Una
de los aspectos fundamentales que legitiman a un Estado es su capacidad
de prevenir los delitos como reflejo de su obligación de garantizar el
respeto y defensa de derechos fundamentales como la vida, la integridad y
la seguridad personal.
Sin
embargo, no se puede ignorar que pese a los esfuerzos estatales es casi
imposible prevenir todos los delitos que puedan ocurrir, por ello es
que el Estado tiene una segunda oportunidad de demostrar su voluntad
para cumplir con su obligación de proteger los derechos de las personas a
través de la investigación y sanción de los responsables.
En
este sentido, la falta de una investigación imparcial, efectiva,
diligente y seria que permita el conocimiento de la verdad y la sanción
de los autores intelectuales y materiales de un crimen, demuestra que el
Estado tolera que los criminales actúen libres e impunemente.
Un
estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo reveló que en
Honduras solo el 4% de los homicidios se resuelven, 4 de cada 100
delitos.
De
los más de 72 mil denuncias recibidas en el Ministerio Público en 2011,
53 mil fueron remitidas a la Dirección Nacional de Investigación
Criminal (DNIC) y esta institución devolvió solo 11,400.
En
2012 hubo 85,770 denuncias en el Ministerio Público y 87,556 en la
DNIC. De este total, esta fue capaz de investigar y devolver con informe
al Ministerio Público solamente 12,000 denuncias, es decir, apenas un
13%.
No
hay duda que el Estado de Honduras ha fallado rotundamente en cumplir
con su obligación de investigar y de esta manera se puede concluir que
cuando los delitos no son investigados con seriedad como sucede
actualmente, resultan, en cierto modo, auxiliados por el poder público, y
comprometen directamente la responsabilidad de las autoridades.Escuchar y descargar Nuestra Palabra
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