Lectura de comunicado de la Delegación de Paz FARC-EP, sobre acuerdos del segundo punto de la Agenda "Participación Política"
La Habana, Cuba, sede de los
diálogos de paz, noviembre 6 de 2013
Que se abran las puertas de la verdadera democracia
“Yo no conozco
más partido de salud, que el de devolver al pueblo
la soberanía primitiva para que rehaga su pacto social… Esto es más que justo
y eminentemente popular, y por lo mismo, muy propio de una república
eminentemente democrática”. SIMÓN BOLÍVAR
la soberanía primitiva para que rehaga su pacto social… Esto es más que justo
y eminentemente popular, y por lo mismo, muy propio de una república
eminentemente democrática”. SIMÓN BOLÍVAR
Los importantes aspectos que hasta el
momento se han acordado en el tema de la Participación
Política, nos colocan a los colombianos en la posibilidad de
comenzar a abrir las puertas de una verdadera democracia.
Todas las iniciativas presentadas por las
FARC en la mesa de conversaciones de La Habana, que hemos denominado 100
propuestas mínimas para la democratización real, la paz
con justicia social y la reconciliación nacional, han sido
inspiradas en las reivindicaciones y propuestas de las organizaciones
sociales y políticas del país, surgidas de los respectivos
foros temáticos, y la fuerza de nuestra palabra ha estado en la
valerosa movilización de un pueblo, que sin temerle a la
represión y a la criminalización, ha levantado sus banderas
para exigir los cambios estructurales que se requieren para la
fundamentación de la paz.
Colombia vive una primavera de
sueños de justicia; sobre todo, los más humildes, los
desposeídos, se han lanzado a las calles a decirle a los
gobernantes que no pueden seguir ignorándolos; que el destino del
país depende de la participación de toda la
ciudadanía y no de un puñado de privilegiados oligarcas que
se han apropiado de él para feriarlo y para saquearlo,
favoreciendo a las trasnacionales. La gente quiere decidir, y en eso
consiste la verdadera participación ciudadana.
De eso trata lo que hemos debatido
durante los últimos seis ciclos en la mesa de conversaciones, y
entonces lo primero que está por resolverse, es la necesidad de
que en nuestra patria se respete el derecho a la vida, a la diferencia, a
la opción política, a la no estigmatización, y se
puedan debatir las ideas sin temor a ser asesinado, perseguido,
desaparecido o criminalizado, que es lo que ocurre cuando se actúa
bajo el imperio de doctrinas foráneas que ven en el ciudadano a un
enemigo interno.
Ese es nuestro clamor, esa es nuestra
exigencia, y por eso en el marco de este importante evento, expresamos
nuestra condena total al asesinato el día 2 de noviembre, de
César García, dirigente de la resistencia a la
explotación aurífera que realiza la Anglo Gold Ashanti, en
La Colosa (Tolima), después que mediante una contundente
decisión plebiscitaria, las comunidades de esa región han
dicho NO a la mega minería y presencia de las trasnacionales que
destruyen las fuentes de agua y las posibilidades de vida. La justicia no
hace nada, y la gran prensa que muchas veces se solaza desplegando
frivolidades, no le da el despliegue que merece un caso tan grave como
este. ¿Entonces de qué democracia es que estamos
hablando?
A la movilización de los
inconformes e indignados no se le puede seguir dando el tratamiento
militar que hasta hoy se le ha dado, porque el gobierno y todas las
instancias del poder se deben al pueblo y a este hay que escucharlo; una
concepción de seguridad debe tener como su centro, los intereses
del ser humano, incluso por encima de los intereses muchas veces
mezquinos de los Estados; y debe basarse en principios de
soberanía, no intervención y libre determinación de
los pueblos en función del desarrollo y bienestar de las
mayorías.
Dentro de estas reflexiones es que hemos
logrado las primeras pero muy importantes aproximaciones y convenios
referidos al segundo punto de la agenda del acuerdo general de La Habana:
es quizá uno de los más importantes logros el compromiso de
convocar sin más demoras a los partidos y voceros de las
organizaciones sociales a que elaboren los lineamientos para que por fin
tengamos un estatuto para la oposición política, y por otro
lado, establezcan en eventos democráticos de orden nacional, los
fundamentos para que surja una normatización que dé
verdadero reconocimiento, con garantías, a la existencia y a los
derechos del movimiento social.
