Escrito por Redacción | Junio 16 del 2015 Secciones: Libertad de Expresión
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La
estigmatización y las campañas de desprestigio contra periodistas,
opositores políticos y defensores de derechos humanos que critican e
investigan en el quehacer de la administración pública se han convertido
en un mecanismo de segregación y de censura que se incrementó en los
últimos meses en Honduras, con la participación de alcaldes y hasta
representantes de gobiernos extranjeros, denunció este martes en
conferencia de prensa el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
En
la conferencia participaron: Edy Tabora, Director Ejecutivo de C-Libre;
Ramón Romero, presidente de Rapcos-Roatán; Esdras Amado López, director
de Canal 36 y Marlon Rodríguez, camarógrafo de Canal 27 en Islas de la
Bahía.
Fiscalía de la libre expresión
En
su intervención, Edy Tabora, el director Ejecutivo de C-Libre planteó
la necesidad de impulsar una nueva fiscalía de libertad de expresión,
que vele por el derecho de todas las personas que tiene derecho a
trasmitir información, sin el sesgo o diferenciaciones entre
camarógrafos, reporteros y personas que desde el interior del país nos
informan.
A
criterio del Director de C-Libre, la normativa debe considerar tanto el
respeto del libre ejercicio de su profesión a las personas que hacen
comunicación, como el acceso de los beneficios sociales y laborales.
Este
año, el etiquetamiento de sectores críticos ha arreciado, según cifras
de C-Libre, se han producido 10 denuncias contra funcionarios que
calificaron a los comunicadores miembros de la sociedad civil y a
opositores como “chantajistas”, “falsos”, “ligados al crimen
organizado”, “agitadores”, “pseudoperiodistas” entre otros…
El director del Instituto de la Propiedad, Ebal Díaz; la ministra de Estrategia y Comunicaciones, Hilda Hernández; el ministro de Educación, Marlon Escoto;
son algunos de los funcionarios denunciados ante la organización
defensora del derecho por la libertad de expresión, prensa y opinión,
por “desacreditar el quehacer periodístico, las actividades artísticas o
las voces de los opositores políticos”.
El caso de los periodistas
Por
su parte, Esdras Amado López, director de Cholusat Sur, Canal 36
expresó que: “al estigmatizarnos violentan la libertad de expresión
porque hacen que estos medios parezcan enemigos públicos, esta es la
primera vez (después de) lo que vivimos durante el golpe de Estado que
como medio hemos recibido una embestida para intentar asfixiarnos”.
López
recordó que una de las amenazas más recientes por parte del Estado
surgió a través de (la Comisión Nacional de Telecomunicaciones) Conatel,
“el gobierno usó una estrategia para rodar un globo sonda, tomamos esa
noticia de una fuente de Casa de gobierno y posteriormente nos acusa el
mismo gobierno; el 25 de mayo, llegaron también hombres armados al canal
y me entregaron una orden para que deje de hablar del gobierno y de
atentar contra la vida del Presidente, Juan Orlando Hernández, en esa
misma línea observamos que hay una política de Estado para
estigmatizarnos”.
“También el
secretario de Educación ha dicho que quien está detrás de las marchas
estudiantiles es Canal 36, y en un programa el propio Presidente nos
acusó de estar levantando campaña de ejecuciones extrajudiciales”,
zanjó.
Los momentos de mayor descrédito se vivieron mientras en el país se debatía la posibilidad de elevar a rango constitucional la Policía Militar y en el contexto del asesinato de cuatro estudiantes de secundaria, ejecutados unas horas después de participar en jornadas de protestas estudiantiles.
Sin
embargo, el ataque contra periodistas también se ha agravado cuando
denuncian temas de corrupción. El caso de Canal 36 llama la atención
porque los funcionarios de la representación diplomática de Estados
Unidos, a través de las redes sociales Facebook y Twitter, en vez de
hacer uso de su derecho a réplica, señalaron al director de Cholusatsur
“Canal 36”, Esdras Amado López, como “cínico” por denunciar un supuesto
desvío de fondos de la cooperación estadounidense (Usaid) para el pago
de la campaña política del Partido Nacional.
Ante
la agresión de una representación extranjera en contra de un hondureño,
C-Libre instó al Estado de Honduras a través de la Cancillería, debe
exigir por los canales respectivos el respeto a los derechos humanos de
las personas bajo su jurisdicción, pues, las instituciones internas
carecen de competencia para conocer de abusos cometidos por
representaciones de gobiernos extranjeros en razón de la inmunidad
diplomática.
A
criterio de López, los periodistas de Canal 36 y otros medios de
comunicación críticos al gobierno “han sido víctimas de una persecución
del gobierno que ha influido en empresa privada para que no paute
publicidad”. “Con nosotros se han retirado el 95 por ciento de
patrocinadores”, lamentó.
“Le
agradezco, esta que consideramos la casa de nosotros los periodistas
–agregó-porque casi nunca ellos tratan los problemas que enfrentamos. Mi
solidaridad con los compañeros que hoy están aquí compartiendo esta
experiencia conmigo. Tenemos que
buscar
un mecanismo para que cese el hostigamiento contra periodistas, en mi
condición de parlamentario estoy entera disposición de impulsar
transformar ley de libertad de expresión para todos los que gocemos
todos los comunicadores, no solo a los que tienen carné”.
Estigmatización en el interior del país
Por
otra parte, en el interior del país los comunicadores son víctimas de
intimidación, hostigamiento judicial y señalamientos por parte de
alcaldes, con la intención de afectar su imagen en represalia por el
trabajo que realizan, tal es el caso de los periodistas de Canal 27 de
la insular ciudad de Roatán en el departamento de Islas de la Bahía.
En
este municipio del Caribe hondureño, un camarógrafo y tres
comunicadores, incluído el presidente de la Red de Alertas y Protección a
Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), Ramón Romero, fueron calificados por el alcalde de esa ciudad, Dorn A. Ebanks, como “aves de carroña”.
En
ese sentido, el presidente de Rapcos-Roatán, Ramón Romero, indicó que
“en Roatán lamentablemente hay periodistas asalariados que denigran a un
grupo, pero quiero decir públicamente que responsabilizó a alcalde y al
sr., Boden de lo que me pase a mí, y a mi familia, como a los
propietarios, camarógrafos, editores y reporteros de Canal 27, porque he
visto la agresividad e intolerancia a la crítica por parte de estos
funcionarios públicos a quienes nunca les hemos criticado situaciones
íntimas, sino el uso de fondos públicos”.
C-Libre
denunció que contra Romero hay una campaña en los medios de
comunicación y en las redes sociales para desprestigiar su trabajo y le
imputan el delito de espionaje por haber buscado información de
supuestas irregularidades en la gestión municipal.
Ante
esta serie de agresiones, C-Libre emitió una alerta a nivel nacional e
internacional y en los próximos días iniciará un proceso de denuncia
contra el edil isleño ante instancias administrativas como la Secretaría
de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, e
instancias penales como el Ministerio Público, por faltas y delitos
contra la libertad de expresión.
Tábora
finalizó diciendo “esta es la casa de todos nosotros, incluyendo a
cualquier persona que haga uso o esté en el ejercicio de la libertad de
expresión, que ande en la calle o incluyendo a las personas que ejercen
libertad de expresión en medios alternativos como las redes sociales.
Les invitamos a que nos sumemos en conjunto porque C-Libre es una ONG
que depende de las personas que estén interesadas en la promoción de
este derecho”.
http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/honduras-vive-una-pol%C3%ADtica-de-estigmatizaci%C3%B3n-del-trabajo-period%C3%ADstico
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