Por: Thelma Mejía
Tegucigalpa.-
El más reciente informe oficial que sirvió de base para disolver el
Consejo de la Judicatura, adelantar la renuncia de los Concejales,
eliminar la ley que le dio vida y devolver plenos
poderes a la figura del presidente del Poder Judicial, permitió también
conocer de a poco los secretos de la tasa de seguridad y la
discrecionalidad en el uso de sus fondos.
De
acuerdo al Informe de la Mesa Técnica de Verificación de Actuaciones en
Administración de Personal, de la Corte Suprema de Honduras, el Consejo
de la Judicatura hizo uso discrecional de una resolución
aprobada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) que
autorizaba el uso discrecional de los fondos de la tasa de seguridad
para otorgar un “incentivo navideño” a los operadores de justicia por su
lucha en el combate al delito y la criminalidad.
Esta
partida de pago de incentivos, obviamente no es pública en el
presupuesto de la República, puesto que el dinero de la tasa de
seguridad es secreto según el CNDS amparado en la llamada ley de
secretos
oficiales.
Gracias
a ese trabajo de la Mesa Técnica del Poder Judicial es que sabemos que
existe la resolución CNDS-0127/2014 en la cual se aprueba una partida
millonaria de un poco más de tres millones de lempiras
para otorgar a los operadores de justicia para beneficio propio y de
sus familias un incentivo navideño por su lucha contra el crimen
organizado y el crimen en todas sus manifestaciones.
Fue así
que el Consejo de la Judicatura haciendo uso de esa plata la repartió a
diestra y siniestra entre quienes consideró se fajaron en la lucha
anticrimen: asesores de la presidencia del poder judicial,
secretarias, todos los motoristas de los concejales del ya disuelto
Consejo, secretaria general, jefe de protocolo y eventos especiales,
Presidencia, dirección administrativa, encargado de flota, entre otros.
Es hasta curioso, pero el motorista que se hizo
abogado y fue ascendido a la Defensoría Pública aparece como
beneficiado del bono navideño bajo la figura de “motorista”. Le dieron
14 mil lempiras de bonificación navideña ¡Cosas veredes Sancho, amigo!
Así
fueron repartidos un poco más de 1.7 millones de lempiras por concepto
de bono navideño de la tasa de seguridad a personal que no fueron ni
jueces ni actores que, en apariencia, tuvieron que luchar
frente a frente contra el crimen, según deja entrever el documento
oficial.
Pero
como el poder legal constituido ya le estorbaba el Consejo de la
Judicatura y sus abusos, los ciudadanos pudimos darnos cuenta de esa
discrecionalidad con que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad
maneja los recursos procedentes del impuesto que saca a la clase media,
al amparo de la ley de secretos. El poder suelta lo que quiere cuando
desea deshacerse de algo.
No es
que sea malo incentivar a quienes trabajan en la dura lucha contra el
crimen organizado, pero ¿quién garantiza—a la luz de lo que hizo el
Consejo de la Judicatura—que los otros operadores de justicia
no hicieron un uso discrecional similar? La duda sigue al periodista.
Echando
una mirada al portal de transparencia de la tasa de seguridad
poblacional uno aprecia que el 39% de los más de ocho mil millones de
lempiras recaudados por este impuesto, se han ido para las
Fuerzas Armadas de Honduras—aparte de su presupuesto anual asignado–,
29% para la secretaría de Seguridad, 18% a la Dirección de Inteligencia y
apenas 2% al Poder Judicial y 4% al Ministerio Público.
Y si de
prevención se trata, la distribución de los fondos del tasón de
seguridad es deplorable: apenas 6% de esos fondos van para programas de
prevención, mientras los gobiernos locales o municipios
dando gracias les asignan un 1% de esos más de ocho mil millones que
generan los hondureños mediante ese impuesto. El Estado y el gobierno se
estrellan con sus propias cifras.
La
militarización de la seguridad pública tiene una carrera ascendente y la
tasa de seguridad sigue sin ser transparente en su rendición de
cuentas, pues coloca lo que le conviene o lo que sugiere el
CNDS que parece haberse colocado como un órgano supranacional por
encima de la Constitución y del propio IAIP.
En el
portal de transparencia de la tasa de seguridad poblacional dice que al
31 de enero de 2016, tenía fondos disponibles por más de nueve mil
millones de lempiras, pero en ninguno de sus ítem aparece
la resolución del CNDS que dio vida al famoso bono navideño; es decir,
sino es por ese informe del poder judicial, nunca nos hubiésemos dado
cuenta los hondureños de esos usos confidenciales de partidas
presupuestarias.
De ahí
la importancia de reformar la ley de secretos porque al amparo de la
misma se están cometiendo actos que todo indica riñe con la ley, más aún
ahora que en nombre de la “seguridad nacional” las
autoridades de la desaparecida DEI han dicho que el nuevo Sistema
Aduanero de Rentas (SAR) será de seguridad nacional. ¿Más secretos a los
secretos?
De cara
a la instalación formal de la Misión de Acompañamiento contra la
Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), su acceso a la
información pública será puesto a prueba porque encontrará no
solo un poder judicial concentrado y controlado bajo una sola figura,
sino que también más secretos en estas Honduras.
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