La
reciente respuesta del CFI (International Finance Corporación, por sus
siglas en inglés), miembro del Grupo del Banco Mundial (BM), al CAO
(Compliance Advisor Ombudsman, por sus siglas en inglés) demuestra como
las instituciones que conforman el Banco Mundial, hacen caso omiso a las
recomendaciones tanto del CAO como del Panel de inspección del BM,
mecanismos internos de evaluación proveídos a las comunidades afectadas
por los proyectos del BM.
CFI en un nota enviada al CAO, aduce no estar de acuerdo con la información vertida por el CAO en su informe.
Este señala como "entre enero de 2010 y mayo de 2013 hubo por lo menos
102 asesinatos de personas afiliadas al movimiento campesino en el Bajo
Aguán, y denuncias específicas que vinculaban 40 de estas muertes a
fincas de Dinant, a sus guardias de seguridad o a su empresa contratista
de servicios de seguridad".
Es
inaudito como el CFI en el momento de conceder el empréstito ignoró el
descalabro en materia agraria en el país, donde hay mas de 300 mil familias campesinas sin tierras,
con dos millones de ellos viviendo en una total indigencia. La
concentración de tierras de vocación agrícola en manos de unas cuantas
familias acaudaladas, es una de las mayores problemática en Honduras,
país donde hasta la fecha se conserva intacta una estructura feudal que
ha servido de caldo de cultivo a las enormes desigualdades sociales
existentes.
La
palma africana ha reforzado la concentración de la tenencia de la
tierra, especialmente después de la contrarreforma agraria promovida a
partir de 1992, cuando se emitió la Ley de Modernización Agrícola;
momento en que Miguel Facussé se apoderó de grandes extensiones de
tierras en el Bajo Aguan. El modelo instaurado a partir de esa fecha
apostó por las grandes plantaciones de palma africana, induciendo la
venta de las cooperativas campesinas existentes, dando lugar a nuevos
frentes de colonización agrícola, los que desbastaron las zonas de
amortiguamiento y núcleo de la Biosfera del río Plátano.
Contrainsurgencia, paramilitarismo y cacería de brujas en el Bajo Aguan.
Para octubre del año 2009, expertos de Naciones Unidas señalaron la presencia de paramilitares colombianos en el Bajo Aguan,
mientras la convulsión causada por el golpe de estado suscitado meses
antes, sacudía el tejido social del país. Facussé ha sido señalado
frecuentemente como integrante del grupo de empresarios promotores de la
defenestración de la incipiente democracia hondureña.
El
golpe polarizó a Honduras, convirtiéndose el Bajo Aguan en una de las
zonas mas violentas en el país, situación que condujo a un operativo
militar permanente en la zona, denominado Operación Xatruch, sin que
hasta el momento haya contenido la criminalidad, a pesar de haberse
aprobado un supuesto desarme general en el Departamento de Colón no se
ha frenado los asesinatos de los campesinos.
El
tinte político de la represión y cacería de brujas en el Aguan, a manos
de los militares hondureños, ha sido señalado con vehemencia tanto por
las organizaciones campesinas como por los organismos de derechos
humanos. El Coronel Germán Alfaro, a mando de la operación Xatruch,
denunció a la activista estadounidense Annie Bird, como una instigadora
de la destabilización política en la zona. Casualmente la Sra. Bird,
coodirectora de Derechos en Acción, fue la que introdujo la petición al
CAO en referencia a la empresas DINANT.
EL CFI y su Plan de inacción en referencia al informe del CAO.
La
respuesta del CFI al CAO incluye cinco puntos en relación a la
"seguridad", según los cuales DINANT conducirá una masiva revisión en la
materia, ademas de colaborar con las autoridades locales, para las
investigaciones sobre actos abusivos e ilegales.
Sin
embargo, teniendo en cuenta la parcialidad existente en Honduras en
materia de justicia, el descarado paramilitarismo establecido en el
país, ademas de la satanización en los medios de comunicación en
relación al movimiento campesino del Bajo Aguan (departamento de Colón);
es de esperar que Facusse continúe con su estrategia de terror.
Según
el informe del CAO en noviembre de 2012, continuaban las conversaciones
entre el CFI y DINANT para supuestamente gestionar los riesgos
políticos, sociales y de derechos humanos. Casualmente en octubre de ese
mismo año, guardias de Facusse en su finca de Farallones, asesinaron a tres campesinos que ingresaron en la custodiada "Reserva Natural" en donde se localiza una controversial pista de aterrizaje.
