Tegucigalpa.Duras críticas contra la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) fueron expuestas por reconocidas defensoras y defensores de derechos humanos en el programa Voces contra el Olvido que se transmite por las frecuencias de Radio Globo a nivel nacional.
En la emisión del sábado 31 de octubre la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva junto a la defensora de derechos humanos Reya Rivera y el director ejecutivo de casa Alianza, José Guadalupe Ruelas expusieron ante el auditorio de este programa, sus críticas frente a la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de “no continuar por los momentos” con la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido posterior al golpe de estado de 2009 en Honduras.
La Fiscalía de la CPI sostuvo que luego de realizar un exhaustivo análisis fáctico y jurídico de la información disponible, se ha determinado que, en este momento, no se han cumplido los requisitos legales previstos por el Estatuto de Roma para solicitar la autorización de los Jueces de la Corte Penal Internacional (“CPI” o la “Corte”) para abrir una investigación en la situación en Honduras.
La Coordinadora General del Comité de familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva dijo debemos reiterar ante la opinión pública que esta decisión quien la ha tomado es la Fiscalía de la CPI y no la Corte Penal Internacional, desde ahí yo siento que ha habido una manipulación en el manejo público de los medios de comunicación en nuestro país.
Oliva sostuvo que las organizaciones van a seguir trabajando para que se reconozca que las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante y después del golpe de estado fueron en realidad: crímenes de lesa humanidad.
“No todo está perdido, cada vez que uno lee el informe de la CPI con más quietud con más tranquilidad, se da cuenta que la Fiscalía de la CPI ha tomado posición al respecto y esa posición es exactamente igual a los perpetradores de violaciones graves a derechos humanos y además la Fiscalía no puede encontrar elementos, porque no quiere los elementos, no los quiere tomar en cuenta, a pesar que son competencia de la CPI”, dijo Oliva.
La defensora de derechos humanos señaló que fue interesante hablar (el viernes 30 de octubre) con los representantes de las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, por ejemplo cuando nos hablaba el presidente de FIAN-Honduras, Esteban Meléndez cuando recordó las primeras semanas después del golpe de estado donde las fuerzas militares y policiales sometieron a toda una comunidad bajo tortura, cuando no dejaban ni siquiera que las pulperías les vendieran comida en Alauca, departamento de El Paraíso a miles de ciudadanos y ciudadanas que se manifestaron en contra del golpe de estado.
No permitían que les alquilaran hoteles, no nos permitían que nosotras lleváramos alimentación, cuando no nos permitían el retorno, sino dormir en la calle a la mayoría de la población. Y en ese entonces ¿cuántas mujeres fueron violadas sexualmente? y además de eso los asesinatos y las detenciones ilegales y arbitrarias de miles y miles de manifestantes, detalló la defensora de derechos humanos.
“Entonces solo recordar eso es terrible, por ejemplo cuando aquí abrieron la Villa Olímpica que la convirtieron en centro de concentración, que no es un lugar para tener a gente detenida y recuerdo con una claridad meridiana cómo lográbamos entrar al siguiente día, y había gente con sus cabezas rajadas, así como que se utilizó el destacamento Cobras (Comando de Operaciones Especiales de la Policía Nacional) para detención de manifestantes”, narró Bertha Oliva.
Las organizaciones de derechos humanos continuarán con su labor a favor de las víctimasEn estos momentos no existe el ambiente oficial o legal para perseguir a los violadores de derechos humanos, que han cometido graves violaciones, pero hay que recordar que esos delitos no prescriben, por lo tanto continuaremos con nuestro trabajo, señaló Oliva.
Tras conocer la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), los grandes medios de comunicación llenaron las portadas de los diarios y de los noticieros radiales y televisivos con grades titulares que reflejaban una especie de júbilo y a la vez de revanchismo contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos hondureños.
Consultada sobre el abordaje que la prensa dio a esta noticia, la defensora de los derechos humanos Reyna Rivera señaló que el manejo mediático de las violaciones a los derechos humanos en Honduras, siempre ha tenido la misma tendencia, porque hay que recordar que la estructura de los medios de comunicación pertenece a grandes corporaciones y a intereses de grupos oligárquicos y justamente en la década de los años ochenta como en el período del golpe de Estado, han sido esas oligarquías las que han liderado todos los procesos de represión ciudadana y de violaciones masivas a derechos humanos.
“Recordemos por ejemplo en los años ochenta, lo que fue la Alianza para el Progreso, un espacio de grandes empresarios que se unieron-decían ellos- para defender la democracia, de movimientos estudiantiles y ciudadanos que planteaban que debería de haber un debate de ideas en el país y sobre el modelo de la democracia hondureña”, explicó Rivera.
Igualmente en el período post golpe de estado, fueron estas mismas oligarquías que hicieron filas alrededor del dictador Roberto Micheletti para consolidar el golpe de estado, para financiar el golpe de estado, para hacer negocios con el gobierno ilegítimo y obviamente los que más se ven amenazados por cualquier persecución internacional, pertenecen a esas oligarquías, expresó la defensora de derechos humanos.
