El despliegue del Ejército decretado
por el gobierno no consiguió disuadir a miles hondureños, que salieron
de nuevo este viernes a las calles para protestar contra el gobierno de
Juan Orlando Hernández.
El país centroamericano sumó tres días de manifestaciones y disturbios que han dejado al menos tres fallecidos y 20 heridos, según las agencias de noticias AFP y EFE.Dos de estas muertes, confirmadas a AFPpor la portavoz del Departamento Médico Legal del Ministerio Público, Isis Alvarado, se registraron la madrugada del jueves. La más reciente, ocurrida el viernes, fue la de Noel Corea, un joven de 17 años, que, según dijo su familia a esta agencia, fue asesinado cuando participaba en el bloqueo de una carretera.
Las protestas iniciaron hace varias semanas por médicos y profesores en respuesta a reformas estatales en sus sectores que, según afirman, conllevarían a su privatización.
Desde entonces, se les han unido empleados de otras áreas como transportistas y hasta parte de la policía, aunque estos últimos llegaron a un acuerdo con el gobierno este viernes para mejorar sus condiciones laborales.
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Pero las exigencias de los manifestantes se han ampliado y ahora incluyen la renuncia del presidente.
Esta semana, la movilización recobró fuerza. En la capital, Tegucigalpa, negocios y hasta edificios del gobierno fueron saqueados. Algunas carreteras fueron bloqueadas con barricadas y llantas en llamas.
El Ejército ha sido desplegado para controlar los disturbios. Foto AFP
Hernández, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, fue reelegido en 2017 en unos comicios que fueron duramente criticados por opositores y observadores internacionales.
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¿Privatización o ahorro?
Las protestas del viernes fueron menos violentas y muchas de ellas fueron protagonizadas por el sector educativo. Mientras tanto, el presidente recibía a un grupo de marines de Estados Unidos que llegó a la región para participar en proyectos de ayuda humanitaria.
El Ejército continúa patrullando las calles, después de que Hernández lo desplegara "para garantizar el derecho a la libertad de locomoción, protección de propiedad privada/pública y desde luego la protección de integridad de la población", según escribió el jueves en su cuenta de Twitter. Los paros de transportistas y bloqueos de carreteras habían afectado la distribución de combustible en el país.
El gobierno niega la acusación de que sus reformas vayan a acabar en la privatización de los servicios sanitarios y educativos, algo que conllevaría despidos. Por el contrario, defiende que permitirían ahorrar US$300 millones que utilizaría para invertir en educación primaria, la construcción de dos hospitales y la mejora de los servicios de atención neonatal.
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