Mucho se ha hablado de la necesidad de
reformar la restrictiva ley de mecanismos de participación
ciudadana (Ley 134 de 1994) y también sobre la urgencia de
replantear las liberticidas leyes de seguridad para lo cual creemos que
comenzarían a trazarse los caminos, si efectivamente se atiende a
compromisos que establecimos al hablar de garantías para la
movilización y la protesta. Hemos acordado, por ejemplo, que
siendo estas actividades formas de acción política, son
ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre
circulación, a la libre expresión, a la libertad de
conciencia y a la oposición en una democracia; que su
práctica enriquece la inclusión política y que el
gobierno debe garantizar los espacios para canalizar las demandas
ciudadanas, sin atropellos. Así, con el objetivo de garantizar el
pleno ejercicio de estos derechos, se ha logrado el compromiso de que se
defina la revisión, y de ser necesaria, la modificación de
todas las normas que se aplican a la movilización y la protesta
social. Esto sumado al compromiso de ampliar y reforzar las instancias de
participación ciudadana para la interlocución y
construcción de las agendas de trabajo en todos los niveles que
permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de la
ciudadanía.
Estos aspectos, y muchos otros
distribuidos en una veintena de cuartillas, son los que nos dan el
optimismo para seguir avanzando en los debates hacia la firma de la paz y
la terminación del conflicto. No obstante falta mucho por andar, y
es solamente con los pies y la determinación de la gente en las
calles, del soberano proponiendo y decidiendo, que será posible la
expansión de la democracia como presupuesto de
reconciliación, y que lo que hasta ahora son solamente anhelos y
compromisos se conviertan en realidad.
Reiteramos ahora, y lo seguiremos
haciendo, que no es este un proceso de sometimiento, pero, con seguridad,
si efectivamente avanzamos por la senda de las transformaciones que las
mayorías nacionales han reclamado, la firma de un tratado de paz,
será una realidad.
En este plano se circunscribe un asunto
esencial de la confrontación que es el de dejar en claro sus
orígenes y responsables. Por eso insistimos en que urge la
integración consensuada de la comisión de la verdad y
responsabilidad histórica del conflicto, sobre todo, si tenemos la
premura de abordar un tema tan sensible como es el de las
víctimas, tantas veces utilizado de manera grotesca por los
agentes de la manipulación mediática para estigmatizar y
demonizar a la insurgencia.
Para nosotros que llevamos en lo profundo
de nuestros corazones el dolor por la muerte de millares de militantes de
la Unión Patriótica, de innúmeros hijos del pueblo
asesinados bajo la motosierra del paramilitarismo y de la represión
institucional de décadas, o que de manera más directa
cargamos el luto por los centenares de guerrilleros, milicianos y
luchadores revolucionarios que han caído en la lucha por construir
una Colombia mejor, nuestra identidad con las víctimas de la
confrontación es indiscutible, y por ellas levantamos y seguiremos
levantando nuestra voz en la mesa de La Habana. Es falso, que como dicen
algunos politiqueros de turno, que pretenden sacarle provecho al
sufrimiento de los que padecen la guerra, que la guerrilla se niega a
recibir a los familiares de las víctimas del conflicto. Tienen
nuestros brazos abiertos ellos, y todo el que quiera aportar a la
construcción de la paz, y dentro de ese espíritu es que
volvemos a insistir vehementemente en que se integre ya la
comisión por nosotros tantas veces propuesta.
La conquista de la paz depende mucho de
estos planteamientos; pero, al lado del avance de las conversaciones, hay
otros asuntos sin la solución de los cuales, se hace lenta la
marcha: El éxito de la paz depende de la terminación de la
corrupción, de ponerle punto final a la interferencia de las
mafias que de una u otra forma han capturado al Estado, en todos los
órganos: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué tal
el ejemplo de la contratación administrativa? ¿Qué
tal las acusaciones a la contralora? ¿Y al procurador?