Un fragmento del texto de la comunicación emitida, afirma que “la Fiscalía (de la CPI) concluyó que aunque se cometieron una serie de actos que podían potencialmente constituir crímenes de lesa humanidad en Honduras, la información disponible es insuficiente para concluir que se cometieron como parte de un ataque llevado a cabo de conformidad con la política de un Estado de cometer ese ataque o promover esa política”.
En relación con el período post golpe, la Fiscalía de la CPI concluyó que los crímenes alegados que podían potencialmente constituir crímenes de lesa humanidad (por ejemplo, homicidios, casos de tortura, violaciones y otros actos de violencia sexual, detenciones de larga duración en condiciones graves y atentados graves contra la integridad física), “no se habían cometido de conformidad con la política de un Estado de cometer ese ataque o para promover esa política”.
Aunque parece que el régimen de facto elaboró un plan para tomar el poder y ejercer control sobre el país, la Fiscalía concluyó que el diseño de ese plan y la implementación de las medidas adoptadas conforme a éste no conllevó o constituyó una política para cometer un ataque contra una población civil.
Con lo expuesto en el párrafo anterior, al parecer la Fiscalía de la CPI no tomó en cuenta las graves violaciones de derechos humanos perpetradas bajo un contexto de persecución política contra los opositores al golpe de estado en Honduras.
“Según la CPI todos esos actos fueron antojos de policías, militares y la unidad de crisis, porque no hubo una política dicen ellos, es increíble cómo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) omitió su responsabilidad, lo que pasa también es que como quedó diseñada esa fiscalía en esta primera etapa, es a la víctima y a las organizaciones de derechos humanos a las que les toca investigar y aportar pruebas, imagínese que ese es un organismo tan caro que le cuesta al mundo más de 200 millones de dólares y que está ubicado en Holanda y no investiga de oficio porque ellos solamente revisan fuentes secundarias y son las organizaciones defensoras de derechos humanos las que tienen que buscar la información en las fuentes oficiales”, reveló Reyna Rivera.
Son las víctimas las que tienen que demostrar que en efecto hubo una política de estado para cometer crímenes de lesa humanidad explicó Rivera.
En su intervención el director ejecutivo de Casa Alianza, José Guadalupe Ruelas expuso que un país tan pequeño como Honduras va a ser capaz de desnudar la hipocresía que hay muchas veces en estas instituciones internacionales.
Ruelas señaló que la Fiscalía de la CPI lo que ha dicho es que no ha querido abrir la puerta de la investigación a los pobres de este país, esa puerta solo ha estado abierta para la gente que tiene poder.
“En Honduras la gente con poder del gobierno y la oligarquía, se pusieron de acuerdo fríamente y pusieron dinero y usaron al ejército y a la policía para reprimir a la población, ellos sabían a quienes iban a reprimir, recuerden que cuando salían a manifestaciones ´ los blanquitos´, a esos los cuidaban y cuando salían las manifestaciones de la resistencia, a esos los reprimían”, comentó el defensor de derechos humanos.
Ruelas agregó que habían decidido que a una población que luchaba porque el orden constitucional en Honduras no estuviese roto, a esos había que golpearlos, tirarles gases, matarlos, violarlos, encerrarlos, humillarlos y denigrarlos.
“Y eso fue sistemático, día con día, en el día y en la noche, se les privaba de la libertad de movilización, la Fiscalía de la CPI ha dicho que no quieren investigar, pero nosotros hemos dicho que no nos vamos a dar por vencidos, entonces el pueblo hondureño y las organizaciones de defensa de los derechos humanos,; nunca nos hemos dado por vencidos a pesar de que nos dan garrote por todos lados”, apuntó el director ejecutivo de Casa Alianza.
Todo esto desnuda que la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) no quiso hacer su trabajo bien porque ni siquiera fue al Aguán a comprobar y segundo, según las reglas que a ellos los rigen, ellos tenían que informar a las víctimas y a sus representantes de lo que habían encontrado, y en lugar de hacerlo, lo que hicieron fue informar a los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos.
“Tuvieron toda un semana de poder tergiversar la noticia, de poder hacer fiesta y según ellos de poder salirse con la suya; pero lo único que se hizo - si lo vemos en retrospectiva- fue mostrar quién es cada quien, porque ante esa noticia ¿quiénes salieron?, salieron felices de donde estaban escondidos y en silencio; porque ellos se han callado y nosotros nunca nos hemos callado, y salieron otra vez debajo de las piedras a gritar, eufóricos, con sonrisas falsas, dándose baños de agua bendita y solo les faltó hacer una misa para terminar bien el evento; estaban santificándose porque (la Corte Penal Internacional) no nos abrió la puerta a nosotros”, enfatizó Ruelas.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció la semana pasada que no continuará con el análisis de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Honduras posteriormente al golpe de Estado de 2009 y en la región del Bajo Aguán en Honduras.
“Resulta inaceptable dejar a las víctimas de los mencionados crímenes sin acceso a la justicia ni a la reparación. Dado que las autoridades no han mostrado ninguna intención de investigar estos crímenes a nivel nacional, las organizaciones piden la creación urgente de un mecanismo eficaz e independiente respaldado por la Organización de naciones Unidas (ONU) como lo sería la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH)”, destacó en un comunicado la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembras el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3787:respecto-a-la-decision-de-la-cpi-continuaremos-trabajando-por-las-victimas-afirman-defensores-de-ddhh&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150
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