17 de noviembre de 2019 / Por Alberto Lettieri, especial para NOVA.
Según informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la acción represiva impulsada por la dictadura de Jeanine Áñez, emergente del golpe de Estado contra Evo Morales, ya provocó 23 muertes.
CIDH actualiza las cifras de víctimas en #Bolivia: desde ayer son 9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la policia y fuerzas armadas. Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política. https://twitter.com/cidh/status/1195495940859281409 …
En respuesta a @CIDH
CIDH instaló Sala Situacional (SACROI) e identificó que apenas al día de hoy hubo por lo menos 22 personas heridas, 5 personas fallecidas atingidas por balas y3 periodistas agredidos en ejercicio de su profesión durante intensa represión a las protestas sociales en #Bolivia (5/6)
La responsabilidad de la dictadora no resiste ninguna clase
de cuestionamiento, ya que dicho accionar de las fuerzas armadas
bolivianas fue avalado por la “autoproclamada” con un decreto emitido el
pasado viernes, en el que desligó de responsabilidades penales a los
militares que salgan a las calles a la caza de manifestantes opositores.
Este decreto fue el paso siguiente a la expulsión y procesamiento por
“sedición” a los periodistas que pretendían reflejar los acontecimientos
que se desarrollaban en la nación hermana, pretendiendo provocar una
especie de “apagón informativo”, que no consiguió concretar.
"El personal de las fuerzas armadas que participe de
operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad
pública estará exento de responsabilidad penal, cuando en cumplimento de
las órdenes constitucionales actúen en legítima defensa y en estado de
necesidad", sanciona el srtículo 4 de un decreto publicado el viernes
por Áñez.
En lo que significa un duro revés para la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo titular, Luis Almagro,
ofició como promotor y principal defensor del golpe de Estado en
Bolivia, la ONU decidió una rápida intervención para tratar de
restablecer la paz y la institucionalidad, a través de la convocatoria a
nuevas elecciones.
El grave problema adicional que afrontan el gobierno de la
autoproclamada y la OEA es que los partidarios de Evo Morales tienen
mayoría en la Asamblea Legislativa, y han denunciado reiteradamente las
trabas impuestas por el gobierno de facto para que el cuerpo pueda
sesionar. Estas trabas incluyen la agresión física a los legisladores,
quienes además fueron “demorados” por los uniformados para bloquear la
actividad legislativa.
Bolivia está incendiada y en plena guerra civil. La
dictadura de Áñez no consigue hacer pie ni controlar el territorio. En
las últimas jornadas, los manifestantes en favor de la reinstalación de
la democracia y de las instituciones republicanas han bloqueado la
mayoría de las carreteras, tomaron el Parque de Armas de El Alto, y
amenazan con cortar el abastecimiento de gas y de energía. También está
latente el inicio de un paro general por tiempo indeterminado ya
aprobado por la principal central sindical, y los legisladores han
anticipado su intención de reunirse para definir la fecha de realización
de nuevas elecciones.
En el plano internacional, el golpe de Estado ha merecido
un repudio generalizado, a excepción de los gobiernos de Estados Unidos,
Brasil y del venezolano Juan Guaidó.
En la Argentina, donde habitan más de 2 millones de
bolivianos, la catástrofe boliviana ocupa el centro de la agenda
periodística y política. El presidente electo Alberto Fernández explicitó reiteradamente su condena, y tuvo duros conceptos hacia el gobierno de la autoproclamada, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Mauricio Macri
y la OEA. "El gobierno de facto que usurpó el poder en Bolivia, ha
liberado a las fuerzas armadas para que actúen sin tener que responder
por sus crímenes.
Crece el número de muertos. El gobierno argentino
calla. La OEA avala", posteó Alberto Fernández, al tiempo que pidió la
intervención de la ONU y de su alta comisionada en DDHH, la ex
presidenta de Chile Michelle Bachelet, quien respondió de manera inmediata:
"Mientras que las primeras muertes se produjeron como
resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las
más recientes parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado
de la fuerza por parte de personal policial o militar", afirmó Bachelet.
"Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda
salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente, de
acuerdo con las normas y estándares internacionales que rigen el uso de
la fuerza, y con un respeto pleno por los derechos humanos", concluyó la
ex presidenta chilena.
También la ONU se hizo eco de la interpelación de Alberto Fernández y envió a Bolivia al diplomático Jean Arnault,
con la misión de pacificar al país hermano. Este sábado Arnault visitó a
Áñez en La Paz. "Nos sentaremos a conversar sobre estos dos
lineamientos: la no violencia, de la pacificación y de la necesidad
urgente de un diálogo y la necesidad de construir al objetivo anhelado
de la celebración de elecciones libres, transparentes e inclusivas",
anunció.
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