Por: Hugo Noé Pino
La
instalación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en
Honduras (Maccih) de la OEA fue vista, con optimismo en algunos sectores
nacionales y con escepticismo por otros. La esperanza radicaba en que
la Maccih había surgido como resultado de una movilización ciudadana,
muy pocas veces vista en el país, exigiendo castigo para los corruptos,
en especial a los vinculados a la malversación de recursos del Instituto
Hondureño de Seguridad Social. Las marchas, organizadas por el grupo de
Indignados (en su mayor parte jóvenes), duraron varios meses y se
extendieron a las principales ciudades.
El
escepticismo se basaba en varios aspectos: primero, la Maccih se
consideraba como la versión “light” de la CICIG de Guatemala, y hacia lo
cual apuntaban las marchas (¡queremos un CICIG en Honduras!); segundo,
la OEA depende mucho de los gobiernos que la conforman y el hondureño
podría tener mucha influencia en la Misión. Tercero, la concentración de
poder por Juan Orlando Hernández es tan fuerte que las instituciones de
justicia no harán nada para sancionar a los corruptos.
Casi
dos años han transcurridos desde que la Maccih se instaló en Honduras
bajo la conducción de Juan Jiménez Mayor. Durante los primeros doce
meses hubo fuertes críticas que la Misión no avanzaba, que no existía
ningún caso relevante, que era más relaciones públicas, etc. Sin
embargo, se fueron presentando algunos rasgos positivos como el acuerdo
con la Procuraduría General de la República que impedían procesos de
conciliación en casos de corrupción, como se había venido haciendo en
algunas oportunidades.
También
el establecimiento de los juzgados anticorrupción, lo cual fue visto
como un paso adelante, pese a que en su establecimiento el Congreso
Nacional introdujo modificaciones importantes, entre ellas, el hecho de
que sólo los casos en que se podrían probar como red de corrupción
serían llevados en estos tribunales. Una acusación que se hiciera contra
uno o dos funcionarios sería juzgada por los tribunales comunes. Pero
tal vez el más importante avance fue el establecimiento de la Unidad
Fiscal Especial Anticorrupción en el Ministerio Público (UFECIC) en la
cual se siguió un procedimiento adecuado para la selección de los
fiscales que estarían a cargo de las investigaciones y judicializaciones
de los casos de alto impacto.
Pero
también hubo retrocesos aún con la presencia de la Maccih, la reducción
de penas por corrupción, la politización en la elección de los
magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, los cambios al proyecto de
la Ley de política limpia, muestran que el poder político no estaba (ni
está) dispuesto a muchas concesiones.
La
verdadera prueba de la Maccih viene en el período después de las
elecciones, se presentan acusaciones contra seis diputados por el manejo
irregular de fondos públicos recibidos por medio de una ONG. Este caso,
y las acusaciones contra la ex primera dama Rosa de Lobo y otros
funcionarios allegados a ella, enciende las alarmas del estamento
corrupto del país. Muchos diputados, funcionarios, empresarios, miembros
de ONGs, de organizaciones religiosas, etc. se vieron reflejados en el
espejo que muestra el camino hacia los juzgados anticorrupción, imágenes
imposibles hasta hace poco en nuestro país.
El
contraataque de la corrupción ha sido en varios frentes, entre ellos:
primero, el pacto de impunidad denunciado por Jiménez Mayor antes de su
salida. Segundo, el recurso de inconstitucionalidad del convenio de la
Maccih elevado (y ahora aceptado) por la Sala Constitucional) por los
defensores de los seis diputados acusados; tercero, campañas de
desprestigio y amenazas a UFECIC, Consejo Nacional Anticorrupción, la
Maccih y a los jueces anticorrupción. Cuarto, las reformas a la ley de
Privación de Dominio, recientemente aprobadas. Sería insólito que la
Sala de lo Constitucional declarara inconstitucional un convenio
internacional, por lo que parece que el objetivo es un ablandamiento de
las acusaciones de la Maccih. Así que el recurso legal estar mucho
tiempo sin resolver, pero como una espada de Damocles sobre la Misión.
Nota relacionada EE.UU. ratifica su apoyo y asistencia a la MACCIH y al CNA
No
se sabe si por casualidad, por torpeza, o por formar parte de la trama,
Luis Almagro, Secretario General de la OEA, simultáneamente escribió
una carta a Juan Orlando Hernández, con un despido indirecto a Juan
Jiménez Mayor. La salida del vocero de la Maccih, y la de varios
funcionarios que también renunciaron, ha debilitado a la Misión.
Algunos
sectores de la sociedad hondureña hacen esfuerzos por evitar que la
Maccih caiga en una situación de irrelevancia en la lucha contra la
corrupción o que se ordene su salida de Honduras. No obstante, el
contraataque de las redes de corrupción es fuerte y solamente un
esfuerzo unitario y estratégico podrá detener esta escalada. En este
sentido, se creó recientemente el grupo denominado Ciudadanía Contra la
Corrupción, el cual pretende emprender diversas acciones para mantener
vigente la lucha contra la corrupción en Honduras. La constitución del
grupo es una respuesta de diversas organizaciones de la sociedad civil
que ofrecerán su respaldo a la Maccih en tanto mantenga en alto la
bandera contra la corrupción. Igual apoyo dará a un Ministerio Público
independiente y capaz, para lo cual monitoreará que la elección del
nuevo fiscal general sea bajo los criterios de capacidad, experiencia,
honradez e independencia.
Será
interesante ver también cuál será la posición de la cooperación
internacional que ha apoyado abiertamente estos esfuerzos
anticorrupción. Sin embargo, estos actores externos han olvidado un
factor fundamental en todo lo que acontece: el reconocimiento de Juan
Orlando Hernández como presidente de Honduras fue simultáneamente un
reconocimiento y respaldo al sistema de impunidad y corrupción que lo
sostiene.
https://criterio.hn/2018/03/21/la-maccih-y-el-contraataque-de-la-corrupcion/
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