Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Los
directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) pretenden
erigirse en vigilantes y garantes de la libertad de expresión, no
obstante ser enemigos declarados del derecho a la información, como lo
demuestra su sistemática negativa a dar información sobre las
operaciones del ente de pensiones de los comunicadores.
Los
directivos gremiales de los periodistas proponen ahora, la creación de
un observatorio de libertad de expresión, que ellos gestionarían, pese a
que han sido sancionados por el Instituto de Acceso a la Información
Pública (IAIP), con el pago de multas por violar la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.
También,
el Colegio de Periodistas busca que uno de los comisionados del IAIP
–en proceso de elección en el Congreso Nacional– sea un periodista
avalado por la directiva del CPH, como lo consignan en una carta
dirigida al diputado Mario Segura, presidente de la bancada del Partido
Liberal.
Los dirigentes del CPH, encabezados por
Dagoberto Rodríguez, que a su vez es presidente de la directiva del
Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), se reunieron con la
secretaria de Derechos Humanos, Karla Cueva, en busca de apoyo para su
proyecto de creación de un Observatorio de la Libertad de Expresión.
Rodríguez,
impulsa la creación del Observatorio en el CPH, pese a que de manera
sistemática viola la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y niega a sus colegas periodistas el acceso a información del
ente de pensiones, a los que acusa de impulsar una “campaña de
desprestigio” contra la dirigencia gremial.
El
dirigente y también jefe de Redacción del diario La Prensa en
Tegucigalpa, fue sancionado por el IAIP con una multa de 26,732.13
lempiras por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, al negarse a publicar la información financiera del IPP en el
Portal Único de Transparencia, operado por el ente encargado de vigilar
el cumplimiento de la legislación.
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Rodríguez,
se sumó así al ex presidente del CPH y de la junta directiva del IPP,
Eduin Natividad Romero, al que previamente se le impuso una multa de
8.000 lempiras, también por violar la ley de Transparencia al negarse a
cumplir con la entrega de información financiera y administrativa del
ente de pensiones.
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Tras
la reunión, el 6 de febrero, en la Secretaría de Derechos Humanos,
Dagoberto Rodríguez, dijo a reporteros que “el observatorio de Libertad
de Expresión monitoreará permanentemente el ejercicio de este derecho en
Honduras con registros diarios de amenazas, intimidaciones y atentados
que sufren los trabajadores de la comunicación en su actividad de
recoger y divulgar información”.
La Convención Americana
de los Derechos Humanos establece en su artículo 13 lo siguiente: “Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección”.
A su vez,
la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, dice que
“toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma
o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases
de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere
necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla”.
Es
decir, el derecho a la libre expresión abarca también el derecho a
recibir información, que es precisamente el talón de Aquiles de los
directivos gremiales del periodismo en Honduras, que no reconocen el
derecho de los colegas, y de la sociedad en general, a ser informados
sobre la forma en que administran el instituto de pensiones, el que, por
ley recibe una aportación del Estado.
Los
directivos del CPH han configurado su perfil, en materia de libertad de
expresión, con una serie de prácticas anti transparencia y de irrespeto
del derecho a la información, entre ellas su oposición en el año 2006 a
la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la opacidad con la que han administrado durante más de tres
décadas el instituto de pensiones y su negativa a dar información,
además de las amenazas contra periodistas que les demandan información.
La oposición del CPH a la Ley de Transparencia está recogida en publicaciones del Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
— organización que lideró el proceso de incidencia para la aprobación
de ese marco jurídico– y en ediciones impresas de periódicos de
circulación nacional.
El
irrespeto y violación del CPH de la Ley de Transparencia se recoge en
más de una veintena de resoluciones del IAIP, que en el año 2015
dictaminó que el ente de pensiones de los periodistas es sujeto obligado
de la ley de Transparencia, y que impuso sanciones a los directivos del
IPP por violar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
También,
en cuatro evaluaciones consecutivas realizadas por el IAIP, los
periodistas directivos del IPP fueron aplazados con (0%), por incumplir
la obligación de publicar en el Portal Único de Transparencia, la
información financiera y administrativa del instituto de pensiones, que
nunca ha sido auditado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Por
esa violación, a Dagoberto Rodríguez le impusieron en el 2017 una multa
de 26,732.13 lempiras.
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El
ente de pensiones de los periodistas, es el peor calificado entre casi
200 instituciones sujetas a la ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
La
política anti transparencia del Colegio de Periodistas está documentada
en ocho Recursos de Amparo, presentados por Rodríguez, como
representante legal del IPP – que tutela por ser el presidente del CPH–,
ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
contra resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública,
que les ordenó entregar información del ente a afiliados que la han
solicitado.
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El
rechazo a la transparencia de los directivos de los periodistas se
evidencia, también, con el lobby que hicieron en el año 2000, en el
gobierno de Carlos Flores, para que el Congreso Nacional les otorgara,
vía interpretación de la ley de creación del IPP, un fuero especial, al
estilo de los regímenes militares, en el que se han escudado para
impedir que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) les audite
el ente de pensiones.
El Decreto 59-2000
(inconstitucional, según opinan profesionales del derecho) literalmente
dice que “el Instituto de Previsión Social del Periodista es un
organismo de derecho público no estatal gremial, sin fines de lucro,
dedicado a la prestación de beneficios sociales de conformidad a su ley,
no le son aplicables las leyes de la República en cuanto a control,
supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y
administrativas.
