Escrito por Redacción | Enero 12 del 2016 Secciones: Transparencia y Corrupción
- La selección tendrá lugar el próximo 25 de enero de 2016, cuando los diputados y diputadas del Congreso Nacional elijan a los y las integrantes de este alto tribunal de justicia. Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-
- El sistema de justicia hondureño atravesará en los próximos días por una de las pruebas decisivas que abonará al Estado de Derecho o a la profundización del debilitamiento de la institucionalidad, con la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2016-2023, advirtió en un comunicado público la Coalición contra la Impunidad, una organización Integrada por 19 organizaciones defensoras de derechos humanos.Este evento de selección y elección de magistrados(as) a la CSJ que está llegando a su etapa conclusiva en las próximas semanas, no ha sido propiamente un recorrido de luces y sombras, sino que un largo proceso de irregularidades, sostuvieron.
“La
Junta Nominadora, ente encargado de la primera fase de este proceso,
fue conformada sin que rigieran reglas democráticas para la elección de
los representantes de este organismo, siendo notorio que los integrantes
de la misma se designaron bien por votaciones poco representativas o
por decisiones de carácter discrecional. Evidenciándose en estas
designaciones el sesgo político y el afán de control de este organismo”.
Opacidad de la Junta Nominadora
Para
la Coalición, esta Junta Nominadora una vez instalada se ha
caracterizado por desarrollar sus funciones con marcada opacidad, siendo
ajenas sus actuaciones a la transparencia y publicidad de conformidad a
la ley.
“Hasta
la fecha se desconoce la información trascendental sobre los
candidatos(as) que han participado en este proceso. De igual modo, las
actas de la Junta Nominadora se manejan en secretividad”, lamentaron.
De
acuerdo con el análisis de la organización, “la evaluación de los
candidatos(as) realizada por la Junta Nominadora, ha sido de carácter
subjetivo, sin que prevalezca un criterio de carácter institucional,
formal o técnico, considerando que la matriz de calificaciones que se
implementó resultó un instrumento poco eficaz, y al final lo que
prevaleció no fueron los méritos y capacidades de los evaluados, si no
que los criterios de carácter individual de los integrantes de la Junta
Nominadora”.
Audiencias Públicas “improvisadas”
Las
audiencias públicas, cuyas resultados o puntuaciones se desconocen, se
desarrollaron sin mayor trascendencia, prevaleciendo en las mismas un
proceder improvisado de la Junta Nominadora, sin que estas se realizaran
con una pauta de exhaustividad respecto a los antecedentes de los
candidatos, señalaron.
De
los 200 candidatos(as) que iniciaron este proceso, al final la Junta
Nominadora seleccionó 97 para continuar en el mismo y participar en las
audiencias públicas. Pero como una muestra de la arbitrariedad y la
falta de congruencia institucional, los 97 seleccionados se hicieron no
por calificaciones si no que por votaciones de los integrantes de la
Junta Nominadora, lo que evidencia que al final prevaleció el sesgo
político, las preferencias personales y los prejuicios al momento de
decidir sobre quienes serían los que continuarían en el proceso.
Además,
que se incluyeran en la lista de los 97 a 4 de los magistrados actuales
de la Corte Suprema de Justicia refleja la debilidad de los criterios
utilizados, ya que sus candidaturas debieron ser rechazadas ipso facto
por la Junta Nominadora, pues de acuerdo con la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en la sentencia López Lone y otros vs. Honduras, estos
magistrados(as) cometieron un ilícito internacional mediante un golpe
de Estado en 2009, lo que a la luz del Tratado General de Paz y Amistad
adoptado el 12 de marzo de 1923 por los cinco Estados centroamericanos,
estos cuatro magistrados se colocaron en una condición de inelegibilidad
para ocupar las altas magistraturas del Estado.
Según
se conoció la Junta Nominadora entregará al Congreso Nacional el
listado de los 45 candidatos(as), de los cuales este poder del Estado
elegirá a los 15 magistrados y magistradas a la Corte Suprema de
Justicia, el próximo 25 de enero.
El listado
La
Coalición también instó a la Junta Nominadora a que en el listado de
los 45 candidatos no se incluyan profesionales que estén relacionados
con actos de corrupción, bien sea por actos en el ejercicio profesional
de la abogacía o por actuaciones en la judicatura. Especialmente si se
trata de vínculos con el crimen organizado, delincuencia común o saqueo
de las instituciones estatales.
“Deben
ser excluidos de ese listado todos aquellos profesionales que tengan
denuncias o impugnaciones por hechos relacionados con violaciones de
derechos humanos o, por actuaciones indebidas en el ejercicio de la
jurisdicción. Asimismo, no pueden formar parte del listado de 45
candidatos(as), los profesionales del derecho que por su ejercicio
profesional o de la judicatura, se infiera su falta de coherencia moral e
institucional para desempeñarse de forma independiente en la Corte
Suprema de Justicia”, indicaron.
“En
cuanto a la selección del listado de los 45 candidatos(as), -indicaron-
es oportuno que una vez entregado el mismo al Congreso Nacional, se
debe proceder inmediatamente a darlo a conocer a la opinión pública para
que se produzca el debate sobre los candidatos y candidatas a la Corte
Suprema de Justicia y que de cara a la transparencia, al menos como
última actuación, que se levante acta de conocimiento público, en donde
se hagan constar de forma motivada las razones y valoraciones que les
llevaron a seleccionar a los candidatos y candidatas que conforman ese
listado final que remiten al Congreso Nacional”.
Finalmente,
la Coalición contra la Impunidad, hizo un llamado a todas las
organizaciones populares, movimientos sociales y organizaciones de la
sociedad civil en general, para que se involucren en la elección de los
magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia. En este
debate todos tenemos cabida, bien sea para señalar debilidades del
proceso, actuaciones imprescindibles al momento de la elección, los
antecedentes de los candidatos seleccionados y cualquier otra
observación o señalamiento producto del monitoreo de este proceso.
http://conexihon.hn/site/noticia/transparencia-y-corrupci%C3%B3n/coalici%C3%B3n-contra-la-impunidad-exigimos-una-corte-suprema-deCoalición contra la Impunidad está integrada por: la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH), Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Comunidad Gay Sampedrana, Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación / Radio Progreso, Feministas Universitarias, Foro de Mujeres por la Vida, Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Red de Mujeres Jóvenes de Cortés, Red Nacional de Defensoras, Tribuna de Mujeres contra los Femicidios.
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