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-- TEGUCIGALPA, noviembre 30, 2017 (Xinhua) -- Personas participan
durante los enfrentamietos entre simpatizantes del candidato a la
presidencia de Honduras por la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla,
con policías a raíz de una protesta, en Tegucigalpa, capital de
Honduras, el 30 de noviembre de 2017. El actual presidente de Honduras y
candidato por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, aventaja con
el 42.68 por ciento las elecciones presidenciales, según el ultimo
reporte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) divulgado el jueves. Con el
90.40 por ciento de las actas procesadas, el aspirante por la Alianza
de Oposición, Salvador Nasralla, contabiliza el 41.6 por ciento de los
sufragios. (Xinhua/Johny Magallanes) (da) (fnc)
Redes europeas y organizaciones internacionales de derechos
humanos manifestamos nuestra profunda preocupación ante el uso indebido y
en ocasiones mortal de la fuerza ejercida por los cuerpos de seguridad
del Estado contra manifestantes, así como otros ataques a defensores de
derechos humanos en el marco de la crisis postelectoral en Honduras.
Hacemos un llamado a la Unión Europea a condenar estos hechos, a apoyar
públicamente a los defensores, y a solicitar al Estado de Honduras el
respeto de las obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos
El 26 de noviembre de 2017 se celebraron elecciones generales en
Honduras. Cuatro semanas después, el 18 de diciembre, Juan Orlando
Hernández (Partido Nacional) fue declarado presidente por el Tribunal
Supremo Electoral (TSE). Durante el proceso electoral, la Misión de
Observación de la UE (MOE- UE) y la Misión de Observación Electoral de
la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) observaron
irregularidades durante el proceso, que llevaron a la Secretaría General
de la OEA a plantear la repetición de las elecciones.
Desde el 27 de noviembre, numerosas acciones de protesta han tomado
lugar en todo el país para exigir un proceso electoral transparente y
resultados fiables. Como respuesta, el 1 de diciembre 2017, el gobierno
de Honduras declaró el estado de excepción y decretó la suspensión de
garantías constitucionales temporalmente. Desde entonces, las
organizaciones de derechos humanos han registrado 30 ejecuciones —21 a
manos de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), alrededor de 232
personas heridas y 1085 detenidas. La Directora de Medicina Forense del
Ministerio Público ha documentado 24 muertes violentas hasta el 4 de
enero de 2018. Hasta la fecha, las organizaciones de derechos humanos
desconocen si el Ministerio Público ha iniciado las investigaciones
oportunas en estos casos.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en
Honduras ha documentado más de 50 casos de intimidación y hostigamiento
contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas,
lo que han llevado a un llamamiento conjunto de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto
Comisionado solicitando al Estado de Honduras garantizar el derecho de
manifestación pacífica, así como todos los derechos fundamentales. Esta
petición también ha sido solicitada por numerosas organizaciones
internacionales de sociedad civil.
Frente a las continuas tensiones ocurridas en el período contexto
post-electoral y su afectación a los derechos humanos, el gobierno ha
anunciado la creación de una Secretaría de Derechos Humanos, como
entidad separada de la actual Secretaría de Derechos Humanos, Justicia,
Gobernación y Descentralización del Gobierno de la República de
Honduras, la cual ha iniciado sus funciones el 27 de enero de 2018.
No obstante, el uso indebido de la fuerza ejercida por elementos de
seguridad del Estado, los ataques contra defensores de derechos humanos,
la falta de respuesta adecuada de la institucionalidad responsable, así
como el cuestionamiento de amplios sectores por la ausencia de
aplicación de estándares internacionales en últimos procesos electorales
(2009, 2013 y 2017), están generando falta de confianza de la población
en el respeto de los principios de la democracia y el Estado de
Derecho, así como en la institucionalidad hondureña.
En el marco de las relaciones con Honduras y la política exterior en derechos humanos exhortamos a la Unión Europea a:
Emitir un comunicado público al más alto nivel que:
Reconozca la labor de los defensores de derechos humanos y donde muestre
su preocupación por los \hechos ocurridos en la etapa post-electoral;
Haga un llamado al Estado de Honduras a abstenerse en el uso excesivo de
la fuerza contra la población y a garantizar los derechos a la
manifestación y a la libre expresión;
Solicite al Estado de Honduras investigar de forma inmediata y de manera
diligente todos los hechos de violencia denunciados, permitiendo la
identificación de los presuntos responsables.
Instar al gobierno de Honduras a incluir el testimonio de las
víctimas y de las personas defensoras de derechos humanos en que
cualquier iniciativa de diálogo para resolver la crisis y conocer la
verdad de los hechos ocurridos en el contexto electoral.
Solicitar al Estado de Honduras su colaboración con la misiones de
observación en derechos humanos por parte de los organismos
internacionales y regionales de derechos humanos.
Adicionalmente, en el marco de cooperación para fortalecimiento del
sistema de justicia (Eurojusticia) y la Directrices sobre defensores,
demandamos a la Delegación de la Unión Europea en Honduras y a las
Embajadas de los países europeos en dicho país:
Solicitar formalmente a los Ministros de Seguridad y Defensa
información sobre los protocolos vigentes aplicados en el marco de las
manifestaciones, así como las diligencias adoptadas para asegurar las
investigaciones sobre los estos hechos denunciados, asegurando que sean
prontas y efectivas para identificar a los responsables y proceder a su
enjuiciamiento.
Adoptar las medidas necesarias que visibilicen el apoyo de la UE a los
defensores, que contribuyan a un nuevo discurso público que reconozca su
labor y garantice un entorno seguro para el ejercicio de su función.
Promover un espacios propicio para la labor de los defensores, entre
otros, facilitando un encuentro entre el Sistema Nacional de Protección y
las personas beneficiarias con el objetivo de garantizar una respuesta
efectiva, adecuada y urgente en este contexto.
Continuar promoviendo espacios participativos de diálogo político y
consulta periódica con las organizaciones de la sociedad civil, entre
otros el mecanismo de intercambio con sociedad civil sobre temas de
derechos humanos, el Grupo Enlace.
Al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales de la Unión
Europea, solicitamos monitorear la situación de derechos humanos, y en
caso consideren relevante emitir una resolución parlamentaria sobre la
situación de los derechos humanos, promover espacios de debate con
organizaciones de la sociedad civil.
Suscriben:
Red EU- LAT, Red europea de incidencia hacia América Latina ( ex CIFCA y ex Grupo Sur)
PROTECTION INTERNATIONAL
FRONTLINE DEFENDERS
OMCT, Organización Mundial contra la Tortura
CIDSE, Cooperación Internacional para el desarrollo la Solidaridad.
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