Tegucigalpa.- Un grupo de
parlamentarios de Alemania enviaron una carta al Fiscal General de
Honduras Oscar Chinchilla donde le hacen varios señalamientos y
peticiones sobre la aplicación de la justicia en el caso de Guapinol en
el municipio de Tocoa Colón. Los parlamentarios manifiestan su
preocupación ante la criminalización de defensores de derechos humanos y
del medio ambiente de la comunidad de Guapinol y Sector San Pedro de
Tocoa, Colón. Señalan que se ha proseguido con el
proyecto a pesar de dictámenes de no factibilidad del Instituto de
Conservación Forestal (2014) como de la Dirección General de Evaluación y
Control Ambiental de la Secretaría de Recursos Naturales (en 2014).
La población afectada por la actividad
minera alega que se les ha negado tanto su derecho a la información
legal y ambiental como el derecho a una consulta previa según la
legislación hondureña.
Ante la negación de derechos
fundamentales, y por la contaminación ya palpable de los ríos Guapinol y
San Pedro, el 1 de agosto de 2018 se instaló el campamento de protesta
Guapinol en una vía pública para evitar la continuidad de las
operaciones de la empresa Inversiones Los Pinares y proteger los ríos.
Fue desalojado violentamente a finales de octubre del 2018 por miembros
del ejército y la policía.
Consecuentemente varios de los
defensores de derechos humanos de Guapinol y Sector San Pedro fueron
demandados por la empresa minera Inversiones Los Pinares y por el
momento ocho de ellos enfrentan un proceso jurídico por delitos de
privación injusta de la libertad e incendio agravado. Llama la atención
que incluso una persona fallecida tres años antes de los supuestos
hechos ha sido incluida en la lista de demandados.
El domingo, 1 de septiembre de 2019
se ha dictado prisión preventiva por una jueza de un tribunal de
jurisdicción nacional (Juzgado de letras de jurisdicción nacional
territorial en materia penal, Tegucigalpa) en contra de los ocho
defensores. Hay que temer que las acusaciones en contra de ellos deriven
de denuncias no suficientemente fundadas y además que la acusación ante
un tribunal especial, creado específicamente para el crimen organizado,
terrorismo y crímenes capitales, muestra un uso del derecho penal que
no corresponde a un debido proceso según estándares nacionales e
internacionales.
Por lo tanto, instan a las autoridades correspondientes a: – Garantizar a los acusados el
reconocimiento como defensores de derechos humanos tal como lo ha hecho
la Secretaría de Derechos Humanos y el Mecanismo Nacional de Protección. – Garantizar que los acusados puedan
defenderse en libertad ante un tribunal competente de jurisdicción local
por los delitos que se les atribuye y que su derecho a un debido
proceso sea respetado.
Además, piden revisar la práctica de
juzgar a defensores de derechos humanos y del medio ambiente o personas
que ejercen su legítimo derecho a la protesta social por una
jurisdicción sobre criminalidad organizada, terrorismo etc. (Juzgado de
letras de jurisdicción nacional territorial en materia penal).
Están preocupados por el vil asesinato
del también acusado defensor, Roberto Antonio Argueta el miércoles, 28
de agosto de 2019 en Tocoa, Colon y piden a las autoridades
correspondientes: – Investigar de manera inmediata, juzgar y sancionar a los autores materiales y, si corresponde, intelectuales de ese crimen.
En este contexto exigen al Estado de
Honduras acatarse a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre
Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas expresadas el 28 de
agosto del 2019 en las observaciones preliminares después de su visita a
Honduras, entre otras: – Garantizar el derecho a defender
derechos humanos como definido en la resolución 53/144 de las Naciones
Unidas (Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los
grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y
las libertades fundamentales universalmente reconocidos).
– Adoptar medidas inmediatas para
garantizar la vida e integridad y el ejercicio libre de sus derechos a
los pobladores afectados en Guapinol y Sector San Pedro por el proyecto
de Inversiones Los Pinares y sus defensores. – Garantizar el derecho a la consulta,
el acceso a la información necesaria sobre las concesiones mineras y
licencias ambientales y el acceso a la justicia para la población
afectada.
https://criterio.hn/2019/09/06/parlamentarios-alemanes-piden-a-fiscal-general-que-actue-en-el-caso-de-guapinol/ Otras informaciones en Criterio.hn
Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-El gobierno de Honduras declaró este
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