Según el informe el Incidente del
11 de mayo en la comunidad de Ahuás, Honduras, en el marco de la
operación Martillo que inicio en el abril del 2012 con un programa de 90
de días diseñado para desarticular vuelos de transporte de drogas desde
América del Sur hasta Honduras. El equipo de campo para las misiones
de intercepción se compone de miembros del Equipo de Asesoramiento Y
Soporte Técnico Desplegado en el Extranjero (FAST, por sus siglas en
inglés) y oficiales aprobados de la unidad de la Policía Nacional
hondureña conocida como el Equipo de Respuesta Táctica (ERT).
La
noche de los hechos tres oficiales (un miembro del equipo FAST y dos
oficiales ERT), se conducían en un bote pequeño con forma de canoa,
conocido como pipante, que contenía grandes cantidades de cocaína que
habían decomisado. El pipante perdió potencia y flotó en el río, luego
un bote más grande transportando más de una docena de pasajeros entró en
contacto con él, por lo que los ocupantes del pipante dispararon por
mas 26 segundos en contra el bote de pasajeros, así como también un
agente antidrogas que ordeno a un artillero de puerta desde un
helicóptero que acompañaba al pipante abrir fuego en contra de los
pasajeros del taxi acuático.
Sobre
los hechos del 11 de mayo del 2012, la Fiscalía de Derechos Humanos en
Honduras dio a conocer en septiembre un reporte oficial de las
investigaciones que favorecían a los oficiales de Equipo de Respuesta
Táctica de Honduras, este reporte contaba con numerosos errores y
omisiones. Además incluía ciertos hallazgos de balística que resultaron
cuestionables y no podían explicar el hecho que los testimonios de
sobrevivientes en el bote de pasajeros eran inconsistente con otra
evidencia, por lo tanto carecía de veracidad.
Es
notable que los miembros del Equipo de Asesoramiento y Soporte Técnico
Desplegado en el Extranjero (FAST, por sus siglas en inglés), ocultaron
la realidad de los hechos presentando testimonios e informes que
faltaban a la verdad, tal como la DEA que no condujo una investigación
profunda al contrario incorrecta, incompleta y basada en información no
confiable e insuficiente, como ser que los pasajeros del bote dispararon
primero y que los oficiales hondureños respondieron al fuego, aduciendo
que eran narcotraficantes que pretendían recuperar la droga. De igual
manera se planto como evidencia una arma de fuego por la Policía
Nacional de Honduras, con el fin de justificar la masacre hacia los
pasajeros que se conducían en el taxi acuático la noche del 11 de mayo.
Las
actuaciones citadas en el informe, sobre las investigaciones erróneas,
la utilización de testigos falso, información incorrecta, inconfiable,
incompleta, insuficiente que carece de soporte técnico y la negación de
las autoridades en profundizar una verdadera investigación sobre los
hechos del 11 de mayo 2012. Este patrón ha sido utilizado en la región
del Valle del Aguan por más de cinco años, donde han asesinado más de
un centenar de campesinos y campesinas que en su mayoría siguen en la
impunidad, esta estrategia es utilizada con la clara la intensión de
proteger a escuadrones de la muerte y grupos paramilitares que operan en
esta región del Aguan.
Cabe
mencionar que en el Aguan, existe la Unidad de Investigación de
Muertes Violentas del Bajo Aguan (UMVIBA), la que está contemplada en
el Plan de Acción de la Corporación Financiera Internacional (IFC), como
una estrategia para limpiar la imagen y la participación de
Corporación Dinant, en los asesinatos y las graves violaciones a los
derechos humanos en contra de los campesinos. Esta unidad está siendo
asesorada y financiada por la Embajada de los Estados Unidos, con el
fin de investigar los asesinatos a campesinos y campesinas, pero
sorpresivamente estos siguen en total impunidad, en los últimos tres
meses cuatro personas han sido liberadas, aun teniendo participación en
homicidios y vinculo directo con el grupo paramilitar que opera en el
Aguan, esto ocurre debido a la ineficiencia en los proceso de
investigación, la confabulación y la red corrupción que opera en el
sistema de aplicación de justicia en honduras.
En
el último año grupos paramilitares que operan el Aguan han ejecutado
operaciones de impacto sicológico el primero el 19 de junio del 2016
fueron asesinados Allan Martínez y Manuel Milla líderes campesinos de la
comunidad de Panamá, en un campo de futbol frente a una medio
centenar de personas. Y el segundo hecho ocurrió el 18 de octubre del
mismo año donde fueron asesinados José Ángel Flores y Silmer Dionicio
George cuando salían de una reunión con más de 40 líderes y lideresas de
las empresas campesinas de MUCA, ambos casos continúan en impunidad y
los asesinos circulan en la región a vista y paciencia de la UMVIBA y
las autoridades locales, estas prácticas se relacionan con el patrón de
ineficiencia manejada en el caso de Ahua, es por ello que solicitamos
una comisión con reconocimiento internacional que investigue los
mecanismos de aplicación de justicia en el Valle del Aguán.
Atentamente,
Karla Zelaya
Facilitador & Comunicaciones
Plataforma Agraria
Teléfono: (504) 3289-7793
Skype: plataforma.agrariahonduras
¡Cosechemos Justicia en el Campo!
No hay comentarios :
Publicar un comentario