• Entre
2011 y los primeros cinco meses de 2015, la Fiscalía hondureña recibió
297 denuncias por diferentes “delitos cometidos” por militares
hondureños, entre ellos asesinatos, violaciones, torturas, abusos y
desaparición forzada.
• Los
delitos como abuso de autoridad, violencia doméstica, daños, lesiones y
faltas contra las personas son los más denunciados según datos del
Ministerio Público.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). -
El 2 de septiembre de 1995 miembros del Congreso de los Estados Unidos
enviaron una carta al presidente William J. Clinton como parte del
proceso de desclasificación de información pública para conocer la
verdad sobre los abusos militares cometidos por las Fuerzas Armadas en Honduras.
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/investigaciones/militares-hondure%C3%B1os-implicados-en-cerca-de-300-delitos-en
«Estimado
Señor Presidente: El Gobierno de Honduras está haciendo un serio
esfuerzo para reducir la influencia de las Fuerzas Armadas en asuntos
civiles. En julio, el gobierno acusó a 11 militares entre ellos activos y
retirados por su alegada responsabilidad en el secuestro y tortura
durante los años ochenta (…)», decía la carta.
El
escenario de esta misiva fue la ciudad de Washington, DC, a más de
5,300 kilómetros de distancia de Tegucigalpa, la capital de Honduras.
Este proceso de solicitudes de información fue realizado por el entonces
Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Leo Valladares
Lanza, que publicó el informe preliminar en “En búsqueda de la verdad
que se nos oculta”.
Cuatro
años antes de que los congresistas estadounidenses enviarán esa carta a
Clinton, la impunidad de las Fuerzas Armadas se puso en vilo porque
varios de sus miembros fueron acusados por la violación y asesinato de
la estudiante, Riccy Mabel Martínez Sevilla.
Su
cadáver fue encontrado en un riachuelo el 15 de julio de 1991. El
testigo principal de este crimen fue asesinado en un aparente robo.
Diez años después del caso: Riccy Mabel Martínez Sevilla.
El
asesinato de la joven se convirtió en un símbolo para el proceso de
desmilitarización de la sociedad que avanzó con la abolición del servicio militar obligatorio,
la consolidación del mando civil sobre el poder militar y la separación
de las Fuerzas Armadas de las funciones policiales y de Seguridad
Pública.
Pasaron
16 años desde que le enviaran esta carta a Clinton, y 10 años del
asesinato de Martínez Sevilla; entonces, en julio de 2011, la Comisión
de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que investigó todo lo
relacionado con el Golpe de Estado en Honduras, revelaba que «las
Fuerzas Armadas habían pasado por un proceso de reforma desde mediados
de la década de años noventa».
«Uno
de los resultados de la reforma fue la salida de las Fuerzas Armadas
de la administración pública; sin embargo, en el período de Gobierno del
presidente Zelaya, las Fuerzas Armadas y su alta jerarquía fueron
beneficiadas desde el Poder Ejecutivo con disposiciones al margen de
los reglamentos de la institución, con recursos presupuestarios
adicionales y con la asignación de funciones en la administración
pública (ENEE)».
Las Fuerzas Armadas sacaron a Zelaya del país en vez de ponerlo a la orden de un tribunal, sentenció la CVR.
Vea además:
Prohibir Fuerzas Armadas en funciones policiales
La
CVR recomendó revisar en la Constitución de la república, “la función
de las Fuerzas Armadas (…) así como establecer claramente la
prohibición de utilizarse para funciones policiales”.
Después
del 28 de junio de 2009, los militares fueron colocados en puestos
estratégicos, Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel),
Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Dirección Nacional de Migración y
Extranjería y Secretaría de Seguridad Pública.
En
el gobierno del presidente, Porfirio Lobo Sosa, entre 2010 y 2014, los
militares retomaron funciones de seguridad pública, en la Operación
Relámpago.
En
el contexto de estas operaciones, el 27 de mayo de 2012, un comando
militar acribilló al adolescente, de 15 años, Ebed Yaassiel Yanes
Cáceres. Le dispararon con sus fusiles automáticos porque no hizo alto
ante la señal militar.
Solamente
uno de los homicidas fue condenado, los demás cometieron homicidio pero
al no haber sido acusados por ese delito no se les puede condenar,
falló el Tribunal de Sentencia.
Mientras tanto, la cúpula militar
enjuiciada por encubrir este crimen está en la impunidad porque sus
defensores han interpuesto recursos que mantienen paralizado el proceso o
porque los jueces les han dado cartas de libertad.
A
pesar de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación (CVR) y pese al crimen contra el adolescente, el 24 de
agosto de 2013, el Congreso Nacional creo la Policía Militar del Orden
Público adscrita a las Fuerzas Armadas para legalizar el hecho de
utilizarles para funciones policiales.
