De los cuales 56 son mujeres y 109 son
hombres. Siendo los municipios de Tutule, Márcala Santa Elena Cabañas y
San José los de mayor incidencia de casos denunciados.
Entre el año 2018 y 2019 se documentó el
uso y el abuso de las leyes y política diseñadas para criminalizar e
intimidar a las personas defensoras, a sus familias y a las comunidades
que representa.
Asimismo,
indican que los derechos mayormente vulnerados son a la integridad
física, derechos humanos en general (derechos de las mujeres niñez y
desplazadas por violencia), derecho a un proceso justo.
Los principales problemas que enfrenta
las y los campesinos en su zona identifican de la siguiente forma:
Criminalización, persecución y desalojos ilegales, señalan.
Manifiestan que la agresión proviene de
industrias como la minería e industriales extractivas,
agroindustria,
explotación forestal, protección de las fuentes de agua y represas.
De igual forma agregan que en especial
con la aprobación del nuevo Código Penal, que entrar en vigencia en
diciembre de 2019, se estaría clasificando a las personas defensoras
como terroristas o enemigos del estado.
Las
organizaciones vinculan las fuerzas de seguridad y en especial a la
Policía Militar del Orden Público (PMOP), como uno de las más
perpetradores de violación de derechos.
Frente a esto, las organizaciones
campesinas, defensores de la tierra y el territorio exigen al Estado
hondureño un cese a su política de criminalización a personas
defensoras, que, además contribuye a generar impunidad para quienes
perpetran violencia en su contra. Es inadmisible que la defensa de
derechos humanos sea sinónimo de estigmatización y muerte.
hondudiario/AB
URL Corta: http://bit.ly/2VjyOyk
No hay comentarios :
Publicar un comentario