertado viéndose desde el punto de
vista de prevención a propagación del coronavirus.
No
obstante, discute que desde que el Gobierno empieza con restricciones a
derechos sociales, empieza a generarse una disyuntiva porque “el Estado
hondureño empieza con estas restricciones pero no garantiza la atención
médica, la alimentación y el derecho al agua”.
Medita
que cuando se montó el decreto, al poco tiempo éste “muta de una
declaración de emergencia a una suspensión de garantías
constitucionales. ¿El Estado puede suspender garantías constitucionales
en el marco de una pandemia?, sí, ahora, esta suspensión de derechos
debe ir orientada a garantizar el principio de racionalidad entre el
motivo del estado de emergencia y la restricción de derechos
fundamentales”.
Desglosa
que la Constitución secunda el procedimiento para la libre asociación,
lo que ratifica es una acción oportuna, además agrega que en cuanto a la
libertad personal y el accionar de la policía de detener a quienes no
atiendan las medidas puede tener ciertas justificaciones pero también
implica dar paso arbitrariedades.
“¿Podría
suspenderse la libre expresión en una emergencia? No, porque uno de los
derechos básicos asociados a la salud, es el derecho a la información y
la libertad de expresión que busca por supuesto a instruir y difundir
informes”, añade Tábora.
Además,
hace mención que en un contexto de pandemia “lo que una sociedad
necesita es la información. Claro, aquí el tema es que principalmente
quienes pierden ese derecho en la búsqueda de información en las calles,
son los periodistas, entonces hay que garantizar ese derecho y
proporcionar la información”.
“La
realidad del decreto, busca restringir garantías de evitar la
aglomeración o tránsito de personas; sin embargo, está evitando
garantías básicas para que la gente se informe y el Estado hondureño no
está garantizando nada; por ejemplo, está restringido el derecho a la
circulación pero no garantiza el derecho al agua o acceso a los
servicios médicos y alimentación, entonces vemos que el decreto es
autoritario”, sentencia.
En
reflexión a lo que busca el Gobierno con estas medidas, asegura que en
primer punto es tener un “discurso único” que no da espacio al contraste
porque no permite que haya más fuentes de información; por otro lado,
no se está logrando un cuestionamiento al gasto del presupuesto asignado
para la crisis; y, por último: “El Estado está garantizando el espacio
para la violación de derechos indispensables que no podrán generar
denuncia”.
“Creo
que también es muy importante ver que en el marco del estado de
excepción, van a escasear los alimentos, el agua, y esto puede generar
que estos sólo sean recursos captados por grupos privilegiados y eso va a
imponer una alarma o una denuncia pública”, concluye.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/3784-estado-da-via-libre-a-violacion-de-derechos-humanos-edy-tabora
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