Tegucigalpa.La directora del Centro por la justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para Mesoamérica y el Caribe, Marcia Aguiluz dijo que ve con preocupación la decisión adoptada por la Fiscalía de la Corte Penal (CPI) de no continuar con el análisis de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos posterior al golpe de Estado de 2009 en Honduras.
“Lo vemos con preocupación en el sentido de que fue un objetivo demostrar en el foro de la CPI, que se habían cometido en Honduras crímenes de lesa humanidad y por supuesto que la decisión causa preocupación y sorpresa”, sostuvo Aguiluz.
Pero más allá de eso, es importante aclarar que esa decisión no implica que los hechos que ocurrieron en Honduras, se tengan que quedar en la impunidad, esa decisión no implica que no se cometieron violaciones a los derechos humanos.
“Más allá de la decisión de la fiscal de la CPI (Fatou Bensouda) es muy importante resaltar “que para ellos (CPI) es claro que sí hubo graves violaciones a los derechos humanos y que el estado está obligado a investigar”, expresó la procuradora de derechos humanos.
“Si bien es cierto, por supuesto nos causa tristeza y preocupación el cierre de la investigación de la CPI, que en todo caso entiendo yo, podría eventualmente reabrirse, pero el tema es que existen otros foros internacionales en los cuales se podría declarar la responsabilidad del estado hondureño”, comentó Aguiluz.
Más bien esta decisión debe ser una oportunidad para el estado para investigar las violaciones a los derechos humanos, para identificar a los responsables y sancionarlos, porque no está diciendo la CPI que no pasó nada, sí está diciendo que ocurrieron graves violaciones a derechos humanos y que la Corte Penal no tiene competencia, pero que sí el Estado está obligado a investigar, explicó la entrevistada a www.defensoresenlinea.com.
La semana pasada en un hotel capitalino, dos representantes de la Corte Penal internacional (CPI) convocaron a una reunión para informar sobre la decisión adoptada y para ello invitaron a todos los representantes de las organizaciones de derechos humanos; sin embargo ninguno de los defensores y defensoras se presentaron al salón, este espacio permaneció vacío durante dos horas, al término del cual, los representantes del organismo internacional, abandonaron el lugar.
En ese mismo hotel y en otro salón, las organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su malestar ante los medios de comunicación por la resolución de la CPI emitida el 28 de octubre respecto a Honduras.
Resulta inaceptable dejar a las víctimas de los crímenes sin acceso a la justicia
En un comunicado se expresó que “la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembros en Honduras, COFADEH y CIPRODEH, lamentan profundamente el anuncio realizado hoy (28 de octubre de 2015) por la Corte Penal Internacional (CPI) de no continuar el análisis de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Honduras posteriormente al golpe de estado de 2009 y en la región del Bajo Aguán”.
“Resulta inaceptable dejar a las víctimas de los mencionados crímenes sin acceso a la justicia y a la reparación. Dado que las autoridades no han mostrado ninguna intención de investigar estos crímenes a nivel nacional, las organizaciones piden la creación urgente de un mecanismo eficaz e independiente, respaldados por la ONU, como lo sería la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
“Crímenes de persecución política, asesinatos, desapariciones forzadas, crímenes sexuales, de género, y de desplazamiento forzado fueron cometidos de forma sistemática como consecuencia del golpe de estado de 2009. El golpe destruyó el estado de derecho en Honduras. Destrozó por completo la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales y de seguridad,” declararon las organizaciones.
“Identificar y juzgar a los responsables de graves crímenes no sólo es necesario para las víctimas y sus familiares, sino también es imprescindible para la población hondureña entera, para restaurar la confianza perdida en el compromiso de su gobierno de servir y proteger a sus ciudadanos y ciudadanas,” señaló el comunicado.
El trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) creada a través del Estatuto de Roma y con sede en la Haya, Holanda no es muy conocido en América, se conoce que el organismo internacional abrió expedientes para investigación en Colombia, México y Honduras, comentó Marcia Aguiluz.
Volviendo al caso de Honduras, Aguiluz señaló que al interior de las organizaciones de derechos humanos “evidentemente existe mucha frustración, porque hay organizaciones que han estado trabajando mucho este tema de la Corte Penal Internacional (CPI) y más allá del trabajo que han hecho, sobre todo porque la situación lo amerita, porque hay preocupaciones respecto de lo que ha pasado en el Bajo Aguán. Hay mucha frustración por lo que pasó en el golpe de Estado, de las miles de personas detenidas y que hasta el momento no hay una sola persona que haya sido sancionada”.
En relación al abordaje que la prensa tradicional hondureña hizo del asunto, Aguiluz expresó que “fue lamentable el abordaje que se ha dado, porque si bien la Fiscalía señaló que no tendría la competencia , sí estableció claramente que habían ocurrido violaciones de derechos humanos, entonces yo no veo el motivo para celebrar, me parece que el estado está obligado a investigar, a identificar y a sancionar a estas personas que cometieron las violaciones de derechos humanos y entonces creo que ha sido una mala interpretación, por supuesto con absoluta conciencia de ello, para celebrar algo, del cual no hay nada que celebrar”.
El 28 de octubre pasado la Fiscalía de la CPI anunció que no continuará su examen preliminar sobre Honduras ya que la situación no cae bajo su competencia. La CPI solo tiene competencia sobre el genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La Fiscal concluyó que, con base en la información disponible en su oficina, los criterios legales correspondientes a estos crímenes no se habían cumplido.
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