Farallones pertenece a la comunidad Garífuna de Limón y desde el año de
1994, el palmero de la muerte se apropió de forma fraudulenta del
estratégico
paraje.
La
OFRANEH recurrió en el 2006 al Panel de inspección del BM, en relación a
la Ley de Propiedad impuesta en Honduras por ese organismo
internacional. Nuestra experiencia en relación a la petición interpuesta y sus resultados
es desalentadora. La gerencia del BM desdeño las recomendaciones del
Panel de Inspección y hasta la fecha el Capítulo III de la Ley de
Propiedad continua vigente, generando la paulatina aniquilación de los
títulos comunitarios concedidos a los pueblos indígenas en Honduras.
Dado en la Comunidad Garifuna de Sambo Creek, 13 de Enero del 2014
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
http://ofraneh.wordpress.com/2014/01/13/honduras-banco-mundial-paramilitarismo-y-palma-africana/
Members of the Peasant
Unified Movement of Bajo Aguán, in Tegucigalpa, carry mock coffins
bearing pictures of people murdered in land clashes. Photograph:
AFP/Getty
Organizacion Fraternal Negra Hondureña
Sambo Creek, Atlántida.
Honduras
telefax: 504-24541513 / 504-24490003
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World Bank's ethics under scrutiny after Honduras loan investigation
Private lending arm lent millions to palm oil company accused of links to assassinations and forced evictions, audit reveals
The verdict could not have been clearer: the World Bank's private lending arm failed to comply with its own ethical standards when it lent millions of dollars to a Honduran palm oil company accused of links to assassinations and forced evictions.
This was the damning verdict by the World Bank's Office of the Compliance Adviser/ Ombudsman (CAO) on Friday. It had investigated whether a $30m (£18.2m) loan by the International Finance Corporation (IFC) to Corporation Dinant, an agribusiness owned by one of Honduras's richest and most powerful men Miguel Facussé, was made after proper environmental and social due diligence.
The investigation was triggered by local NGOs accusing Dinant of direct and indirect involvement in a campaign of terror against campesinos, or peasant farmers, in the fertile Bajo Aguán valley in the north. Dinant claimed any violence was either unconnected to the company or legitimate self-defence.
The audit, one of the most critical issued by the Bank's internal watchdog, was unequivocal. The IFC failed to spot the serious social, political and human rights context in which Dinant operates, or if it did, failed to act effectively on the information; and failed to disclose vital project information, consult with local communities, or to identify the project as a high-risk investment.
The CAO also said staff were incentivised "to overlook, fail to articulate, or even conceal potential environmental, social and conflict risk". They warned that such incentives could lead to, as indicated by the loan to Dinant, the IFC taking "uninformed risks with serious consequences for people, the environment and/or the Bank Group's reputation". The CAO refers to allegations that 102 campesino leaders have been murdered since 2010 in Bajo Aguán, 40 of which were linked to Dinant properties or security guards. This is vigorously denied by Dinant.
Strong stuff from the CAO, but the IFC's written response, also published on Friday, was predictably weak.
In the first paragraph the IFC rejects some of the CAO findings, though fails to specify which ones or provide evidence to support its rebuff. The IFC states that at the time it approved the loan to Dinant in 2008 the project risks were manageable and there was no evidence of land claims. But this is not correct. The Bajo Aguán land disputes date back two decades to another World Bank-funded land modernisation programme, when campesinos claimed thousands of acres used for subsistence farming were transferred fraudulently and coercively to Facussé and other palm oil industrialists.
The IFC goes on to say that it could not have foreseen the coup d'état in June 2009 that toppled president Manuel Zelaya, days after he ordered an investigation into the land conflicts, nor the social unrest, arms and drugs trafficking, and violence that have since plagued the region.
But the IFC gave Dinant its first instalment of $15m in November 2009, when there was already evidence of worsening security problems relating to the land disputes in Bajo Aguán.
Add to that the US diplomatic cable published by WikiLeaks, which suggests Facussé backed the 2009 coup, which he denies. What's more in 2011, by which time Honduras was officially the most murderous country in the world, the Bajo Aguán had been militarised by US-trained troops, and allegations of human rights abuses perpetrated by Dinant security guards in conjunction with state security forces were piling up – the IFC approved a $70 loan to one of Dinant's biggest creditors, Banco Financiera Comercial Hondureña.
