http://youtu.be/W0mUvElUd-g / Video Publicado el 30/6/2014
El Instituto Centroamericano de
Estudios Fiscales (ICEFI) presentó un estudio que desnuda la industria
minera que en contubernio con las instituciones del Estado explotan los
bienes naturales y no dejan más que destrucción en el país. Vea el
análisis a profundidad sobre este tema.
Hasta el cierre de este boletín
informativo, tres de los once mineros atrapados en la mina artesanal en
San Juan Arriba, El Corpus, Choluteca han sido rescatados por equipos de
El Salvador, Guatemala y Honduras y las fuerzas vivas de la comunidad.
Este caso atrapó la mirada de propios y extraños a pesar que días atrás
se advirtió de tales consecuencias.
Casi 48 horas se cumplen de haber
desaparecido en una bocamina 11 hombres en el sur del país por un
accidente que ha dado la vuelta al mundo a través de los medios de
comunicación nacionales e internacionales que de inmediato compararon
esta situación con lo sucedido en Chile hace dos años. Sin embargo, la
realidad hondureña dista mucho de la chilena, y este accidente muestra
las víctimas más frecuentes de la explotación minera.
Este tipo de accidentes en minas
artesanales son comunes, hay personas cercanas a la mina que aseguran
que incluso el año pasado murieron tres personas en ese mismo sector
mientras trabajaban en lo que consideran su única fuente de empleo. Los
compañeros y familiares de estos mineros atrapados han dejado claro que
ellos prefieren morir soterrados que morir de hambre, se arriesgan para
sobrevivir.
El
especialista en minería y miembro de la Coalición de Redes Ambientales,
Pedro Landa, asegura que en Honduras cada año de 6 a 10 personas mueren
en este tipo de accidentes en minas artesanales que no son reguladas
por el Estado. En el municipio de El Corpus, Choluteca se estima que dos
mil personas se dedican a la explotación de los minerales en las
montañas ya que la agricultura es un rubro deprimido por la sequía y el
oro y la plata abundan en el subsuelo.
El Corpus es un municipio que colinda con
El Triunfo, otro de los municipios codiciados por las empresas mineras
en el sur de Honduras. El Corpus fue descubierto por una mina que se
explotaba en 1585 llamada Clavo Rico, y que se reactivó en 1954 con el
mismo nombre, hasta ahora sigue explotando 5 concesiones que le fueron
otorgadas por el Estado hondureño.
Esta empresa de origen estadounidense que
explota oro y plata demandó al Estado porque personas de la comunidad
“usurparon” tierras concesionadas. Al ganar la demanda el Estado le paga
millones de lempiras al año y la empresa simplemente les compra el
mineral a los pequeños mineros que se apropiaron de estas tierras, según
cuenta Pedro Landa.
“La empresa gana siempre, el Estado le paga millones y ellos le
compran a los mineros artesanales el mineral sin caer en responsabilidad
de cómo se están explotando estas minas”, explicó Landa.
En El Corpus toda la montaña está perforada, la comunidad lo sabe, lo
han sabido los alcaldes con el correr de los tiempos pero no se ha
hecho nada para regular o capacitar a estos mineros, según el
ambientalista.
El Instituto de Geología y Minas (INGEOMIN) aseguró que el cierre de
esta mina ya estaba ordenado desde el año pasado pues tres personas
murieron, sin embargo parece que en este territorio no hay ley que
valga.
“El Estado está equivocado en su política extractivista”
Con la nueva Ley de Minería, se establece
que la extracción artesanal pasa a responsabilidad de las
municipalidades. Pero ¿qué capacidad tienen las Unidades Ambientales
Municipales para hacer este trabajo? Se preguntan las organizaciones que
acompañan a las comunidades en este tema.
El accidente en el que estos once mineros
fueron soterrados sucede por la falta de medidas preventivas de
derrumbes en una bocamina sumamente vulnerable que había sido clausurada
años atrás. Bernabé Quevedo, del grupo de defensores del ambiente de
Cáritas en el municipio de Choluteca asegura que a los alcaldes en
contubernio con los terratenientes solo les importa el negocio redondo.
Como movimiento intentaron hacer conciencia en la gente en este sector
pero fueron rechazados. Quevedo ha denunciado por años que los grandes
ganadores son los dueños de molinos que luego venden a la gran industria
el metal, pero pagan muy poco a los obreros que se arriesgan la vida
bajo tierra.
Este es un modus vivendi ya arraigado en
El Corpus, pero rechazado en otros municipios como Choluteca y El
Triunfo donde incluso varios defensores del territorio han sido
criminalizados por las autoridades al oponerse a las concesiones de sus
bienes.
