Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
La lucha por la tierra y por los medios de subsistencia mantiene en el
presidio de Nacaome, departamento de Valle, a dos miembros de la
Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA),
publicó el Cofadeh en su pagina de facebook.
La publicación relata que, un tribunal de justicia de Amapala, decidió el martes 17 de mayo de 2016, suspender las medidas preventivas a favor de los imputados y resolvió enviarlos a la cárcel mientras determina elevar a juicio oral y público las acusaciones de usurpación, amenazas y daños a la propiedad privada, promovidas en 2015 por el Ministerio Público (MP); a petición del terrateniente Jorge Luis Cassís, que reclama como suyas una porción de tierras localizadas en Playa Blanca en las Península de Zacate Grande.
Abel
Pérez miembro de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur
(REDEHSUR) y el pescador Santos Hernández, fueron remitidos al centro
penal de Nacaome el pasado 19 de mayo, ya que por falta de recursos
económicos no podían ir a firmar el libro de registro del juzgado de
Amapala.
Otros
30 miembros de la Asociación para el Desarrollo de la Península de
Zacate Grande (ADEPZA) enfrentan procesos judiciales acusados de
usurpación y daños contra terratenientes de la zona.
Terratenientes
que con la complacencia del Estado, están utilizando el sistema de
justicia para acusar y criminalizar a los pobladores y pobladoras de
ADEPZA.
La
criminalización como una estrategia para desmovilizar los movimientos
que aspiran a un pedazo de tierra, se acentuó después del golpe de
estado de 2009 y es una respuesta de los grupos de poder que en medio de
su voracidad, cuentan con el brazo acusador de la justicia en contra de
los más débiles.
Familias
de terratenientes como los Facussé o los Cassís reclaman amplias
extensiones en la Península de Zacate Grande, siguiendo el guión de las
políticas de estado entreguistas, que responden a los proyectos
extractivos, represamiento de ríos y de energía solar, entre otros.
Zacate
Grande está en el mapa estratégico de Honduras para convertirse en una
Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que tendrá facultades
autónomas donde el gobierno no intervendrá y que supone el éxodo de
cientos de familias que han habitado desde hace más de un siglo esta
porción de tierra que colinda con el océano Pacifico.
La
judicialización de casos como los que enfrentan los pescadores y
defensores de derechos humanos de ADEPZA, Santos Hernández Ortiz y Abel
Antonio Pérez Ávila, responde a esta dinámica, donde los grupos
económicos que realmente son el poder fáctico, avanzan vertiginosamente
para adueñarse del país y de sus recursos.
Por
su parte, miembros del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la
Vida (MASSVIDA) integrado por organizaciones defensoras de derechos
humanos, la defensa de la tierra y las playas, contra la minería y
ambientalistas de 25 municipios de los departamentos de Valle y
Choluteca, han venido denunciando la explotación minera en la aldea El
Tránsito de Nacaome, Valle
En
Los Prados, Namasigüe, se ha violentado el derecho a la consulta, al
pretender instalar un proyecto de energía solar, sin la previa
socialización con los habitantes de la comunidad.
En
Pespire, Choluteca, desde el 2013 se lucha contra la explotación del
río Chiquito, de donde la empresa “panificadora Hernández” quieren
extraer arena y grava, lo que afectaría cuatro pozos que abastecen de
agua a las comunidades cercanas y el casco urbano. Esta empresa obtuvo
permisos de forma irregular, y sin contar con el consentimiento de los
pobladores, pese a que en cabildo abierto del 5 de abril del 2013,
afirmaron su oposición a la explotación de los recursos naturales.
Hay
comunidades sin acceso a las playas, porque las empresas de cultivo de
camarón se han instalado en las orillas de los manglares. Además los
terratenientes se apropian de predios con la intención de venderlos a
inversionistas extranjeros para la construcción de una zona de empleo y
desarrollo económico (ZEDE) o “ciudad modelo”. Si los pobladores quieren
ir a la playa y no piden permiso para caminar por ese paso que es
público, los acusan de usurpadores, y los operadores de justicia le dan
trámite al caso, hasta judicializarlos.
Está
claro que muchas comunidades localizadas en la porción del territorio
nacional que comprende los departamentos de Choluteca y Valle se
enfrentan a un monstruo de diez cabezas, que opera libre y en total
impunidad.
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA)
Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Zona Sur (REDEHSUR) 9 de Junio 2016.
http://criterio.hn/estado-poderosos-conspiran-despojar-tierras-campesinos-valle-choluteca/
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