La relatora especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra mujeres, Rashida Manjoo concluye su misión en Honduras y pide medidas urgentes para abordar la cultura de impunidad hacia los crímenes contra mujeres y niñas.
A raíz de lo que dio a conocer un informe final de lo observado en el país en cuanto a los temas de protección a la mujer. Durante su estancia viajó a Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.

Asimismo, enfatizó “me quedé consternada al enterarme de casos en los que los funcionarios del Estado hacen caso omiso de las necesidades de las mujeres maltratadas, pues remiten casos de alto riesgo de mujeres maltratadas y también de testigos atemorizadas a refugios para víctimas de la violencia doméstica”.
Así también manifestó su agradecimiento al gobierno de Honduras por haberle cursado una invitación para llevar a cabo esta visita oficial al país. También agradeció a todos los interlocutores incluyendo funcionarios de Estado, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, de agencias de las Naciones Unidas, y muy especialmente a las sobrevivientes particulares de la violencia. Durante la misión quedó claro que el Gobierno tiene disponibilidad de interactuar con el sistema internacional de derechos humanos en lo relativo a los derechos de las mujeres. Alabo al Gobierno por su disponibilidad de responder en este sentido y también por su compromiso para entablar diálogos abiertos y transparentes conmigo durante esta misión. Manjoo dijo que en Honduras la violencia contra las mujeres está propagada, es sistemática, y su impacto se manifiesta de numerosas formas en las mujeres y las niñas. Impide el ejercicio de derechos civiles, políticos económicos, sociales y culturales y al desarrollo, y por ende pone trabas a una ciudadanía efectiva. Asimismo, que el clima del temor tanto en las esferas pública como privada, y la falta de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos de mujeres es más bien la regla y no la excepción. Por tanto ejemplificó que entre 2005 y 2013, hubo un aumento de 263.4 por ciento en la cantidad de muertes violentas de mujeres. Según la Encuesta Nacional de Salud y Población para el periodo 2011- 2012, el 27 por ciento de las mujeres de edades entre los 15 a 49, y el 37 por ciento de mujeres entre los 45 y 49 años de edad han sufrido violencia física en algún momento de sus vidas. Según las estadísticas de Ministerio Público hubo unas 16 mil alegaciones reportadas de numerosas expresiones de violencia contra las mujeres durante el año 2012, 74,6 por ciento de ellas relativas a la violencia doméstica e intrafamiliar, y el 20 por ciento a delitos sexuales. De 2009 a 2012 fueron presentadas 82 mil 547 denuncias de violencia doméstica, lo que representa un promedio de 20 mil 637 quejas por año, de las cuales 92 por ciento fueron interpuestas por mujeres. Se me informó que en el 2013 aproximadamente se presentaron dos mil 851 quejas de violencia sexual, con la tasa de prevalencia aumentando de 4,6 en 2008 a 8,6 en 2010, dijo Rashida. Por tanto subrayó, mis interlocutores me han destacado el vínculo entre violencia de género ya sea sexual, física o de otra índole y la migración. Las causas de la migración de mujeres y niñas incluyen la huída por violencia, pobreza, falta de oportunidades y también por un sentido generalizado de inseguridad. La violencia, la explotación, las desapariciones y el desplazamiento forzoso de la familia o de la comunidad son algunas de las consecuencias de la migración, agregó la relatora especial. Sin embargó, señaló con preocupación el contexto actual de los informes acerca de los miles de menores no acompañados, tanto niños como niñas, que están migrando a Estados Unidos de América desde los países en la región incluyendo Honduras. Estos niños que a menudo viajan solos están huyendo por los niveles cada vez más grandes de extrema pobreza, extorsión, el riesgo de reclutamiento forzoso a pandillas en sus comunidades y escuelas locales, violencia física, abuso doméstico y otros tipos de inseguridad. Dejo claro que “me preocupa la situación en relación a la violencia contra mujeres y niñas indígenas y afrohondureñas, los desahucios de los pueblos de sus tierras a favor de los proyectos de desarrollo de empresas que coloca a comunidades completas en situaciones de riesgo extremo y de vulnerabilidad, en las cuales las mujeres y los niños aguantan la mayor parte de la carga”. “Me preocupa la violencia perpetrada contra los miembros de la comunidad LGBTI”, indicó También reconoció que “a nivel nacional he notado el desarrollo de medidas legislativas institucionales, entre otras las enmiendas recientes al Código Penal para tipificar el femicidio como crimen específico, y la adopción de una política nacional de derechos humanos y su plan de acción correspondiente que abarca el periodo 2013 a 2022”. La adopción de la ley sobre la violencia doméstica en 1997 y su enmienda a través de los decretos número 250/ 2005 y 35 en 2013 no ha generado una respuesta legislativa efectiva a la violencia doméstica, y sigue siendo la causa principal de los crímenes que se denuncian contra personas a nivel nacional, recordó la funcionaria de las Naciones Unidas. Dejo ver al gobierno que en cuanto a rendición de cuentas, perduran grandes retos por actos de violencia contra mujeres y niños. Por ejemplo se indica que la tasa de impunidad es de 95 por ciento por casos de violencia sexual y femicidio. En lo relativo a los casos de violencia doméstica, el comité CEDAW señaló en 2006 que solamente se resolvía el 2,55 por ciento de ellos. Finalmente concluyó diciendo que, no se puede exagerar nunca la importancia que se convierta en norma la rendición de cuentas por actos de violencia contra la mujer, sobre todo dentro de un contexto de impunidad generalizada hacia la violencia en las esferas pública y privada. Asimismo es importante recordar que Honduras tiene obligaciones internacionales legales que cumplir, como están plasmadas, entre otros tratados, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los derechos del niño. El Estado tiene la responsabilidad de actuar con debida diligencia para eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niños.
Fuente:hondudiario
http://www.hondudiario.com/?q=node/10705
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