lunes, 18 de abril de 2016

Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff va a juicio político al Senado // Los legisladores que buscan destituir a Dilma Roussef están acusados de corrupción // Dilma Rousseff no está acusada de corrupción. ¿De qué la acusan?

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff deberá enfrentar el juicio político.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff deberá enfrentar el juicio político.
Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Brasil.- La cámara baja le asestó un duro golpe político al oficialismo tras alcanzar los votos a favor necesarios para darle continuidad al proceso de impeachment (acusación) a la presidenta.
La cámara de Diputados de Brasil le dio esta noche un duro golpe político a la presidenta Dilma Rousseff al votar con holgada mayoría la continuidad del juicio político que puede terminar en su destitución, en medio de una tensión en todo el país, donde la sucesión de los votos se siguió con sumo interés y en medio de manifestaciones en las calles de las principales ciudades del país -incluida la capital-.

La iniciativa para llevar adelante el impeachment y elevarlo al Senado reunió los 342 votos a favor necesarios para continuar con el proceso, en una ceremonia que duró más de 5 horas y en la que cada diputado disponía de 30 segundos para emitir su voto y fundamentarlo.
Con la aprobación en la cámara baja el trámite ahora pasará al Senado, que tendrá plazo hasta el 11 de mayo para aceptar por mayoría simple la recomendación de Diputados.
En ese caso, Rousseff deberá apartarse de su cargo por 180 días, hasta la votación del veredicto en el que la declaración de culpabilidad y la consiguiente destitución precisarán dos tercios de los senadores, y mientras tanto asumirá el vicepresidente Michel Temer, quien pasó a la oposición.
La batalla política de la crisis que se arrastra hace un año en Brasil ha sido vencida por Temer y su socio, el presidente de la cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), primeros en la línea de sucesión en caso de que el Senado aparte a la mandataria.  
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Los legisladores que buscan destituir a Dilma Roussef están acusados de corrupción

Por: Redacción AGENCIAS
redaccion@criterio.hn
BRASILIA — Paulo Maluf, un legislador brasileño, está tan rodeado por escándalos de corrupción, que sus votantes a veces lo describen con el lema “Rouba mas faz”, es decir, roba pero trabaja.
Pero, al igual que muchos de los congresistas brasileños manchados por escándalos, Maluf dice que está harto de la corrupción en el país y que por eso apoya el juicio político que podría apartar del cargo a la Presidenta Dilma Rousseff.
“Estoy en contra de todas las negociaciones sospechosas del gobierno”, dijo Maluf, de 84 años y exalcalde de São Paulo, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por haber robado más de 11,6 millones de dólares en sobornos.
El impulso para enjuiciar a Rousseff está ganando ímpetu. Este fin de semana podría darse un voto clave en la cámara de diputados que podría mandar el caso al senado, donde se tomaría la decisión final. Esta semana, varios partidos políticos de la coalición de gobierno le dieron la espalda, lo cual dejó a la presidenta en una posición muy vulnerable.
Sin embargo, algunos de los legisladores que apoyan el juicio político con mayor fervor también están enfrentando cargos serios por corrupción, fraude electoral y violación a derechos humanos, lo que ha generado un debate nacional sobre la hipocresía de los líderes brasileños.
Rousseff es una anomalía entre los principales personajes políticos, pues no ha sido acusada por enriquecimiento personal.
Eduardo Cunha, el poderoso vocero de la Cámara de Diputados de Brasil y quien lidera el intento de juicio político, será juzgado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por haber obtenido 40 millones en sobornos. Cunha, un locutor de radio cristiano evangélico y un economista que con frecuencia publica citas de la Biblia en Twitter, está acusado por lavado de dinero a través de una megaiglesia evangélica.
   El Vicepresidente Michel Temer, quien tomaría el lugar de Rousseff si la presidenta fuera obligada a dimitir, ha sido acusado de estar involucrado en la compra ilegal de etanol.
Renan Calheiros, líder del senado y quien también hace parte de la línea de sucesión presidencial, es investigado por acusaciones de haber recibido sobornos en medio del escándalo que rodea a la compañía petrolera nacional, Petrobras. También se le ha acusado de evasión fiscal y por permitir que un cabildero pagara la pensión de una hija, producto de una relación extramarital.
En conjunto, el 60 por ciento de los 594 miembros del Congreso de Brasil enfrentan cargos como recepción de sobornos, fraude electoral, deforestación ilegal o secuestro y homicidio, de acuerdo con Transparency Brazil, un grupo de revisión de casos de corrupción.
Este argumento se ha convertido en parte de la estrategia de defensa de la presidenta. En específico, Rousseff y quienes la apoyan se preguntan si una persona que enfrenta un posible juicio por corrupción  puede ser la encargada de liderar los esfuerzos para destituir a la presidenta.
El jueves, José Eduardo Cardozo, fiscal general de Brasil, dijo que la fiscalía ha apelado al Supremo Tribunal Federal en un intento por frenar el procedimiento de juicio político.
En una sesión larga, la mayoría de los jueces de la corte suprema rechazaron la petición para anular la votación que se realizará este fin de semana y que decidirá si el juicio político de la Rousseff pasa a la siguiente fase.
Es innegable que la popularidad de la presidenta en Brasil va en picada; sin embargo, algunos brasileños consideran que el juicio político tiene poco que ver con esfuerzos reales para combatir la corrupción y más con un cambio en el poder impulsado por legisladores con una reputación cuestionable.
Entre los opositores a Rousseff en el congreso se destaca Éder Mauro, quien enfrenta cargos por tortura y extorsión cuando se desempeñó como oficial de policía en Belém, una ciudad amazónica asolada por el crimen.
Otro de los legisladores que apoya el juicio político es Beto Mansur, quien enfrenta cargos por mantener a 46 trabajadores de su granja de soya en Goiás en condiciones deplorables.  
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Dilma Rousseff no está acusada de corrupción. ¿De qué la acusan?

