La semana pasada fueron asesinados cuatro estudiantes de
educación media. Tenían en común haber participado en protestas estudiantiles
contra las deficiencias inocultables del sistema educativo, contra un cambio de
horario no consensuado y contra la represión de sus protestas. Ese detalle
particulariza a estas cuatro últimas víctimas respecto, por ejemplo, a los más
de mil menores de edad y jóvenes asesinados que Casa Alianza ha documentado
para este año recién pasado de 2014.
A los muchachos los ametrallaron en la calle mientras que a
la niña de trece años que había sido rostro visible y voz frente a los medios de comunicación
durante la protesta, se la encontró abusada y torturada dentro de un costal.
Varias han sido las reacciones oficiales y las
manipulaciones de los medios de comunicación. Y es muy difícil responder a
todas. Frente al cadáver torturado, las autoridades de Educación, el Director
del Colegio y el Ministro —custodios de los estudiantes— pusieron en duda la calidad moral de la niña;
declararon que había faltado a clase en once ocasiones. ¿Acaso porque no le gustaba sentarse en el
suelo como animal? Y todos supimos —por sus declaraciones— que no había sido
educada para expresarse de acuerdo a las circunstancias. En varias oportunidades
lanzó improperios a sus represores. Las autoridades no explicaron si los otros
muchachos acribillados también eran malos estudiantes. De repente. ¿Habría que
ametrallarlos a todos?
El Ministro de Seguridad afirmó desde el primer momento que la
protesta no tenía nada que ver y que, en esos crímenes, no había involucrados
agentes del Estado, los cuales se
apegaban de manera estricta a la política de respetar y salvaguardar los
derechos humanos. Concomitantemente, acusaron de irresponsable a Manuel Zelaya,
líder político, quien denunció que los estudiantes habrían sido víctimas de
escuadrones de la muerte que actuaban con la intención de aterrorizar a la
población inconforme.
El Ministro de Educación aseguró que el gremio
magisterial alentaba y financiaba a las protestas. Y otros ministros aseguraron
que las protestas se financiaban con fondos ilegales. Literalmente dijo uno de
ellos que las protestas y las denuncias las financian el terrorismo y el crimen
organizado, sin explicar de dónde prevenía semejante calidad de información.
Después, un ministro de la Presidencia y el Ministro de Relaciones Exteriores
aseguraron en conferencia de prensa que las informaciones al respecto que habían
trascendido al exterior eran propaganda instrumentalizada por el Partido LIBRE
y por varias ONG; que eran negocios particulares de sus miembros para ganar
dinero y desprestigiando al país para bloquear la ayuda externa. Para el Canciller
no había impunidad, porque se habían emitido tres órdenes de detención en uno
de los casos. Y tanto el Ministro de Seguridad como los voceros oficiales de la
Policía Nacional repitieron esas autodefensas y acusaciones a las
organizaciones e «individuos perversos»,
sin nombrarlos.
La policía detuvo
pocas horas después del crimen a varios individuos, como sucede a menudo, pero
tuvo la Fiscalía que cambiarles la acusación no sustanciada y el juez tuvo que
liberar a uno de los tres por falta de pruebas, sin que se volviera a saber de
él. Ahora se manejan mediáticamente móviles que implican a las maras en el
asesinato de Soad, siendo este el recurso más usado —e instrumentado— para
explicar e indirectamente justificar los
asesinatos de niños y jóvenes en los barrios pobres.
A los abajo firmantes no nos consta que el Estado de
Honduras hubiese pagado o comisionado la muerte de los estudiantes como parte
de una política de Estado... Esperamos que no sea así, porque, de serlo, casi
tendríamos que perder toda esperanza. Lo que sí nos resulta sobradamente
evidente es que estos últimos asesinatos, como los centenares que se han
cometido desde que se produjo el golpe de Estado de 2009 (contra activistas
políticos, participantes en las marchas y protestas, parientes inmediatos y
líderes de la sociedad civil, autoridades de patronatos, organizaciones étnicas
y campesinas, sindicatos y defensores de los derechos humanos) en análogas circunstancias
NO SON CASUALES, tampoco eventuales. Por el modus operandi revelan que son crímenes
ejecutados por personal entrenado y responden a un patrón que tiene una
utilidad política. Los autores de los crímenes políticos gozan de absoluta
impunidad desde el 2009 sin temer ninguna consecuencia. El gobierno se burla de
nosotros pero nuestra denuncia crece y se convierte en un mar de ira y
desilusion.
El Estado de Honduras no ha cumplido y no esta cumpliendo
con la obligación imperativa, consustancial de su responsabilidad y autoridad,
de proteger las vidas de la población.
Por
lo anterior, los abajo firmantes hemos dispuesto comenzar con nuestros nombres propios
una lista, para que se adhieran a ella las personas que estén dispuestas a acompañar
a las denuncias de las organizaciones e individuos acusados de traición,
exigiendo el cese de la impunidad, cumplimiento de la Ley y protección a los
derechos humanos en Honduras, sin los cuales, no hay patria.
Denunciamos y firmamos,
Rodolfo Pastor Fasquelle, Historiador
Hellen Umaña, escritora
Dario A. Euraque, Historiador
Sergio Rodríguez , Músico, Director de orquesta
Rodolfo Pastor de María Campos, politólogo
Gustavo Zelaya Herrera, Licenciado en Filosofía
Geraldina Tercero, Antropóloga
Natalie Roque Sandoval, Historiadora
Julio Escoto, escritor
Víctor Manuel Ramos, Médico y escritor.
Para mandar un mensaje a este grupo, envia un correo a
neohibueras@googlegroups.com
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