Redacción Central / EL LIBERTADOR / 9 de Marzo 2016
Tegucigalpa. Una
serie de defectos en la investigación sobre el asesinato de la líder
indígena Berta Cáceres pone de manifiesto la absoluta falta de voluntad
del gobierno, denunció la organización Amnistía Internacional en su
visita a Honduras.
“Las
autoridades hondureñas dicen una cosa y hacen otra. Nos han dicho que
están decididas a encontrar a los responsables de la muerte de Berta
Cáceres, pero no han seguido las líneas de investigación más básicas,
incluido el hecho de que Berta llevaba mucho tiempo recibiendo graves
amenazas de muerte en relación con su labor de defensa de los derechos
humanos”, ha declarado la directora regional de Amnistía, Erika
Guevara-Rosas.
“Esta
terrible inacción está transmitiendo el peligroso mensaje de que
cualquiera puede matar impunemente a quienes se atreven a enfrentarse a
los más poderosos de la sociedad. Que las autoridades parecen dispuestas
a intercambiar vidas por dinero.”
“El
hecho de que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández Alvarado,
siga negándose a reunirse con los familiares de Berta Cáceres, con otros
defensores y defensoras de los derechos humanos y con Amnistía
Internacional es sencillamente inexcusable. Enterrando la cabeza en la
arena, sólo conseguirá poner la vida y la seguridad de más activistas en
grave peligro.”
La
dirigente Berta Cáceres, líder y cofundadora del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), murió por
disparos el 3 de marzo en su casa de la localidad de La Esperanza, zona
occidental de Honduras.
Durante años, había hecho campaña activamente contra la construcción de la represa de Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco.
Hasta
el momento sólo se ha citado a declarar a miembros de Copinh. Al
activista de derechos humanos Gustavo Castro, que estaba con Berta
cuando la mataron, le impidieron salir de Honduras rumbo a su país,
México, incluso después de prestar declaración varias veces y pese a las
graves amenazas contra su vida.
Ninguna
de las personas a las que Berta denunció por sus constantes amenazas y
acoso, entre ellas representantes de empresas que trabajan en la zona,
ha sido citada a declarar.
Según
Global Witness, Honduras es el país más peligroso del mundo para los
activistas que trabajan en defensa del derecho de los pueblos indígenas a
la tierra. Entre 2002 y 2014, 111 defensores y defensoras de los
derechos humanos fueron asesinados como castigo por su trabajo: 12 de
ellos únicamente en 2014.
En
mayo de 2015, Honduras aprobó una nueva ley para proteger a los
defensores y defensoras de los derechos humanos y a los periodistas. La
ley en cuestión creó un sistema nacional de protección pero, hasta la
fecha, su implementación ha sido absolutamente insuficiente.
Según cifras oficiales, sólo se ha inscrito en dicho mecanismo a seis defensores de los derechos humanos y a cuatro periodistas.
“Las
acciones dicen mucho más que las palabras. El contar con un programa
que apenas beneficia a nadie no va a resolver la crisis de derechos
humanos a la que se enfrenta Honduras. En lugar de eso, las autoridades
deben garantizar que quienes mataron a Berta Cáceres comparecen ante la
justicia, y que se toman todas las medidas necesarias para proteger a
quienes defienden los derechos humanos en todo el país”, Guevara-Rosas.
Una
delegación de Amnistía Internacional que ha visitado Honduras se ha
reunido con funcionarios de la secretaría de Gobernación, así como con
representantes de alto nivel de la Secretaría de Seguridad, la
Secretaría de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público y la
Procuraduría General del Estado. El equipo se ha reunido también con
representantes de la sociedad civil.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/justicia/1104-presidente-hondureno-no-se-reunio-con-amnistia-internacional-sobre-crimen-de-ambientalista
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