Diana Yarely Mendoza Palao,
de 21 años, falleció esta mañana después de haber luchado por dos días
contra la muerte. Su cuerpo recibió 21 impactos de bala disparados por
desconocidos encapuchados en un barrio de Tegucigalpa.
Su nombre se suma
a los de sus compañeros de colegio Elvin Antonio López y Darwin Josué Martínez, de 19 y 21 años respectivamente, y al de la pequeña Soad Nicole Ham Bustillo, de solamente 13 años.
Además
de la edad, los cuatro jóvenes tenían en común el haber participado
activamente a las protestas estudiantiles que, desde hace varios días,
protagonizan en Honduras las y los estudiantes de educación media y
universitaria.
Entre
otros puntos, piden que no se aplique la extensión del horario de
clases ya que, según ellos, entrar más temprano en la mañana y salir más
tarde en la noche representa un peligro para su integridad.
Hasta el momento, el ministro de Educación, Marlon Escoto,
no ha querido dialogar: La respuesta ha sido la represión y detención
de estudiantes, así como la militarización de los centros escolares.
Es
en este contexto, donde prevalece el rechazo al diálogo y la
militarización como “herramienta educativa”, que se da el brutal ataque
contra los jóvenes estudiantes, cuyos cuerpos fueron acribillados sin
piedad o encostalado y abandonado, con señales evidentes de tortura,
como el de Soad Nicole.
Esa pequeña de solo 13 años salió hace unos días por un canal de televisión,
reclamándole abiertamente al ministro y exigiéndole que, por lo menos,
dotara a su colegio de pupitres y otro material escolar, en lugar de
enviar la policía a reprimir.
Ayer,
mientras sus seres queridos lloraban su muerte frente al pequeño ataúd,
el ministro Escoto aprovechaba las cámaras de uno de los programas de
opinión de mayor audiencia en el país, para desprestigiar la imagen de
la pequeña, tachándola de poco responsable y de tener problemas de
conducta.
Ataque frontal contra la protesta social
Para
las organizaciones de derechos humanos, lo que está pasando no es más
que la profundización del ataque violento e irracional contra el
movimiento estudiantil y la protesta social en general, donde actúan
varios actores e intereses, manifiestos y ocultos, en medio de una
creciente militarización del país y un manejo despótico del poder.
José Guadalupe Ruelas,
director de Casa Alianza Honduras, asegura que existe una clara
relación entre estos asesinatos brutales, la protesta estudiantil y la
violencia generalizada contra los jóvenes.
-Cuatro jóvenes estudiantes asesinados, varios detenidos, muchos golpeados… ¿Qué está pasando en Honduras?
-Lo
que ha ocurrido en las últimas horas en Honduras es parte de un
escenario mucho más amplio, donde, mensualmente, se ejecutan a 83 niños,
niñas y jóvenes menores de 23 años. Durante las últimas dos semanas, en
medio de este contexto de terror, las y los estudiantes han salido a
las calles a protestar pacíficamente. Denuncian que en las aulas no hay
pupitres, ni material didáctico, y rechazan la extensión de la jornada
del horario de clases impuesta por la autoridad educativa.
En
lugar de buscar el diálogo, lo que hizo el gobierno fue amenazar
públicamente a los estudiantes, para después reprimirlos violentamente y
capturarlos. Hasta el día de ayer había algunos estudiantes
desaparecidos y, lo más doloroso, cuatro jóvenes aparecieron asesinados
en las calles, entre ellos una niña de solo 13 años con señales de
tortura.
Si
bien el gobierno intenta relacionar estos asesinatos con el crimen
organizado que opera en el país, nosotros creemos que existe una
relación directa tanto con la protesta estudiantil como con la coyuntura
de violencia que están sufriendo los jóvenes.
Esta
situación ha generado mucha indignación entre la población y varias
organizaciones, tanto nacionales como internacionales, como Unicef, han
salido públicamente denunciando lo que está ocurriendo.
-Una vez más los estudiantes deben lidiar con la mentalidad cerrada del ministerio…
-Y
no es solo eso. Hasta escuchamos declaraciones bastante desafortunadas
del ministro de Educación, tratando de desprestigiar a la pequeña Soad
Nicole, que estaba tendida en su ataúd, diciendo que era una niña con
problemas de conducta.
La
falta de respeto hacia la dignidad de los niños, la falta de apertura
para el diálogo y el uso de la fuerza han sido evidentes en este
conflicto.
-¿Quién cree que está detrás del asesinato de estudiantes?
-Hay
dos elementos que hay que rescatar. El primero es que todos estos
jóvenes estaban involucrados en la protesta estudiantil, y el otro tiene
que ver con la actitud ambigua del gobierno que, por un lado trata de
denigrar a los estudiantes asesinados y por el otro afirma,
insistentemente y sospechosamente, que él no tiene nada que ver con lo
que ha ocurrido.
Además,
en lugar de comprometerse con la investigación y la búsqueda de los
culpables, se ha volcado con fuerza en atacar y criminalizar a otros
sectores, tanto políticos como sociales. Todo esto genera un manto de
dudas y sospechas.
-El
ataque contra las organizaciones de derechos humanos y las que trabajan
con la niñez y la adolescencia ha sido muy fuerte, acusándolas de estar
fomentando la protesta estudiantil.
-Es
más que evidente que el gobierno de Honduras pretende criminalizar y
desprestigiar el trabajo de defensa de los derechos humanos. Está
convencido que ese trabajo está en contra de la agenda gubernamental, la
cual no persigue el desarrollo pleno e integral del ser humano.
-Pese a la represión, las y los estudiantes afirman que van a continuar con sus protestas…
-Es
por eso que estamos pidiendo y exigiendo un alto inmediato a la
represión y al asesinato de jóvenes. No más asesinatos de niños, niñas y
jóvenes en Honduras.
Además,
el Estado debe escuchar a los jóvenes en cuanto sujetos de derechos,
con derechos, que tienen reclamos justos. Las autoridades deben
satisfacer estas demandas de manera responsable, dialogada y
participativa.
También
pedimos que se investigue a fondo y se esclarezca la muerte de los
estudiantes y de los demás niños, niñas y jóvenes, llevando ante las
autoridades a los responsables de dichos crímenes e interrumpiendo la
trágica cadena de la impunidad.
-Los
datos que presentan chocan con las cifras mucho más bajas de homicidios
que brindan, tanto la Secretaría de Seguridad como el Observatorio de
la Violencia de la UNAH.
-A
partir de 2014, el Observatorio depende de la información que le pasa
el Estado, en particular la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, es
evidente la discrepancia que existe entre los datos del gobierno y la
percepción que las personas tienen del país. Quienes trabajamos estos
temas de manera independiente, nos damos cuenta que los porcentajes de
homicidios son mucho mayores.
Esto
demuestra el fracaso de la política de militarización de la seguridad
pública impuesta por el gobierno, que no solo no resuelve el problema de
la criminalidad organizada en Honduras, si no que genera más migración,
sobre todo de niños, niñas y jóvenes, y mayor criminalización de la
protesta social.
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