/ Hector Gabino
El Nuevo Herald / Sur de la Florida / agosto 13, 2015
José Meléndez / Tegucigalpa
Es una casa ubicada en una urbanización de acceso controlado en el
3533 NW 83 Way en Cooper City, Florida, y aparece registrada en el
condado Broward a nombre de Ana Rosalinda García Carías. La dirección y
la propietaria serían intrascendentes sino fuera porque la residencia,
valorada en cientos de miles de dólares, fue adquirida en junio del 2013
por una de las mujeres con mayor influencia en la política hondureña:
la esposa del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado.
El negocio podría ser una simple transacción inmobiliaria en Estados Unidos entre una extranjera y una empresa corredora de bienes raíces y carecería de importancia, pero fue destapado en medio del fragor del mayor escándalo de corrupción política que ha sacudido a Honduras en el siglo XXI.La política hondureña se vio sacudida recientemente al descubrirse que parte de los recursos sustraídos entre el 2010 y el 2014 en un desfalco por más de $350 millones en el estatal Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), financiaron la campaña electoral del Partido Nacional (PN) en el 2013 con Hernández como su candidato. El PN tomó las riendas del gobierno desde el 2010, primero con el cuatrienio de Porfirio Lobo Sosa y luego con Hernández, quien asumió en el 2014.
La caldera de la polémica fue atizada con la revelación de que García Carías adquirió esa casa en el 2013, a solo cinco días de que su esposo dejara la presidencia del Congreso Nacional de Honduras para convertirse en candidato presidencial por el PN. Hernández había presidido el parlamento desde enero del 2010 hasta el 12 de junio del 2013.
“Cuando se presenta en Honduras la noticia de que la Primera Dama tiene una casa en Miami de un valor considerable, la situación de desconfianza que existe alrededor de la familia presidencial es muy alta”, dijo el hondureño Wilfredo Méndez, director del (no gubernamental) Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos y uno de los líderes del movimiento de indignados contra la corrupción que surgió en mayo pasado.
Consultado por el Nuevo Herald, Méndez recalcó que “si se tiene en cuenta el antecedente de que se llegó a la Presidencia bajo una campaña financiada con fondos de la seguridad social, es decir, sobre la muerte y el dolor, esos niveles de señalamiento generan una reacción social de condena y de desconfianza sobre cómo se adquirieron esos recursos para adquirir esa casa en Miami”.
De acuerdo con los registros públicos de la propiedad del condado Broward, la casa en la comunidad de Monterra fue adquirida por García Carías el 17 de junio del 2013 por $804,600. El año pasado se pagaron $18,029.22 en impuestos y actualmente tiene un valor gravable de $716,980.
De acuerdo con denuncias de la oposición en Honduras, la Primera Dama habría hecho un pago adicional de $505,205 pero esa operación no aparece en los registros oficiales en Estados Unidos.
La Primera Dama se ha defendido ante los cuestionamientos en su contra. En una declaración, García Carías argumentó que “ante la campaña de desinformación generada por los enemigos de la lucha contra la corrupción liderada por el Gobierno de Honduras, al pueblo hondureño y a la comunidad internacional hago saber que mi familia tiene una propiedad en EU, inscrita en registro de acceso público, a mi nombre. Que esta propiedad se adquirió con un crédito a 30 años plazo, con un banco en EU”.
“Como corresponde, esta propiedad ha sido declarada en el Tribunal Superior de Cuentas” de Honduras, alegó, al justificar que “como profesional (abogada) con un expediente laboral amplio, forjado con el trabajo honesto y responsable, acompaño la lucha por la transparencia como valor transversal del Gobierno y de toda la sociedad hondureña”.
En ese mismo tenor, la hondureña Hilda Hernández Alvarado, ministra asesora de Estrategia y Comunicación del gobierno de Honduras y hermana del presidente Hernández, aseveró en su cuenta de Twitter que “primero fue mi casa, ahora es la de Ana. Somos gente trabajadora y seria, mi casa tiene un financiamiento y el terreno herencia de mis hijos”.
“Hemos trabajado toda la vida y somos transparentes, actuamos con la verdad por delante, podemos dar pruebas de nuestra honradez”, puntualizó.
Pero más allá de los alegatos defensivos, el escándalo por la mansión estalló en un momento de profunda crisis institucional en Honduras. Las denuncias sobre la filtración de dineros del fraude al IHSS hacia el PN y la campaña electoral de Hernández provocaron en mayo anterior el surgimiento de un masivo movimiento de indignados, que todos los viernes por la noche desfilan por Tegucigalpa y otras ciudades en marchas de antorchas para exigir la renuncia de Hernández y el encarcelamiento de todos los involucrados en el millonario ilícito.
Arrinconados por las presiones políticas internas, el PN y Hernández admitieron haber recibido fondos de compañías fantasmas o de maletín implicadas en el caso del IHSS, pero aclararon que desconocían el origen del dinero. El presidente, quien también afirmó que en su administración nadie goza de impunidad, debió recurrir a las organizaciones de Estados Americanos (OEA) y de Naciones Unidas (ONU), para buscar que, con un papel de facilitadores, gestionen un diálogo nacional contra la corrupción que fue instalado la semana pasada en Tegucigalpa.
