Escrito por Redacción | Abril 10 del 2015 Secciones: Derechos Humanos
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Existen
en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad de
violaciones de derechos humanos. En 2014, el índice de homicidios fue,
una vez más, el más alto a nivel mundial. La respuesta de las
instituciones a cargo de la seguridad pública sigue siendo en gran
medida ineficaz y sigue estando signada por hechos de corrupción y
abusos, mientras que las iniciativas que procuran reformar estas fuerzas
sólo han logrado avances menores.
Los
periodistas y los activistas campesinos son particularmente vulnerables
a la violencia, pero el gobierno por lo general no juzga a los
responsables ni brinda protección a quienes se encuentran en riesgo.
Tras
despedir arbitrariamente de su cargo a cuatro magistrados de la Corte
Suprema de Justicia en diciembre de 2012, el Congreso sancionó una ley
que habilita a este poder a destituir a jueces y al fiscal general, una
medida que profundiza el debilitamiento de la independencia judicial y
fiscal.
Abusos y corrupción policial
El
uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía constituye un
problema crónico. Entre 2011 y 2012, 149 personas murieron a manos de
policías, según un informe de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras. El entonces Comisionado de Policía Nacional Preventiva Alex
Villanueva confirmó las conclusiones del informe e indicó que
posiblemente haya habido muchos más asesinatos cometidos por policías
que nunca fueron denunciados. El gobierno no respondió a reclamos del
rector de la Universidad Nacional Autónoma de que informara cuántos de
estos asesinatos habían sido investigados o tuvieron como resultado la
imposición de condenas.
Los
esfuerzos para abordar la corrupción endémica en la Policía sólo han
conseguido avances menores. Si bien se han utilizado pruebas diseñadas
para detectar corrupción para evaluar a más de 4.500 policías, apenas
una fracción de quienes no superaron la prueba han sido apartados de su
cargo. Según la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, la
institución que anteriormente se ocupaba de diseñar los reformas de
organismos judiciales y de seguridad pública, sólo el 3 por ciento de
los 230 funcionarios cuyo despido se recomendó en 2012 fueron finalmente
separados de su cargo.
Intervención de militares en operativos de seguridad pública
En
noviembre de 2011, el Congreso aprobó un decreto de emergencia que
permitió que militares llevaran a cabo funciones de seguridad pública, y
que se ha prorrogado periódicamente. En agosto de 2013, se aprobó una
ley que autorizó la creación de una policía militar con atribuciones
para controlar barrios violentos y efectuar detenciones, entre otras
funciones, a pesar de los antecedentes de abusos de militares contra
civiles. Esta Policía Militar entró en actividad en enero de 2014.
En
agosto, soldados detuvieorn a Marco Medrano Lemus cerca de su casa en
La Lima, Cortés. Según medios de prensa locales, Medrano fue hallado
muerto poco después, y una autopsia reveló que presentaba signos de
haber sido torturado. Ocho soldados fueron arrestados en relación con el
incidente, y las investigaciones continuaban al momento de redacción de
este informe.
Justicia por los abusos posteriores al golpe
Luego
del golpe militar de junio de 2009, el gobierno de facto suspendió
libertades civiles clave, como la libertad de prensa y de reunión. En
los días siguientes, las fuerzas de seguridad respondieron a
manifestaciones mayormente pacíficas con un uso excesivo de la fuerza y
clausuraron medios opositores, lo cual derivó en varias muertes,
numerosos heridos y miles de detenciones arbitrarias. La comisión de la
verdad establecida por el entonces Presidente Porfirio Lobo publicó en
julio de 2011 un informe que documentó 20 casos de uso excesivo de la
fuerza y asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.
En
agosto de 2014, el ex militar José Arnulfo Jiménez fue condenado a
cinco años de prisión por la clausura arbitraria del Canal 36, en junio
de 2009. Jiménez había liderado el contingente que ocupó la sede del
medio, impidiendo que este transmitiera durante varios días. A la fecha
de preparación de este informe, se habían producido escasos avances en
el juzgamiento de otros abusos cometidos durante el período posterior al
golpe de estado.
Independencia judicial
Es
común que jueces sufran actos de intimidación e interferencia política.
En diciembre de 2012, el Congreso destituyó a cuatro de los cinco
magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
luego de que dictaran la inconstitucionalidad de una ley dirigida a
abordar la corrupción policial. En enero de 2013 se designaron los
reemplazantes, y al mes siguiente la nueva composición de la Corte
desestimó un recurso interpuesto por los magistrados destituidos. Desde
su destitución, los ex magistrados denuncian haber sufrido reiterados
actos de intimidación, incluidas amenazas de muerte y acoso policial.
A
través de una reforma constitucional de 2011, se creó el Consejo de la
Judicatura, un órgano con potestades para designar y destituir jueces.
Según la Comisión Internacional de Juristas, el proceso de selección de
los miembros del consejo no contó con garantías que impidan la
interferencia política, y ha estado marcado por irregularidades, como la
exclusión de representantes de una de las dos asociaciones judiciales
hondureñas. Más de 40 jueces han sido suspendidos desde que el consejo
comenzó su labor.
Ataques contra periodistas
Periodistas
en Honduras siguen sufriendo amenazas, agresiones y asesinatos. Las
autoridades no investigan ni juzgan estos delitos. Según el Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), más de 30 periodistas han
sido asesinados desde 2009, aunque el móvil de muchos de estos casos no
ha sido esclarecido.