             Por: Redacción Agencias
redaccion@criterio.hn 
Dilma Rousseff: la presidenta brasileña será sometida a un juicio político en el Congreso que la aparte del cargo. 

A presidente Dilma Rousseff durante entrevista coletiva sobre a Copa do Mundo, em Brasília, na segunda-feira. 14/07/2014 REUTERS/Ueslei Marcelino
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff,enfrentará un juicio político que podría terminar en su destitución
En Brasil, hay acusaciones de todo tipo contra políticos: desde recibir suculentos sobornos u ocultar cuentas bancarias en el exterior, hasta planear la fuga del país de un preso en un avión particular. Y luego está el proceso para iniciar un juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que este domingo fue aprobado en la Cámara de Diputados.
De corrupción a homicidio culposo: las acusaciones contra los congresistas que definen el destino de Dilma Rousseff en Brasil.
Cómo sigue ahora el proceso para destituir a la presidenta
La votación –en la que se decidió trasladar la acusación al Senado– se dio después de que una comisión especial de Diputados le diera luz verde al proceso a inicios de la semana, por considerar que hay indicios que la presidenta cometió crímenes “de responsabilidad”.
Pero la principal acusación que podría costarle el cargo a Rousseff no es exactamente por el dantesco escándalo de sobornos en Petrobras, que salpica a su gobierno y a la clase política brasileña en general.
Una gasolinera y un regalo misterioso: así empezó el escándalo que asedia al gobierno de Brasil.
Tampoco se basa en los señalamientos de que la campaña de reelección presidencial en 2014 recibió dinero desviado de la petrolera estatal y de grandes obras públicas, como se ha reportado que admitieron exejecutivos de la constructora Andrade Gutierrez ante los fiscales.
¿O quizá la denuncia se apoye en el testimonio de Delcídio do Amaral, quien tras ir preso siendo el principal senador del oficialismo acusó a Rousseff de intentar liberar empresarios involucrados en el caso Petrobras, nombrando a un alto magistrado?
Pues no.
El pedido de impeachment a Dilma Rousseff ha generado protestas a favor y en contra.
La acusación central contra Rousseff en el Congreso es que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.
Y ha causado una gran fisura en Brasil, separando a quienes creen que sería justo destituir a la presidenta por algo así de quienes sostienen que sería una injusticia o hasta un golpe de Estado.
La tensión que genera este tema fue evidente en el voto de la comisión, con fuertes acusaciones entre los diputados, gritos y desorden a la hora de la votación.
Y también es visible en la valla que se instaló frente al parlamento para separar a los partidarios de la presidenta Rousseff de aquellos que exigen su salida.
“Lo que está en juego no es sólo una cuestión legal, sino de estrategia política de los actores involucrados”, dijo Carlos Pereira, politólogo de la Fundación Getulio Vargas, una universidad brasileña de élite, en declaraciones a BBC Mundo.
La denuncia
El pedido de impeachment a la presidenta llegó al Congreso en octubre del año pasado, con la firma de tres juristas.
Uno de ellos, Hélio Bicudo, tiene 93 años y fue fundador del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff.
El jurista que fundó el partido de la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, y hoy busca su caída. Y días después de formular la denuncia, Bicudo dijo a BBC Mundo que la presidenta había cometido una serie de actos “en el sentido de violar la legislación respecto a la salud fiscal del país, dando la impresión de que todo estaba bien”.
Helio Bicudo
Helio Bicudo
Hélio Bicudo: de exfundador del partido de Rousseff pasó a ser uno de los autores del pedido de juicio político a la presidenta.
La denuncia alude en particular a lo que en Brasil se denominan “pedaladas fiscales”, que implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno.
El argumento es que esa práctica está prohibida por una ley de Responsabilidad Fiscal, pero el gobierno lo hizo de todos modos para exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos.
Por eso mismo, el Tribunal de Cuentas brasileño rechazó las cuentas de la administración de Rousseff en 2014, año en que fue reelecta por escaso margen.