Fuente: El Nuevo Herald
El negocio podría ser una simple transacción inmobiliaria en Estados Unidos entre una extranjera y una empresa corredora de bienes raíces y carecería de importancia, pero fue destapado en medio del fragor del mayor escándalo de corrupción política que ha sacudido a Honduras en el siglo XXI.La política hondureña se vio sacudida recientemente al descubrirse que parte de los recursos sustraídos entre el 2010 y el 2014 en un desfalco por más de $350 millones en el estatal Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), financiaron la campaña electoral del Partido Nacional (PN) en el 2013 con Hernández como su candidato. El PN tomó las riendas del gobierno desde el 2010, primero con el cuatrienio de Porfirio Lobo Sosa y luego con Hernández, quien asumió en el 2014.
La caldera de la polémica fue atizada con la revelación de que García Carías adquirió esa casa en el 2013, a solo cinco días de que su esposo dejara la presidencia del Congreso Nacional de Honduras para convertirse en candidato presidencial por el PN. Hernández había presidido el parlamento desde enero del 2010 hasta el 12 de junio del 2013.
“Cuando se presenta en Honduras la noticia de que la Primera Dama tiene una casa en Miami de un valor considerable, la situación de desconfianza que existe alrededor de la familia presidencial es muy alta”, dijo el hondureño Wilfredo Méndez, director del (no gubernamental) Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos y uno de los líderes del movimiento de indignados contra la corrupción que surgió en mayo pasado.
Consultado por el Nuevo Herald, Méndez recalcó que “si se tiene en cuenta el antecedente de que se llegó a la Presidencia bajo una campaña financiada con fondos de la seguridad social, es decir, sobre la muerte y el dolor, esos niveles de señalamiento generan una reacción social de condena y de desconfianza sobre cómo se adquirieron esos recursos para adquirir esa casa en Miami”.
De acuerdo con los registros públicos de la propiedad del condado Broward, la casa en la comunidad de Monterra fue adquirida por García Carías el 17 de junio del 2013 por $804,600. El año pasado se pagaron $18,029.22 en impuestos y actualmente tiene un valor gravable de $716,980.
De acuerdo con denuncias de la oposición en Honduras, la Primera Dama habría hecho un pago adicional de $505,205 pero esa operación no aparece en los registros oficiales en Estados Unidos.
La Primera Dama se ha defendido ante los cuestionamientos en su contra. En una declaración, García Carías argumentó que “ante la campaña de desinformación generada por los enemigos de la lucha contra la corrupción liderada por el Gobierno de Honduras, al pueblo hondureño y a la comunidad internacional hago saber que mi familia tiene una propiedad en EU, inscrita en registro de acceso público, a mi nombre. Que esta propiedad se adquirió con un crédito a 30 años plazo, con un banco en EU”.
“Como corresponde, esta propiedad ha sido declarada en el Tribunal Superior de Cuentas” de Honduras, alegó, al justificar que “como profesional (abogada) con un expediente laboral amplio, forjado con el trabajo honesto y responsable, acompaño la lucha por la transparencia como valor transversal del Gobierno y de toda la sociedad hondureña”.
En ese mismo tenor, la hondureña Hilda Hernández Alvarado, ministra asesora de Estrategia y Comunicación del gobierno de Honduras y hermana del presidente Hernández, aseveró en su cuenta de Twitter que “primero fue mi casa, ahora es la de Ana. Somos gente trabajadora y seria, mi casa tiene un financiamiento y el terreno herencia de mis hijos”.
“Hemos trabajado toda la vida y somos transparentes, actuamos con la verdad por delante, podemos dar pruebas de nuestra honradez”, puntualizó.
Pero más allá de los alegatos defensivos, el escándalo por la mansión estalló en un momento de profunda crisis institucional en Honduras. Las denuncias sobre la filtración de dineros del fraude al IHSS hacia el PN y la campaña electoral de Hernández provocaron en mayo anterior el surgimiento de un masivo movimiento de indignados, que todos los viernes por la noche desfilan por Tegucigalpa y otras ciudades en marchas de antorchas para exigir la renuncia de Hernández y el encarcelamiento de todos los involucrados en el millonario ilícito.
Arrinconados por las presiones políticas internas, el PN y Hernández admitieron haber recibido fondos de compañías fantasmas o de maletín implicadas en el caso del IHSS, pero aclararon que desconocían el origen del dinero. El presidente, quien también afirmó que en su administración nadie goza de impunidad, debió recurrir a las organizaciones de Estados Americanos (OEA) y de Naciones Unidas (ONU), para buscar que, con un papel de facilitadores, gestionen un diálogo nacional contra la corrupción que fue instalado la semana pasada en Tegucigalpa.
Fuente: El Nuevo Herald
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