This loan, which gave the IFC a 10% stake in the bank, is subject to another CAO investigation, due to report before the end of June. The IFC's pattern of investing in financial intermediaries over the past decade is criticised by some observers as a way of circumventing its own safeguard policies.
Dinant, whose lucrative African palm plantations dominate the Bajo Aguán, issued a statement rejecting some of the CAO findings. The company, which pointed to multiple killings of its security guards since 2010, said it would continue working with the IFC to comply with its performance standards. The problem is, according to the CAO audit, in practice these standards are not very high.
Many civil society organisations believe continued support from the World Bank is grossly negligent and endorses violence with impunity. The IFC generally prefers to effect change from within, and says it will steer Dinant to collaborate with the authorities if credible allegations emerge against its security forces.
But across Honduras state authorities are implicated in countless human rights abuses, especially in the Bajo Aguán, where operations are reportedly conducted jointly between state and private security forces. Impunity is the norm; the justice system is broken.
The CAO has pledged to keep the case open until it is satisfied the IFC is compliant with its own ethical standards. The only lever it has for exacting change is through reporting its findings to the World Bank president, board and public. The president, Jim Yong Kim, has pledged that the Bank will learn from past mistakes. Half of the IFC loan, $15m, is yet to be paid to Dinant. Now is the time for Kim to put his money where his mouth is.
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This was the damning verdict by the World Bank's Office of the Compliance Adviser/ Ombudsman (CAO) on Friday. It had investigated whether a $30m (£18.2m) loan by the International Finance Corporation (IFC) to Corporation Dinant, an agribusiness owned by one of Honduras's richest and most powerful men Miguel Facussé, was made after proper environmental and social due diligence.
The investigation was triggered by local NGOs accusing Dinant of direct and indirect involvement in a campaign of terror against campesinos, or peasant farmers, in the fertile Bajo Aguán valley in the north. Dinant claimed any violence was either unconnected to the company or legitimate self-defence.
The audit, one of the most critical issued by the Bank's internal watchdog, was unequivocal. The IFC failed to spot the serious social, political and human rights context in which Dinant operates, or if it did, failed to act effectively on the information; and failed to disclose vital project information, consult with local communities, or to identify the project as a high-risk investment.
The CAO also said staff were incentivised "to overlook, fail to articulate, or even conceal potential environmental, social and conflict risk". They warned that such incentives could lead to, as indicated by the loan to Dinant, the IFC taking "uninformed risks with serious consequences for people, the environment and/or the Bank Group's reputation". The CAO refers to allegations that 102 campesino leaders have been murdered since 2010 in Bajo Aguán, 40 of which were linked to Dinant properties or security guards. This is vigorously denied by Dinant.
Strong stuff from the CAO, but the IFC's written response, also published on Friday, was predictably weak.
In the first paragraph the IFC rejects some of the CAO findings, though fails to specify which ones or provide evidence to support its rebuff. The IFC states that at the time it approved the loan to Dinant in 2008 the project risks were manageable and there was no evidence of land claims. But this is not correct. The Bajo Aguán land disputes date back two decades to another World Bank-funded land modernisation programme, when campesinos claimed thousands of acres used for subsistence farming were transferred fraudulently and coercively to Facussé and other palm oil industrialists.
The IFC goes on to say that it could not have foreseen the coup d'état in June 2009 that toppled president Manuel Zelaya, days after he ordered an investigation into the land conflicts, nor the social unrest, arms and drugs trafficking, and violence that have since plagued the region.
But the IFC gave Dinant its first instalment of $15m in November 2009, when there was already evidence of worsening security problems relating to the land disputes in Bajo Aguán.
Add to that the US diplomatic cable published by WikiLeaks, which suggests Facussé backed the 2009 coup, which he denies. What's more in 2011, by which time Honduras was officially the most murderous country in the world, the Bajo Aguán had been militarised by US-trained troops, and allegations of human rights abuses perpetrated by Dinant security guards in conjunction with state security forces were piling up – the IFC approved a $70 loan to one of Dinant's biggest creditors, Banco Financiera Comercial Hondureña.
This loan, which gave the IFC a 10% stake in the bank, is subject to another CAO investigation, due to report before the end of June. The IFC's pattern of investing in financial intermediaries over the past decade is criticised by some observers as a way of circumventing its own safeguard policies.
