Otro
escándalo exponiendo la corrupción policial y participación de
comisionados de la policía hondureña en asesinatos y crimen organizado
salió en la prensa otra vez en marzo del 2016. Poco después, el 7 de
abril, el Congreso hondureño aprobó un decreto que legisla la depuración
de la policía hondureño, declarando la limpieza como una “prioridad
nacional.”
El decreto pidió la creación de la Comisión Especial para
Depurar la Policía Nacional de Honduras.
No
es la primera vez que un escándalo provoca la aprobación de una
legislación para depurar las fuerzas de seguridad hondureñas corruptas.
En Enero de 2014, se creó la Comisión de Reforma de Fuerzas de la
Seguridad Pública y hoy se admite ampliamente que fue un fracaso enorme,
incluso por aquellos que aplaudieron su esfuerzo. Algunos no se
sorprenden al ver que esta nunca logró aquello para lo cual fue creada.
El
gobierno de Honduras lo hace de nuevo. Días después que se aprobara el
decreto 2016, se formó una Comisión Especial para Depurar la Policía
Nacional de Honduras. Entonces pensé que valdría la pena echar un
vistazo a las asociaciones y antecedentes de los tres Comisarios
nombrados a la Comisión – Omar Rivera, Alberto Solórzano y Vilma
Morales.
Omar Rivera, Coordinador, Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ)
Asociación
para una Sociedad más Justa (ASJ) es una organización hondureña y
estadounidense que recibe apoyo significativo de USAID de los EEUU para
ejecutar programas como Centros de Alcance en el barrio de Nueva Suyapa
en Tegucigalpa; los Centros de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC); y
una subvención bajo el programa de educación “Impulsando la
Participación Ciudadana, Transparencia y Oportunidades Sociales
(IMPACTOS)”, entre otros. ASJ recibe el apoyo de la Iglesia Reformada
Cristiana Evangélica en América del Norte.
ASJ
coordina una iniciativa conocida como la Alianza para La Paz y La
Justica (APJ), un amplio grupo de “organizaciones de la sociedad civil”
que tiende a dominar los espacios donde la “sociedad civil” es
consultada acerca de temas nacionales de importancia como seguridad,
impunidad y corrupción. Entre los aliados de la APJ están el Grupo de la
Sociedad Civil, Transformemos Honduras, MOPAWI y la Confraternidad
Evangélica, entre otros. APJ es financiado por el Instituto Democrático
Nacional (una organización del Partido Democrático de los EEUU que
financia casi exclusivamente las mismas organizaciones aliadas con APJ) y
el Departamento de Estado, desde la Oficina de Conflicto y Operaciones
de Estabilización, creada para “mejorar la eficacia y la coherencia del
gobierno de los EEUU en situaciones de conflicto.”
Es
casi imposible investigar uno de los programas de ASJ sin conectarse a
la financiación de los EEUU y programas que promueven la política
estadounidense en Honduras y soluciones cosméticas a grandes problemas
estructurales como la corrupción e impunidad. Muchas personas en el
movimiento social hondureño ven a la ASJ y la Embajada de los EEUU como
dos caras de la misma moneda.
Pastor Alberto Solórzano, Presidente, Confraternidad Evangélica, junta directiva, Alianza por la Paz y la Justicia (APJ)
Como
se mencionó anteriormente, la Confraternidad Evangélica es uno de los
miembros de la iniciativa APJ, coordinada por ASJ. La organización
afirma que representa el 90% de todas las organizaciones evangélicas en
Honduras. Un conocido pastor de la iglesia Vida Abundante y
representante de la Confraternidad Evangélica, Evelio Reyes
recientemente condujo rezos públicos en la Casa Presidencial con el
presidente hondureño Juan Orlando Hernández, la primera dama Ana de
Hernández y asistentes de muchas Iglesias y organizaciones evangélicas.
Evelio Reyes, un pariente cercano al Ministro de Defensa, Samuel Reyes y
amigo del Presidente Hernández, fue objeto de una demanda en 2013
presentado por el respetado activista hondureño de la comunidad LGBTI,
Erick Martínez. El pastor profirió insultos degradantes y
discriminatorios contra la comunidad LGBTI a su congregación diciéndoles
que “no votaran por homosexuales o lesbianas que corrompen el modelo de
Dios”.
En
defensa de Reyes, la Confraternidad Evangélica escribió una carta
pública, firmada por el Pastor Alberto Solórzano, uno de los miembros de
la Comisión de Depuración Policial , expresando su desacuerdo con la
investigación contra el Pastor Reyes y justifica las declaraciones
homofóbicas como “movidos por el interés de presentar el plan de
salvación de Dios para la humanidad con el objetivo de buscar la
preservación de la sociedad.” Estos ataques verbales y odio contra la
comunidad LGBTI son alarmantes teniendo en cuenta la violencia y los
asesinatos reportados por organizaciones hondureñas. En los últimos
siete años, 215 personas LGBTI han sido asesinadas en Honduras, 37 en
los cuales ocurrieron en el años 2015 solamente.
Ante
su nominación para la Comisión para Depurar la Policía, varios
cuestionan la participación del Pastor Solórzano. Según el ex-fiscal
general Edmundo Orellana, “ningún ministro religioso puede asumir
funciones públicas,” alegando que el nombramiento del Pastor era ilegal.
Las críticas de Orellana fueron ignoradas.
Vale
la pena mencionar que los dos suplentes de la Comisión para Depurar la
Policía son Carlos Hernández, Presidente de la ASJ y Jorge Machado,
miembro de la Confraternidad Evangélica.
