El Departamento de Justicia de EE.UU. reafirmó que hay investigaciones contra el jefe del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández, el secretario de la presidencia Ebal Díaz y la fallecida secretaria de Comunicaciones Hilda Hernández y al secretario de Seguridad Julián Pacheco por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
El asistente del fiscal federal Emil Bove confirmó a través de un escrito de que hay una investigación respecto a los nexos de estas personas con lavado de dinero procedente del envío de toneladas de cocaína a la nación del norte, por lo que se pidio información a las empresas Google, Yahoo y Apple para acceder a los correos electrónicos y determinar el grado de responsabilidad de los imputados.
Según el funcionario, en los correos de Hernández y Díaz habría información sobre la recepción de fuertes sumas de dinero, los que habrían sido lavados a fin de aparentar legitimidad, por lo que son personas de interés para la justicia norteamericana.
Cabe recordar que varios documentos en poder la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) iniciaron hace varios años una exhaustiva investigación contra estos personajes por su posible participación en el narcotráfico a gran escala y blanqueo de capitales.
De acuerdo a la información, los documentos desclasificados por parte de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que incrimina a líderes de los más sanguinarios y temibles cárteles como el de los Cachiros, Valle-Valle, el Negro Lobo, Fabio Lobo y Juan Antonio Tony Hernández -hermano del gobernante hondureño-, en el trasiego de narcóticos.
Los documentos liberados forman parte de las pruebas presentadas por la fiscalía en el caso del exdiputado nacionalista, evidencian la vinculación de las más altas figuras del Estado hondureño con la delincuencia organizada.
Tony es acusado de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos de armas conexos.
El fiscal federal de Manhattan Geoffrey S. Berman señaló que Hernández estuvo implicado en todas las instancias del tráfico de estupefacientes al movilizar toneladas de cocaína que tenían como destino el territorio estadounidense.
En la acusación se argumenta que desde mediados de 2004, varios cárteles de la droga en Honduras y otras naciones trabajaron juntas con el apoyo de algunas conocidas figuras públicas y privadas, incluidos políticos y funcionarios del actual Ejecutivo.
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