Aunque esas maniobras contables fueron usadas por gobiernos anteriores, hay datos oficiales que indican que se volvieron mucho más frecuentes durante la gestión de Rousseff.
Los denunciantes sostienen además que las irregularidades continuaron en 2015, algo clave ya que varios juristas creen que la presidenta sólo puede ser juzgada por delitos cometidos en su actual mandato.
La defensa
Rousseff, que nunca ha sido acusada de enriquecimiento ilícito, niega haber cometido el crimen de responsabilidad que le atribuye la oposición o delito alguno que vuelva legal el juicio político.
“¿Impeachment sin crimen de responsabilidad qué es? Es golpe”, ha dicho la exguerrillera izquierdista de 68 años que en 2011 asumió como la primera presidenta mujer de Brasil.
Luis Almagro Secretario General de la OEA
Luis Almagro: el secretario general de la OEA negó que
haya una acusación “bien fundada” contra Rousseff.
Su defensa en el Congreso negó además que alguno de los actos denunciados haya sido firmado por Rousseff y afirmó que desde que fue reelecta sus opositores buscan una forma de terminar su mandato.
También alegó que, al aceptar la denuncia contra la mandataria, el presidente de Diputados, Eduardo Cunha, actuó por “venganza”. Cunha enfrenta varias denuncias de corrupción, incluido el cobro de sobornos y ocultamiento de cuentas en el exterior.
La presidenta recibió este mes el apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el excanciller uruguayo Luis Almagro.
“Si hubiera una acusación (contra Rousseff) bien fundada, como la ha habido en otros casos en Brasil, entonces perfecto, se va por ese camino. Pero hoy eso no existe, y es muy deshonesto plantearlo en estos términos”, sostuvo Almagro.
EduardoCunha
EduardoCunha
El informe
En cambio, la comisión de Diputados que analizó el pedido de impeachment se pronunció el lunes a favor de abrir el proceso contra Rousseff, afirmando que los hechos denunciados contribuyeron a “una crisis fiscal sin precedentes” en el país.
Redactado por el diputado Jovair Arantes y aprobado en la comisión con 38 votos a favor y 27 en contra, el informe sostiene que la denuncia apunta a una “usurpación” de la prerrogativa del Congreso de autorizar gastos públicos.
“Tales actos revelan serios indicios de gravísimos y sistemáticos atentados a la Constitución”, sostuvo.
 Aunque la denuncia original contra Rousseff asocia los problemas fiscales del gobierno con el escándalo en Petrobras, Arantes evitó considerar ese argumento.
Y la justicia rechazó un pedido para anexar a la denuncia la acusación que le hizo a la mandataria el senador Amaral, tras ser detenido por planear la fuga en avión de un exdirector de Petrobras preso.
Ahora corresponde al Senado definir la suerte de Rousseff, en un proceso que mezcla ingredientes jurídicos con políticos en medio de una feroz recesión.
La Cámara de Senadores deberá decidir por mayoría simple si lo abre y obliga a Rousseff a apartarse del cargo por hasta 180 días mientras la juzga.
“Juego abierto”
El politólogo Pereira sostuvo que si esta denuncia naufraga, el presidente de Diputados podría activar otra de las nueve que ha recibido contra la mandataria, como el propio Cunha ha insinuado que haría.
Pero intentar juzgar en el Congreso a Rousseff por presunto financiamiento ilícito de su campaña implicaría riesgos para el partido de Cunha, el PMDB, que rompió con el gobierno días atrás.
El vicepresidente Michel Temer, primero en la línea de sucesión de Rousseff, pertenece a ese partido y podría caer junto con ella, ya que la campaña involucró a ambos. El máximo tribunal electoral ya analiza denuncias opositoras sobre esto.
Al igual que Rousseff, el vicepresidente brasileño y actual adversario de la mandataria, Michel Temer, enfrenta el riesgo de ir a un juicio político.
Algunos creen que por eso Cunha optó primero por la denuncia presentada en octubre de 2015.
Un ministro del Supremo determinó la semana pasada que Diputados debe instalar otra comisión para analizar un eventual impeachment contra Temer, porque también habría autorizado “pedaladas fiscales”.(Tomado de BBC)  
http://criterio.hn/dilma-rousseff-no-esta-acusada-corrupcion-la-acusan/
      

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