Vilma Morales, ex-Presidenta de la Corte Suprema de Justica;
miembro, Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad
Social (IHSS); miembro, Comisión Interventora del Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio (INPREMA)
Vilma
Morales es conocido por su participación en “Comisiones de
Intervención” en al menos dos instituciones públicas de Honduras desde
el año 2009. Ella también es conocida como gran defensora del golpe de
estado militar del 2009, negando en las semanas siguientes que un golpe
ocurrió en Honduras. Morales represento el régimen de facto de Roberto
Micheletti en las negociaciones después del golpe e insistió en que el
derrocado presidente Manuel Zelaya se enfrentaría cargos criminales a su
regreso a Honduras.
En
Honduras, las “Comisiones Interventoras” son entendidas de ser
“Comisiones de Privatización”. En muchas ocasiones, como fue el caso con
INPREMA, IHSS, y la empresa telefónica HONDUTEL, todas las
instituciones públicas fueron “intervenidas” o brevemente entregadas a
una Comisión para una revisión estructural, que más tarde, propone
reformas estructurales que ponen a las instituciones camino a la
privatización. Vilma Morales participó en dos de las instituciones
mencionadas y ayudó a blanquear la corrupción vinculada a funcionarios
de alto nivel del gobierno en ambas ocasiones, garantizando la
impunidad, mientras que la Comisión Interventora anunció grandes
reformas neoliberales en ambas instituciones. Morales será conocido en
la historia hondureña como una ‘perrita faldera’ del Fondo Monetario
Internacional (FMI), que marcó el comienzo de los ajustes estructurales
en ambas instituciones.
En
2009, el gobierno de facto de Roberto Micheletti saqueó más de $40
milliones del fondo de pensiones de los maestros, una de las bases más
fuertes del movimiento social después del golpe: el Frente Nacional de
Resistencia Popular (FNRP). La crisis financiera llevó a la Comisión
Interventora, que Morales encabezó y más tarde recomendó serias reformas
neoliberales a la institución. Con la intervención a su fondo de
pensiones, los maestros perdieron el control de la administración de sus
préstamos, sus beneficios sociales y junto con la aprobación de una
nueva ley de educación, Morales y la Comisión Interventora marcaron el
comienzo de algunos de los cambios más grandes en la educación pública
en Honduras. El movimiento magisterial, uno de los más fuertes
movimientos sociales en el país, cayó aparte debido a los grandes
cambios estructurales a INPREMA, que dio pie a la privatización lenta y
gradual de la educación pública.
Años
después en 2014, Vilma Morales fue nombrada jefa de la Comisión
Interventora del IHSS después de que el periodista hondureño David
Romero destapara un escándalo de corrupción de $350 millones de dólares
en el IHSS. El escándalo involucró la creación de una serie de empresas
fantasmas que lavaron dinero desde el IHSS que manejó beneficios
sociales y médicos para los empleados públicos. El dinero robado estaba
vinculado a funcionarios de alto nivel en el actual partido en el poder y
múltiples cheques fueron depositadas en las cuentas del Partido
Nacional de Honduras. En el proceso, se produjo una crisis financiera en
el IHSS. El IHSS se agotó de medicamentos, equipos, asistencia, y
recursos humanos y alrededor de 3.000 personas perdieron la vida como
resultado. Como la crisis explotó y miles de hondureños salieron a la
calle exigiendo justicia, Morales fue nombrada a la Comisión
Interventora establecida para revisar las finanzas y reestructurar el
IHSS. Una de las recomendaciones de la Comisión fue la aprobación de la
Ley Marco del Sistema de Protección Social que después, fue aprobado en
el Congreso y recibió un fuerte respaldo de Morales. Sindicatos
hondureños y empleados públicos criticaron la nueva ley y se movilizaron
para detenerlo con poco éxito.
En
diciembre de 2014, el gobierno hondureño firmó un acuerdo de $189
millones de dólares con el FMI. En el resumen del acuerdo Stand-By, el
FMI aplaude los cambios estructurales realizados en IMPREMA y menciona
la importancia de modelar la reestructuración del IHSS con las lecciones
aprendidas en IMPREMA.
Ambas reestructuraciones institucionales se
produjeron después de una “crisis” de corrupción, el nombramiento y el
trabajo de una Comisión Interventora y una nueva ley que propone ajustes
económicos neoliberales radicales.
Vilma
Morales, Omar Rivera y Pastor Alberto Solórzano son individuos
vinculados a fuertes intereses evangélicos, golpistas, y a los de la
Embajada de los EEUU. Su participación en la Comisión Especial para
Depurar la Policía arroja una luz sobre a la posición de los EEUU en las
decisiones que la Comisión tendrá que hacer dado los fuertes lazos de
Rivera y Pastor Solórzano al financiamiento de la Embajada de los EEUU.
Al
examinar las asociaciones de Rivera y Solórzano también se plantean
preguntas importantes sobre el firme apoyo de los EEUU y el
financiamiento para las Iglesias y organizaciones evangélicas en
Honduras. El papel de Vilma Morales en la Comisión puede ser reflejo de
algún tipo de reestructuración económica, aunque hasta la fecha, la
Comisión no ha tocado el tema.
http://criterio.hn/evangelicos-financiados-ee-uu-golpistas-detras-nueva-comision-depurar-la-policia-hondurena/
No hay comentarios :
Publicar un comentario