Han pasado 21 años desde que esa carta mencionó la reducción de la influencia de las Fuerzas Armadas en asuntos civiles.
Sin
embargo, en la actualidad aunque las denuncias de abusos y asesinatos
por parte de militares suman y siguen –dicen los líderes sociales- de
nuevo se pretende militarizar la seguridad pública, debilitando a la
Policía Nacional.
Militares implicados en cerca 300 “delitos”
Entre
2011 y cinco meses de 2015, la Fiscalía recibió 297 denuncias por
diferentes supuestos delitos de militares hondureños, de acuerdo con
cifras de la Oficina de planificación estratégica y gestión de la
calidad (Opegec).
En
esos cuatro años y medio, informó la Opegec, los primeros dos delitos
más denunciados, supuestamente cometidos por militares fueron abuso de
autoridad y allanamiento de morada ajena.
La
intensificación de la violencia militar se puede medir también porque
en 2015, el Comité por la Libre Expresión registró 27 ataques de
miembros de las Fuerzas Armadas en contra de comunicadores, portavoces
en labores de defensoría, manifestantes, líderes comunitarios y
campesinos.
Ejemplos específicos
En
diciembre de 2015, la Plataforma de los Movimientos Sociales y
Populares de Honduras condenó enérgicamente el asesinato de los
garífunas Joel Palacios Lino (24 años) y Elvis Armando García (19
años), perpetrado por militares de la Fuerza Naval hondureña en la zona
de la barra de Iriona el día 27 de diciembre.
«Los
uniformados con plena impunidad, sin mediar palabra dispararon sus
armas oficiales mientras los compañeros removían un vehículo atascado en
la arena».
«Lo
anterior es parte de una serie de asesinatos, represión e impunidad que
se ejerce dentro de una estrategia estructurada y sostenida de
exterminio de los pueblos indígenas y negros en Honduras que ha
alcanzado solo en este mes de diciembre y no solo al Pueblo Garífuna
sino nuevamente al Pueblo Lenca tras el asesinato del joven Javier
Vásquez Benítez miembro de la organización MILPAH en Santa Elena, La
Paz, en fecha 21 de diciembre», dice el comunicado. El COPINH cuenta
con una lista de más de 10 miembros asesinados, señalaron.
Las miradas de líderes indígenas y campesinos
Un
mes y siete días antes de que la mataran, la lideresa indígena,
coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras (COPINH), Berta Cáceres, informó que el indígena Tomás
García fue asesinado por un militar del Batallón de Ingenieros condenado
por el crimen y el militar también hirió al menor Allan García.
Fausto
Vásquez del COPINH mencionó que su hermano Benito Vásquez fue
asesinado, en 2013, por un militar de Fuerzas Especiales, en Santa
Elena, departamento de La Paz.
El
coordinador del COPINH, el indígena Tomás Gómez Membreño, cuestionó que
el gobierno ha puesto en la agenda de la opinión pública los asesinatos
del zar antidrogas, Julián Arístides Gonzáles, Alfredo Landaverde, el
fiscal Orlan Chávez, no porque al gobierno le importe hacer justicia
sino “porque la política de Estado tiene que ver con revivir estos casos
para militarizar el país”.
“La
militarización le interesa al señor Juan Orlando Hernández, han sacado
temas de cómo fue el asesinato del fiscal para militarizar, eliminar la
policía con el fin de militarizar el país”.
La
privatización y la concesión de los bienes de la naturaleza, con la
militarización se va a incrementar más y los asesinatos, como la
criminalización, dijo Gómez Membreño.
El
secretario de la Plataforma Agraria Regional del Aguán, Vitalino
Álvarez, declaró que si bien es cierto la Policía Nacional no ha actuado
bien, el gobierno se está llevando de encuentro a buenos policías y
tratan de desvincularse de los policías ligados al crimen organizado por
la presión de la Comisión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad
en Honduras (MACCIH).
Según
Álvarez, el gobierno está traicionando a los policías ligados a la
criminalidad, así como han traicionado a los narcotraficantes, a los
empresarios porque está organizando su propio ejército para que lo
defienda.
Por
su parte, el coordinador del Movimiento Indígena Lenca de la Paz
(MILPAH), Salvador Zúniga, consideró que la depuración es un cuento que
viene desde 2001 desde que el ministro de
Seguridad era Gautama Fonseca.
«El
crimen de los zares antidrogas, Julián Arístides y Alfredo Landaverde,
hace días que se sabía quiénes lo habían matado y lo sacan ahora porque
quieren desviar la atención del asesinato de Berta Cáceres, pero también
del papel de la MACCIH».
A juicio de Zúniga, la militarización busca consolidar el proyecto de reelección y eliminar la Policía Nacional Civil.
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