Los
directivos del CPH que administran el IPP, han demostrado también su
irrespeto a la libre expresión, con las amenazas e intimidaciones que
han lanzado, incluso en asambleas del Colegio de Periodistas contra los
afiliados que, en ejercicio de su derecho a la información, han
realizado peticiones de información, y, también, contra periodistas de Criterio.hn
por publicar reportajes sobre las negativas de información, y, en
general, la falta de rendición de cuentas en el instituto de pensiones.
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Rodríguez
ha amenazado con demandar a su colega Gustavo Palencia, que desde 2015
solicita información con poco éxito del IPP, y al periódico digital Criterio.hn por ejercer el derecho a obtener información del ente de pensiones y a publicarla.
ENEMIGOS DE LA TRANSPARENCIA
El
directivo, en una asamblea del Colegio de Periodistas el 26 de enero de
2019, en la que fue reelecto por unas 150 personas, de los más de 1.600
afiliados, atacó a Palencia y a otras dos periodistas jubiladas
acusándolos de impulsar “una campaña de desprestigio” contra el IPP y
sus dirigentes, por recurrir al IAIP a solicitar información, a los
tribunales y al Ministerio Público en demanda de justicia.
Rodríguez
en la asamblea olvidó decir que viola el derecho de sus colegas a
recibir información y a divulgarla, al negarse a entregar informaciones
sobre las operaciones financieras del IPP y rechazar publicarla en el
Portal Único de Transparencia. Además, que fue sancionado con el pago de
una multa.
Rodríguez
y Romero García, se han constituido en una suerte de luchadores contra
la transparencia en el IPP, junto al ex presidente del CPH y el IPP,
Juan Ramón Mairena, incluso conspirando contra las finanzas del ente al
haber desistido desde 2014 a requerir casi 5 millones de lempiras de
transferencias estatales, en su afán de no ser sujetos de la ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y evitar ser auditados
por la CNBS.
“Son
cara dura estos directivos, después de presentar ocho Recursos de
Amparo ante la Corte Suprema de Justicia para evitar entregar
información ordenada por el IAIP y ser multados por violar la ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ahora pretenden ser
observadores de la libertad de expresión”, dijo Palencia a Criterio.hn.
Los
directivos del IPP, se han gastado más de 400.000 lempiras en pagar
abogados y consultores jurídicos, para tratar de eludir el cumplimiento
de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en un
sistema en el que han administrado libremente, y sin ser auditados, más
de 380 millones de lempiras.
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En anteriores publicaciones de Criterio.hn se
ha documentado que en la gestión del instituto de pensiones de los
periodistas, ha habido derroche y despilfarro en gastos administrativos,
casi en su totalidad en salarios y beneficios a los ejecutivos y
empleados, mientras los jubilados reciben pensiones de hambre.
También lea: Desangran recursos del Instituto de Pensiones de periodistas
No
son nuevos los ataques intimidatorios por parte de los directivos del
IPP, contra periodistas que acuden a las instancias legales y públicas
para solicitar información sobre la administración del ente de
pensiones.
AMENAZAS
Eduin
Natividad Romero, en una asamblea gremial, el 29 de enero de 2017, al
rendir un informe sobre sus dos años en la presidencia de la
organización, reveló que investigó en los expedientes de los cuerpos de
investigación del Estado, a los periodistas que “hacen daño” a la
organización gremial y a su ente de pensiones.
Lea aquí: Directivo de periodistas amenaza con “limpieza” en el gremio usando expedientes de cuerpos de investigación
“Hemos,
y yo personalmente lo he hecho, verificado todos los expedientes, se
los digo de manera transparente, de colegas que hacen daño a la
institución. Y no sólo expedientes en el Colegio, expedientes de
instituciones fuera, con instituciones del Estado, los organismos de
investigación del Estado”, dijo Romero en la asamblea.
Luego
agregó: “Yo lo hice como un reto personal, porque me parecía injusto el
ataque que se estaba haciendo de manera abusiva e incorrecta”. Romero
abogó por una limpieza de la membresía de periodistas afiliados al CPH,
pero sin precisar de qué tipo.
“Aquí
tienen que pasar procesos para cuidar la institución. Si está limpiando
la policía, se le exige a la policía que limpie, pues vamos a exigir,
aquí dentro, que se limpie también. Es oportuno, y es urgente, el país
se está limpiando y nosotros también necesitamos limpiezas”, dijo Romero
García en tono amenazante.
El
directivo, que también es funcionario de gobierno, con esta amenaza
estaba aludiendo a Palencia y a otros afiliados, lo mismo que a los
periodistas de Criterio.hn,
que han solicitado al IPP información, y, al no dárselas, presentado
recursos de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información
Pública.
En
la directiva del CPH que preside Dagoberto Rodríguez, fue reelecto
también Eduin Romero como presidente del Tribunal de Honor, lo que le
permite continuar por un cuarto período en la junta directiva del
Instituto de Pensiones.
Romero
García se encuentra en condición de desobediencia, porque no entregó,
en tiempo y forma, la información que le fue solicitada en el año 2015
cuando presidía el IPP.
https://criterio.hn/2019/02/12/directivos-de-periodistas-que-ocultan-informacion-quieren-ser-vigilantes-de-la-libertad-de-expresion/
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