“Debemos reflexionar sobre la política
abierta de extractivismo que propone el Estado, ya que la misma no tiene
ningún sentido cuando vemos que se ponen en riesgo vidas humanas,
cuando no hay intención de los gobiernos de apoyar a estas personas que
están rasguñando la tierra para poder vivir. Y por otro lado abren la
puerta para la gran industria minera, las grandes empresas que hacen sus
ganancias a costa de la destrucción del territorio”, explicó Landa.
Un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)
sobre la situación de la minería en Honduras apunta que la explotación
minera en Honduras irrespeta los derechos humanos, causa grandes
destrucciones al ambiente y deja muy pocos ingresos para justificar una
política pro minera del Estado.
Este estudio refleja que en los departamentos con menos posibilidades
agrícolas o ganaderas es donde existen minerales en mayor abundancia.
Por lo tanto, un sector declarado actualmente “en hambruna” por la
crisis de los cultivos, se ve en la desesperación de buscar la
sobrevivencia a costa de lo que sea, en este caso, de la minería
irregular.
“Honduras
cuenta con 72 concesiones mineras metálicas vigentes y otorgadas. De
estas, las más importantes —por estar en producción y por su potencial
extractivo de oro y plata— son las que se encuentran en los
departamentos de Choluteca, Copán, Francisco Morazán, Santa Bárbara y
Valle
Las otras concesiones operan a menor escala y de forma artesanal;
normalmente venden su producto a las empresas grandes que se encargan
del proceso de exportación”, concluye el estudio.
Landa asegura que las organizaciones defensoras de los bienes
naturales, advirtieron esta crisis en la minería artesanal desde un
inicio. Fue una irresponsabilidad trasladar el manejo de la actividad
artesanal a las municipalidades sin darles las capacidades.
“Toda la zona de El Corpus y Tránsito,
sus montañas están perforadas, y el casco urbano ya está deteriorándose
porque por debajo ya hay minas subterráneas, túneles que se inundan.
Esos problemas hay ya en unos templos católicos que se están hundiendo
porque por debajo pasan túneles de minas coloniales. Si son minas que
están clausuradas ¿Cómo a vista y paciencia de las autoridades se han
estado explotando? Este es un llamado de alerta para que se revise la
política extractiva y se revierta esta práctica de explotar los bienes
naturales a cualquier costo y poner en riesgo la vida de estas personas
que esperamos no se convierta en mártires de la voracidad y el
extractivismo”, expuso Landa.
Incapacidad para atender emergencias
Según Ingeomin, en la nueva ley de
minería habría un proceso de fortalecimiento institucional, se anunció
que se elaboraron convenios de cooperación con países mineros como
Chile, Canadá y Perú para generar capacidades, pero lo que ha sucedido
en estos dos días nos demuestra que no es una realidad. Equipos de
rescate de El Salvador y Guatemala han apoyado el proceso para salvar a
estos hondureños atrapados a más de 100 metros bajo tierra.
¿Cuál es la alternativa?
La explotación minera que mejor se da es
la que se consulta con las comunidades y se hace regulada por el Estado,
según opina el alcalde del municipio de Choluteca, Quintín Soriano.
Soriano asegura que en la sultana del sur
la gente está muy preocupada por la explotación en El Corpus, pues el
20% del agua que llega a Choluteca es del sector de Guanacao cerca de
San Juan Arriba.
“La región sur es una zona industrial,
tiene la caña de azúcar, las camaroneras, las empacadoras, y el comercio
por estar en medio de dos fronteras, Nicaragua y El Salvador, pero tal
vez esto no es así en otro municipios como El Corpus. La minería en ese
sector necesita control, y ahora es el momento. El gobierno tiene que
parar estos permisos y controlar porque allí cualquiera se va a hacer
un hueco”, dijo el edil.
Por su parte Pedro Landa asegura que hay
una hipocresía enorme porque la gran minería es más dañina que la
minería artesanal. “Está mal señalar que la minería artesanal es mala y
la gran minería es buena cuando vemos casos como el de Valle de Siria,
cuando vemos la criminalización de las personas que defienden sus
territorios y el agua, sin embargo los grandes mineros que andan de
sacos y corbatas están financiando las campañas políticas y son los
grandes bienhechores de este país”.
Para Landa, una solución no puede ser
clausurar las minas, sino tener como alternativa la creación de pequeñas
cooperativas y que el Estado les brinde capacidades para que lo hagan
con todas las medidas de seguridad. Así los obreros dejan de ser
víctimas de terratenientes y políticos implicados en la explotación al
margen de la ley y de las grandes empresas que les compran el oro a
precios sumamente bajos.
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