En estos días hemos tenido la visita del FMI al país. No olvidemos que son los que controlan nuestra economía y la política económica desde los inicios de la actual legislatura. Los titulares de los periódicos son bastantes elocuentes: “El FMI está satisfecho con los logros económicos del país”. “FMI alienta a continuar las actuales políticas”. Otros más expresivos decían que “el FMI dio un fuerte espaldarazo a la política económica del país”. En otras palabras, se nos dice que JOH “es un buen alumno y que se ha portado bien”.
En consecuencia, “la política macroeconómica del Gobierno recibió un fuerte respaldo tras la quinta aprobación del acuerdo “stand by” firmado con el FMI. La misión está satisfecha con el continuo fortalecimiento de la economía hondureña que incluye avances en condiciones de seguridad.
Se destacó la reducción del déficit fiscal, la inflación baja y el crecimiento económico del 3.5%. Al mismo tiempo se plantearon los desafíos pendientes o los lineamientos a seguir: hacer robusta la situación económica del país por medio de ingresos tributarios lo suficientemente robustos que permitan ampliar los niveles de cobertura del gasto. Consideran positivo el comportamiento de la recaudación tributaria. Si en el 2010 fue de 46,172 millones se espera que para el año en curso se consigan 90,100 millones de lempiras.
Sintetizan diciéndonos que en “el cierre de la revisión del acuerdo “stand by” el presidente JOH ha cumplido con creces las cuatro revisiones anteriores y que la misión (del FMI) alienta al gobierno a continuar con sus políticas macroeconómicas, financiera y de fortalecimiento de administración tributaria, para lograr un crecimiento más sólido e incluyente”.
Lo que no deja ninguna duda es resaltar una vez más cuál es el interlocutor fundamental del actual gobierno: no es ni el pueblo, ni la sociedad hondureña; sencillamente son los organismos financieros y las empresas trasnacionales. Es en función de esto que la economía se pone a su servicio. Y se pone en práctica lo que desde hace tiempo nos señalan los politólogos: la “separación (o divorcio, si se quiere) entre el poder y la política”. Los “estados-nación” dejaron de existir y los políticos de turno son simples administradores de un poder que ya no está en su propio territorio sino fuera de él: reside en los que gobiernan las finanzas, las transnacionales y las inversiones.
Para los gobernantes les queda la “administración de la política” autóctona que es forzosamente contradictoria, ambigua, bicéfala, autorreferencial, intransigente, elitista, excluyente y desigual.
Todas las luchas y resistencias del movimiento popular alternativo, de los grupos comunitarios, de los pueblos originarios y autóctonos, de los patronatos, de los indignados y de la oposición en general responden a esta misma lógica. Se han convertido en los enemigos del gobierno que siempre los reprime, nunca escucha sus justas demandas, se les demoniza y se les convierte en terroristas por un decreto ley del Congreso.
Son administradores de una crisis sin solución porque se gobierna a base de impuestos (para los pobres y las clases medias), haciendo todo de concesiones (para las elites foráneas y nacionales) y a espaldas de las comunidades; con proyectos asistencialistas pero sin reducir la pobreza y aumentar el empleo; incrementando los gastos de seguridad y reduciendo los de salud, educación e infraestructura; fomentando una democracia que concentra el poder y la riqueza; y una política cautiva que sigue los pasos de convertirse en “dinastía” al igual que nuestro vecino y modelo.
Lo paradójico es que estamos en tiempos electorales y a pesar estar bien claro el horizonte a donde nos llevará el “proyecto reeleccionista” no somos conscientes de este divorcio (que es también político, social y cultural) debido a que aún tenemos una “lectura encantada o fetichista” de nuestra realidad. ¡Y como los divorcios nunca son positivos, tenemos que luchar contra ellos!
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Macro y microeconomía, un d
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