23 mayo, 2016 | Tegucigalpa.-
La estafa jurídica perpetrada en contra de la Comunidad de San Juan
Tela a través del Instituto Nacional Agrario, con la complicidad de una
ONG Garífuna, ha generado una serie de injusticias, que hasta la fecha
continúan perpetrándose.
El
pasado 20 de mayo, fuerzas combinadas de ejército y policía
militarizaron la comunidad, para supuestamente proporcionar seguridad
en la remedición de un terreno comunitario que ha sido usurpado por un
foráneo.
La
comunidad respondió enardecida ante este nuevo abuso, el que en cierta
reforma replica el hostigamiento padecido por la Sra. Feliciana Eligio
Suazo, la que falleció el 14 de agosto de 2013, cuando era interrogada
en la Fiscalía de Tela por la supuesta usurpación de un terreno
comunitario, comprado de forma ilegal por personas ajenas a la
comunidad.
La
problemática territorial se incrementó cuando el Instituto Agrario
Nacional expidió en el año 2000 un título comunitario a favor de San
Juan Tela. De las 1700 reclamadas por la comunidad, el estado sólo
reconoció 68. Uno de los mayores instigadores del despojo fue Jaime
Rosenthal Oliva, el que a través de su empresa PROMOTUR logró registrar
una buena porción de las tierras de San Juan Tela.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas
cautelares a favor de la comunidad de San Juan en agosto del 2006, las
que más allá de la protección de líderes amenazados incluyó una
prohibición de “evitar o suspender la ejecución de cualquier acción
judicial o administrativa que pueda afectar los derechos que se
desprenden de la propiedad ancestral de la comunidad beneficiaria, hasta
tanto los órganos del sistema interamericano adopten una decisión
definitiva con respecto a la Petición 674-06.
La CIDH continúa dando
seguimiento a la situación de los beneficiarios”.
Por
supuesto que el Estado de Honduras -en especial la Municipalidad de
Tela- han ignorado y violado las medidas cautelares de la CIDH, además
de instigar transacciones ilegales de tierra en el marco de los
proyectos turísticos promovidos por la élite de poder del país.
El
pasado 18 de diciembre el Estado de Honduras fue condenado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en relación a los casos de las
comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Las
sentencias se refieren entre otras a la violación al derecho de la
propiedad comunitaria que poseemos los garífunas, además de las
repetidas violaciones al derecho a la consulta previa, libre e
informada. Existe además un caso ante la CIDH referente a la comunidad
de San Juan Tela, y su Fondo de Admisivilidad se encuentra ya
encaminado a convertirse en un caso ante la Corte IDH.
Desafortunadamente,
hay funcionarios dentro del Ministerio Público que se han dedicado de
oficio a perseguir líderes garífunas y desconocer los derechos que
poseemos sobre el territorio ancestral. La actitud asumida por algunos
de los fiscales de defender a usurpadores foráneos y acosar a líderes
garífunas, es ignorancia supina o simplemente prevaricato.
http://criterio.hn/estado-honduras-viola-medidas-cautelares-la-cidh-favor-la-comunidad-garifuna-san-juan-tela/
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