El
IPP y el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) aglutinan una mínima
parte de periodistas hondureños; la mayoría, no cree en esos órganos que
históricamente han funcionado a favor de grupos de comunicadores de la
prensa tradicional afines al partido político de turno en el gobierno y
de grupos mediáticos que sirven al poder económico nacional y
transnacional. (Gráfica: presidente del IPP y del CPH, Eduin Natividad Romero).
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
La junta directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista
(IPP) decidirá si solicita o no voluntariamente una auditoría de la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) sobre sus operaciones
financieras para evitar ser sancionada por el Instituto de Acceso a la
Información Pública (IAIP) al negarse a entregar información pese a ser
una institución obligada por recibir fondos del Estado.
El
presidente del IPP y del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH),
Eduin Natividad Romero, se comprometió a celebrar una sesión de junta
directiva para decidir sobre la petición de la auditoría en el marco de
una conciliación sugerida por los Comisionados del IAIP, tras culminar
un proceso en el que los dirigentes del ente de previsión no lograron
justificar su negativa a entregar información.
Si
la junta directiva del IPP, representada por Romero, no logra una
conciliación con el periodista Gustavo Palencia, que ha solicitado
información esencial para conocer sobre las operaciones de ese
instituto, los comisionados del IAIP procederán a imponer una sanción
pecuniaria por infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Romero
en una audiencia pública convocada el miércoles por el IAIP, en lugar
de responder a las peticiones de información de Palencia, leyó un
documento denominado “consultoría” elaborado por el abogado Edmundo
Orellana, en el que el ex fiscal general asegura que el IPP no es sujeto
de la ley de acceso a la información pública porque no recibe fondos
estatales, aunque el ente ha captado 53.2 millones de lempiras del
Estado.
Pero
la presidenta del IAIP, comisionada Doris Imelda Madrid, ratificó que
“el Instituto de Previsión Social del Periodista es una institución
obligada de la ley de acceso a la información” tanto por los fondos que
legalmente capta de parte del Estado como por nuevas leyes que obligan a
la CNBS y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a auditar al IPP
Auditoría de la CNBS.
La
Comisionada Madrid anunció la decisión de la sanción monetaria en
contra del IPP por el incumplimiento de la Ley de Acceso a la
información Pública, pero propuso a Romero y Palencia una conciliación.
Romero
manifestó de inmediato su disposición a lograr una conciliación, pero
antes intentó justificar su negativa a dar información dando lectura a
una “consultoría” de Orellana Mercado en la que éste asegura que el IPP
“queda excluido del ámbito de competencia” del IAIP y que su inclusión
“sería una flagrante violación del principio de legalidad”.
Palencia
propuso que “si Romero asegura que los fondos del IPP se han gestionado
pulcramente y no tienen temor a que se encuentren irregularidades”, en
el marco de la conciliación y para evitar la sanción al ente de
previsión, los directivos soliciten voluntariamente a la CNBS una
auditoría de sus operaciones financieras y administrativas.“Vamos a
convocar a una sesión de junta directiva el lunes” para decidir sobre la
petición de la auditoría a la CNBS “pero yo no me puedo comprometer
porque las decisiones las tomamos por unanimidad en la junta directiva”,
dijo Romero.
El
IPP, desde su entrada en operaciones financieras en 1987 nunca fue
sometido a una auditoría de gestión, porque sus dirigentes se escudan en
una interpretación a la ley de creación, aprobada en el Congreso en el
año 2.000, que eximió a dicho ente de la fiscalización de organismos
públicos especializados en supervisión de entes financieros.
Esta
interpretación quedó obsoleta debido a la aprobación de nuevas leyes
que obligan a todos los entes de previsión a someterse a las auditorías
de la CNBS, en tanto que el Tribunal Superior de Cuentas debe fiscalizar
el manejo de los fondos públicos.
El
IPP es el único instituto de previsión en Honduras cuyas operaciones no
están supervisadas, controladas y fiscalizadas, por lo que sus
directivos operan el ente con total discrecionalidad y opacidad.
Los
directivos del IAIP sistemáticamente se han negado a entregar
información como los dos últimos estudios actuariales, de las auditorías
anuales, las actas de los comités de inversiones, entre unas 13
peticiones que develarían la situación financiera del IPP.
Estos
directivos para evitar la fiscalización de la CNBS y del Tribunal
Superior de Cuentas, ilegalmente desistieron de requerir desde el 2014
las transferencias estatales, en un acto en el que incurrieron en el
delito penal de abuso de autoridad, dicen abogados especialistas.
“No hay nada que esconder en el instituto todo está ahí”, aseguró
Romero
significando que los fondos en el IPP se han manejado honestamente. El
comunicador Palencia, que no ha sido acompañado públicamente por los
colegas afectados, demandó que “si no hay nada que esconder pues debe
estar el camino allanado para las auditorías por parte de la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros y la fiscalización del Tribunal Superior de
Cuentas”.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/gyuhkyu/898-directiva-opuesta-a-que-auditen-fondos-de-periodistas-hondurenos
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