En
diciembre de 2013, el periodista de Globo TV Juan Carlos Argeñal Medina
fue asesinado a tiros en la ciudad de Danlí, El Progreso, luego de
haber recibido amenazas de muerte vinculadas con su investigación sobre
corrupción en un hospital local. En el pasado, Globo TV había sufrido
una serie de ataques violentos tras su cobertura crítica del golpe de
2009.
Violencia rural
Más
de 90 personas han sido asesinadas en los últimos años en relación con
controversias por tierras en la región del Bajo Aguán, la mayoría de
ellas a partir de 2009, según un informe publicado en marzo de 2013 por
el CONADEH. Muchas otras personas han sido víctimas de ataques y
amenazas. Las controversias a menudo enfrentan a empresas
agroindustriales internacionales y organizaciones campesinas que
reclaman ser legítimas propietarias de tierras transferidas tras una
reforma de la ley agraria del país. Si bien la mayoría de las víctimas
han sido campesinos, también guardias de seguridad privada fueron
asesinados o sufrieron lesiones.
Las
autoridades hondureñas no han investigado eficazmente los abusos ni
previsto protección para quienes están en riesgo. La investigación de
Human Rights Watch de 29 casos de homicidios y dos secuestros ocurridos
en el Bajo Aguán concluyó que ninguno de estos casos había sido
perseguido penalmente de forma exitosa.
Condiciones en centros de detención
Las
condiciones inhumanas, incluidas la sobrepoblación, la alimentación
inadecuada y las salubridad deficiente, son sistemáticas en las
prisiones hondureñas. Según la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en agosto de 2013 había más de 13.000 presos en las cárceles
del país, que tienen capacidad máxima para aproximadamente 8.600 presos.
La corrupción es generalizada entre los funcionarios penitenciarios.
Defensores de derechos humanos
Los
defensores de derechos humanos continúan sufriendo hechos de violencia,
amenazas y asesinatos. En mayo, José Guadalupe Ruelas, director de Casa
Alianza, una organización internacional benéfica que trabaja por la
niñez y que ha criticado a autoridades por la desprotección de niños
frente a la delincuencia organizada, fue detenido arbitrariamente y
sometido a una violenta golpiza por miembros de la Policía Militar.
Ruelas fue puesto en libertad al día siguiente, luego de que
organizaciones locales de derechos humanos intervinieran en
representación suya.
En
agosto de 2013 el gobierno de Lobo presentó un proyecto legislativo
ante el Congreso para proteger a defensores de derechos humanos,
periodistas y profesionales del derecho, pero hasta la fecha de
preparación de este informe la ley no había sido aprobada.
Violencia contra menores
Los
niños estén expuestos a altos niveles de violencia, perpetrada
mayormente por pandillas y otras formas de delincuencia organizada. En
mayo, cinco adolescentes presuntamente vinculados con la Mara
Salvatrucha fueron asesinados en el Centro Pedagógico de Rehabilitación
El Carmen aparentemente por miembros de pandillas rivales. Según el
CONADEH, 458 niños fueron asesinados entre 2010 y 2013. Casa Alianza
informa que en los primeros cuatro meses de 2014 270 personas de menos
de 23 años fueron asesinadas.
Es
probable que la violencia de pandillas haya contribuido al importante
aumento de la migración de jóvenes hacia Estados Unidos en los últimos
años. Un informe de 2014 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados determinó que el 34 por ciento de los menores
migrantes provenientes de Honduras identificaron la violencia como uno
de los motivos por los cuales se fueron de su país.
Actores internacionales clave
Estados
Unidos destinó más de US$ 50 millones de asistencia en materia de
seguridad en Honduras entre 2010 y 2014, y mantiene esta ayuda a través
de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (Central
America Regional Security Initiative, CARSI). La normativa
estadounidense que prevé la ayuda militar y policial a Honduras estipula
que el 35 por ciento de los fondos estarán disponibles sólo si el
gobierno hondureño satisface varios requisitos importantes de derechos
humanos. Hasta febrero de 2013, el Congreso estadounidense estaría
reteniendo cerca de US$ 30 millones de asistencia debido a
preocupaciones en materia de derechos humanos.
En
febrero de 2013, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la
utilización de mercenarios expresó que el gobierno no había regulado
adecuadamente a las empresas de seguridad privada y manifestó
preocupación ante su presunto “involucramiento en violaciones de
derechos humanos... incluidos asesinatos, desapariciones, desalojos
forzados y violencia sexual”.
En
enero de 2014, el Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional
(IFC), el organismo de préstamo al sector privado del Banco Mundial,
determinó que la IFC no había aplicado correctamente mecanismos de
debida diligencia ni evaluado y respondido a riesgos conocidos de
violencia y desalojos forzados asociados con su inversión en Dinant, una
empresa dedicada a la producción de aceite de palma y alimentos que
tuvo un rol protagónico en una serie de sucesos violentos y asesinatos
en Honduras.
En
agosto, el ombudsman también concluyó que la IFC no había identificado
ni abordado suficientemente los riesgos asociados con su inversión en
Banco Ficohsa, la entidad bancaria más grande de Honduras. Dinant fue
uno de los prestatarios más importantes del Banco Ficohsa.
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/periodistas-y-campesinos-son-particularmente-vulnerables
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