Dinant, whose lucrative African palm plantations dominate the Bajo Aguán, issued a statement rejecting some of the CAO findings. The company, which pointed to multiple killings of its security guards since 2010, said it would continue working with the IFC to comply with its performance standards. The problem is, according to the CAO audit, in practice these standards are not very high.
Many civil society organisations believe continued support from the World Bank is grossly negligent and endorses violence with impunity. The IFC generally prefers to effect change from within, and says it will steer Dinant to collaborate with the authorities if credible allegations emerge against its security forces.
But across Honduras state authorities are implicated in countless human rights abuses, especially in the Bajo Aguán, where operations are reportedly conducted jointly between state and private security forces. Impunity is the norm; the justice system is broken.
The CAO has pledged to keep the case open until it is satisfied the IFC is compliant with its own ethical standards. The only lever it has for exacting change is through reporting its findings to the World Bank president, board and public. The president, Jim Yong Kim, has pledged that the Bank will learn from past mistakes. Half of the IFC loan, $15m, is yet to be paid to Dinant. Now is the time for Kim to put his money where his mouth is.
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http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2014/jan/13/world-bank-ethics-scrutiny-honduras-loan-investigation
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Cuestionan préstamo otorgado por el Banco Mundial a Corporación Dinant de Honduras
Washington.-Un organismo de supervisión
reprendió al Banco Mundial por no hacer las averiguaciones
correspondientes en un préstamo otorgado Corporación Dinant del empresario
Miguel Facussé y que estaría vinculada a múltiples asesinatos y tráfico de drogas.
El
supervisor dijo que laCorporación FinancieraInternacional (CFI)
-unidad del banco que fomenta la inversión privada en países
empobrecidos- debió ser más cuidadosa al investigar a Corporación Dinant, con
sede en Tegucigalpa, antes de aprobar el programa de préstamos por 30 millones de dólares.
Una
búsqueda normal de artículos periodísticos exigida por las normas del Banco
Mundial habría dado con las acusaciones contra el dueño de Dinant de planear el
asesinato de un activista ambiental y e que sus propiedades eran utilizadas por
narcotraficantes, dijo en un reporte la CAO (iniciales en inglés de la oficina
del ombudsman de la CFI).
La
CAO dijo que no trató de verificar la autenticidad de los reportes y destacó que
el empresario fue exonerado de los cargos de asesinato. Sin embargo, su sola
existencia debió encender las alarmas porque podrían dañar la reputación del
Banco Mundial.
“El personal de CFI sabía de estas acusaciones y
percepciones y no supo como manejarlas” o no realizó la búsqueda de noticias
requerida, dijo la CAO, agregando que sus investigadores realizaron búsquedas de
noticias con los mismos parámetros dictados por las normas del Banco
Mundial.
CFI
aprobó el programa de préstamo en 2009 para ayudar a Dinant a desarrollar su
negocio de aceite de palma y alimentos. CAO hizo una auditoría del proyecto en
el 2012.
A
través del préstamo, la CFI se involucró indirectamente en una de las disputas
de tierras más álgidas de América Central.
Dinant
opera en una fértil región cerca de la costa caribeña de Honduras que ha sido
lugar de violentos enfrentamientos en los que han muerto más de 100 personas
desde el 2009, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras.
Desde
que la CFI aprobó el préstamo, se han sucedido reportes de prensa de que Dinant
ayudó a desalojar por la fuerza a agricultores y que el “uso inapropiado” de sus
fuerzas de seguridad provocó numerosas muertes, dijo la CAO el viernes.
La
CFI dijo que no estaba de acuerdo con algunas de las conclusiones del reporte,
pero que le había solicitado a Dinant que vuelva a entrenar a su personal de
seguridad y que los examinara más cuidadosamente.
“Las
lecciones de este reporte pueden ayudarnos mientras incrementamos nuestro
trabajo en áreas frágiles y afectadas por conflictos”, dijeron en una carta a
CAO los funcionarios de CFI Oscar Chemerinski y Morgan Landy.
El
reporte es un recordatorio de cautela para el Banco Mundial en sus planes de
trabajar más cerca del sector privado para combatir la pobreza en países
menos desarrollados.
La
CAO recomendó que el Banco Mundial ponga más énfasis en el impacto social y
ambiental de sus programas, y dijo que la falta de investigación adecuada podría
ser causada por poner el foco casi exclusivamente en los términos financieros de
un proyecto.
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