https://youtu.be/QCqG4U7gRe8
Por: Redacción CRITERIO
Junio 6,2028 / redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- El
Consejo Nacional Anticorrupción CNA presentó ante el Minsiterio Público
una denuncia en contra de los magistrados que firmaron la sentencia
que declara constitucional el Decreto Legislativo núm. 23-2016, dijo su
titular Gabriela Castellanos.
Se determinó formalizar su denuncia por los supuestos delitos de abuso de autoridad y prevaricato ante el órgano persecutor del delito; teniendo en cuenta que, después de haber analizado las incongruencias y falacias que contiene los considerandos del fallo emitido el 29 de mayo del presente año, señaló Castellanos.
Se determinó formalizar su denuncia por los supuestos delitos de abuso de autoridad y prevaricato ante el órgano persecutor del delito; teniendo en cuenta que, después de haber analizado las incongruencias y falacias que contiene los considerandos del fallo emitido el 29 de mayo del presente año, señaló Castellanos.
Comunicado
El
Consejo Nacional Anticorrupción CNA presenta una denuncia en contra de
los magistrados que firmaron la aberrante sentencia que declara
constitucional el Decreto Legislativo núm. 23-2016
Tegucigalpa.-
Este día, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se personó a la
Secretaría General del Ministerio Público, con el fin de promover una
denuncia en contra de 5 magistrados que dictaron sentencia en el
expediente SCO-0189-2018 RI, respecto al recurso de inconstitucionalidad
presentado por el representante procesal de 3 imputados en el caso
denominado «red de diputados».
De
acuerdo a lo manifestado por el CNA, se determinó formalizar su
denuncia por los supuestos delitos de abuso de autoridad y prevaricato
ante el órgano persecutor del delito; teniendo en cuenta que, después de
haber analizado las incongruencias y falacias que contiene los
considerandos del fallo emitido el 29 de mayo del presente año, en donde
se declara la constitucionalidad del Convenio entre la República de
Honduras y la Secretaría General de la Organización de Estados
Americanos (OEA), para el establecimiento de la Misión de Apoyo Contra
la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
Los
denunciantes manifestaron que: las acciones realizadas por los
magistrados de la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) se enmarcan en hechos que constituyen delito; en vista de
que, los juzgadores emitieron una sentencia con malicia, verdadera
conciencia de injusticia y contrarias al texto de la ley; de acuerdo a
la denuncia, los magistrados quienes son personas con conocimientos
técnicos en derecho, evidenciaron su conducta contraria a la norma, en
la motivación de la resolución prevaricadora, de igual forma, utilizaron
argumentos encubridores de carácter antijurídico; dado que, en los
considerandos realizan valoraciones que no se enmarcan en las exigencias
establecidas en la normativa jurídica, como ser la ley sobre justicia
constitucional.
Nota relacionada Denunciarán por prevaricato a los magistrados de la Sala Constitucional: Gabriela Castellanos (vídeo)
Es
oportuno mencionar que en un incuestionable abuso de autoridad, los
signatarios de la sentencia realizaron valoraciones desatendiendo el
principio de presunción de constitucionalidad bajo el que gozan las
leyes aprobadas en nuestro país; del mismo modo, invadieron el espacio
facultativo y de funcionalidad que la Constitución de la República le
otorga al Fiscal General, determinando los togados que el “Mecanismo
institucional de cooperación bilateral entre el Ministerio Público de la
República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de
Estados Americanos a través de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e
Impunidad en Honduras (MACCIH)”, que le da vida a la Unidad Fiscal
Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), no se apega a
los estándares que de manera caprichosa la Sala de lo Constitucional
considera como válidos, estableciendo de manera tácita que la UFECIC es
inválida, con el objeto de beneficiar a los sectores que en la
actualidad están empecinados en debilitar el combate a la corrupción en
nuestro país.
