Publicado el 13 /02 / 2017- 11 Am
***El proceso interamericano culminó con una sentencia que reconoce las violaciones de las que Guillermo López Lone, Tirza Flores Lanza, Luis Alonso Chévez y Ramón Enrique Barrios fueron víctimas, a partir de su destitución arbitraria en el contexto del golpe de Estado que ocurrió en Honduras en el año 2009.
San José, Costa Rica.
Ocho años después de la destitución arbitraria de tres jueces y una
magistrada, el Estado de Honduras se enfrentó a la primera audiencia de
supervisión de cumplimiento de sentencia, a partir de la decisión que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera en 2015.
En ella, los representantes de
Guillermo López Lone y de Tirza Flores comprobaron la “falta de voluntad
política” para reincorporarlos en sus cargos.
El proceso interamericano culminó con
una sentencia que reconoce las violaciones de las que Guillermo López
Lone, Tirza Flores Lanza, Luis Alonso Chévez y Ramón Enrique
Barrios fueron víctimas, a partir de su destitución arbitraria en el
contexto del golpe de Estado que ocurrió en Honduras en el año 2009.
Entre otras medidas, la sentencia ordenó
al Estado hondureño reintegrar a los jueces y la magistrada a “cargos
similares a los que desempeñaban al momento de los hechos”.
En noviembre del 2016, la Corte Suprema
de Justicia se negó a reincorporarles y en su lugar ofreció a las
víctimas una indemnización (ver nota).
En la audiencia, Marcia Aguiluz de CEJIL
afirmó: “Existe presupuesto, las autoridades tienen la facultad
normativa, hay opciones reales para que se reincorporen a sus trabajos,
sin embargo, no se les reintegra, porque no se quiere. Las autoridades
no tienen la voluntad de hacerlo”.
De acuerdo a información oficial
otorgada por el Estado, entre el 2009 y el 2016 el Poder Judicial de
Honduras ha creado 89 plazas para jueces y juezas, cinco de ellas en San
Pedro Sula, donde viven actualmente López Lone y Flores. Además, un
Plan Anual Operativo de este poder estatal prevé la creación de dos
tribunales nuevos, salas en cinco ciudades del país y la ampliación de
juzgados de letras en cinco ciudades de Honduras.
Tirza Flores Lanza, Magistrada de la
Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula hasta que fuera
retirada en el ejercicio de su cargo, dijo: “Nuestra afectación no sólo
es personal, sino que también es institucional. El mensaje que se da al
no reintegrarnos es muy pernicicioso, porque permite que los jueces
sientan que deben ser sumisos y dependientes de las altas autoridades”.
Guillermo López Lone, que hasta su
destitución ejercía como Juez de Sentencia, declaró: “El proceso ha sido
revictimizante. Nos alarma la falta de disposición al diálogo de parte
del Estado hondureño”.
En la audiencia se solicitó a la Corte
Interamericana emitir una resolución que deje en claro el incumplimiento
por parte del Estado y que ordene, en el menor plazo posible la
reincorporación del juez y la magistrada a sus cargos.
Hondudiario.
URL Corta: http://bit.ly/2kp06iT
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