Finalmente se manifestó que la denuncia se sustenta, además, en los
argumentos de razonamientos y análisis realizados por el Ministerio
Público, en el que determinan que la Sala de lo Constitucional no tenía
facultad para revisar el Convenio que le da vida a la UFECIC.
https://criterio.hn/2018/06/06/cna-denuncia-ante-el-mp-a-magistrados-que-firmaron-fallo-de-la-maccih-video/
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150 abogados han sido asesinados en Honduras desde el 2002
Al menos 13 de los 18 departamentos del país han sido escenario de la muerte violenta de profesionales del derecho. Más del 70% de los casos se registró en los departamentos de Francisco Morazán y Cortes.
Por: Redacción CRITERIO Junio 6,2018 / redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH),
reveló hoy que al menos de 150 abogados han perdido la vida en
circunstancias violentas, desde el año 2002 a la fecha, crímenes que se
mantienen, en más del 90% de los casos, en la impunidad.
Un
recuento de los hechos, realizados por el ente estatal, establece que
en los últimos años se han registrado una serie de hechos violentos,
contra abogados, que van desde amenazas, agresiones, atentados y
muertes violentas.
Añade
que las constantes agresiones, amenazas a muerte, atentados e incluso
la pérdida de la vida, en circunstancias violentas, han convertido la
abogacía en una profesión de alto riesgo para quienes la ejercen.
Los
hechos violentos contra los miembros de este gremio empezaron a
registrarse en el 2002, sin embargo, los mismos se agudizaron a partir
del año 2010, de allí que, en los últimos 8 años y medio, hayan muerto,
al menos, 130 profesionales del derecho.
Roberto
Herrera Cáceres, titular del CONADEH, expresó que una las
preocupaciones es el nivel de impunidad de estos crímenes, lo cual
impide que se conozcan las causas por las que pierden la vida
violentamente los profesionales del derecho.
Consideramos
que esta profesión es humanista, sin embargo, en Honduras su ejercicio
conlleva muchos riesgos, sobre todo en los litigios que tienen que ver
con la materia penal, expresó.
El
Defensor del Pueblo considera que es urgente que las autoridades
hondureñas establezcan mecanismos de seguridad que permitan salvaguardar
la integridad física y la vida de los profesionales del derecho y sus
familiares.
Nota relacionada De 102 asesinatos contra abogados, el 94 por ciento persiste en impunidad
Se
estima que sólo el Colegio de Abogados de Honduras atiende un promedio
diario de dos de sus agremiados que solicitan protección para
salvaguardar su integridad física y su vida.
Hasta
ahora ha quedado demostrado que las condiciones de seguridad en el
país no han sido las más propicias para salvaguardar la integridad
física y la vida de casi un centenar y medio de profesionales del
derecho.
En promedio 15 abogados pierden la vida anualmente entre el 2010 y el 2018
Registros
del CONADEH indican que entre el 2010 y lo que va del 2018 han muerto
violentamente alrededor de 130 personas vinculadas al ejercicio del
derecho, es decir, un promedio de 15 por año.
Al
menos 13 de los 18 departamentos del país han sido escenario de la
muerte violenta de profesionales del derecho. Más del 70% de los casos
se registró en los departamentos de Francisco Morazán y Cortes.
Ante
la creciente inseguridad que enfrentan los profesionales del derecho,
que deja un promedio 15 víctimas anuales, el CONADEH notificó a todos
sus delegados, a nivel nacional, que intensifiquen su atención a los
miembros de este gremio que denuncien ser objeto de amenazas o cualquier
otra acción que ponga en riesgo su integridad física y su vida.
En
lo que va del 2018 han muerto, al menos, cinco profesionales del
derecho, en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades
encargadas de la investigación en el país.
https://criterio.hn/2018/06/06/150-abogados-han-sido-asesinados-en-honduras-desde-el-2002/
- Piden a inspectoría de tribunales que sancione a jueza por parcializarse a favor de policías torturadores
- Frente Parlamentario de apoyo a la MACCIH rechaza sentencia de la Sala Constitucional
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