Hay que ponerle freno a la criminalidad
de cuello blanco de un sector financiero que al tiempo que vende la
soberanía, destruye el país dando rienda suelta a la
depredación de sus recursos naturales y al saqueo usurero al
bolsillo de todos los colombianos. Pero por otro lado, y quizá de
manera más urgente, porque en gran medida de ello depende que siga
reinando la impunidad, hay que meterle mano, con mucha
determinación a todo el aparato judicial.
Una justicia corrupta salida de un
régimen corrupto y responsable por tantos años de la
confrontación, no tiene ni la competencia, ni la capacidad, ni las
condiciones históricas necesarias para actuar. Hoy, después
de la suma de múltiples escándalos, la justicia ha quedado
sin autoridad moral para jugar un papel definitorio en la nueva Colombia.
Hay que reconstruirla totalmente. ¿Cómo puede creer el
gobierno que es posible un sometimiento a una justicia transicional
cuando el mismo gobierno sentencia la justicia como corrupta y exige la
reforma total de la rama jurisdiccional?
Dentro de las responsabilidades del
Estado está la de haber dejado podrir la justicia, pues la
corrupción generalizada que nació hace años en el
ejecutivo (contratos y comisiones en todas las esferas), contagió
la justicia por aquello de la puerta giratoria, (donde salen los mismos
por la misma puerta, y entran los mismos para hacer lo mismo), igual que
en el Congreso. Los congresistas investigados y en la cárcel
siempre representaron a los partidos y al régimen.
Pero bien, como hoy estamos en un especie
de balance de lo que es la participación ciudadana respecto a la
paz, esto implica hablar de la democracia, lo cual impone que no perdamos
de vista que la suerte de ésta no puede estar en manos de tres o
cuatro señores ricachones dueños de los medios de
comunicación y de la publicidad. Puede haber toda suerte de
mecanismos de participación si se quiere mostrar al país
como una democracia de papel, pero la información es la que
conduce a que esos mecanismos terminen siendo canales de expresión
de pensamientos previamente cocinados y vendidos por tales tres o cuatro
individuos, que siempre son los detentadores del poder.
La supuesta democracia que hoy tenemos no
puede seguir haciendo parte de la contabilidad de una clase privilegiada,
como si fuera un lote o una finca, o ganado, porque la democracia se mide
por el resultado de la expresión y participación popular, y
esa expresión popular está atada y manipulada mayormente por
quienes detentan y controlan los medios.
Sin democracia en la tenencia de los
medios, todo lo que se haga en muchos campos de la participación o
en función del tratado mismo de paz, podría quedar en el
limbo, porque a través de las matrices mediáticas hoy, es
que se generan los ficticios ambientes de favorabilidad o descontento con
el proceso. Ojalá contemos con que todo aquel que se sienta
verdaderamente colombiano, le apueste a la reconciliación y no a
la continuación de la guerra.
Gracias a Cuba y a Noruega, países
garantes, y a Venezuela y Chile, como países acompañantes
por resguardar con su presencia y buenos oficios, la buena marcha del
proceso. Y gracias a nuestros compatriotas que le han puesto fe y
entusiasmo a la posibilidad de construir la Colombia que le brinde
oportunidades a todos.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS
FARC-EP
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Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL
Web: www.anncol.eu, Redacción: editar@anncol.eu,
YouTube: http://www.youtube.com/user/anncol4?feature=mhee
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Acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC sobre la Participación Política de la oposición
COMUNICADO
CONJUNTO # 27
La Habana, Noviembre 6 de 2013
Las Delegaciones
del Gobierno y las FARC-EP informan que:
Hemos llegado a un acuerdo fundamental sobre el
segundo punto de la Agenda contenida en el "Acuerdo General para la terminación
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", denominado
Participación Política.
En el próximo ciclo de conversaciones,
presentaremos el segundo informe periódico conjunto de la Mesa.
De acuerdo con dicha Agenda, hemos logrado
consensos sobre los siguientes temas:
- Derechos y garantías para el ejercicio de la Oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.
- Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas.
- Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.
Lo que hemos convenido, en su desarrollo,
profundiza y robustece nuestra democracia, ampliando los derechos y garantías
para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación
política y ciudadana. Promueve el pluralismo y la inclusión política, la
participación y la transparencia en los procesos electorales y el
robustecimiento de una cultura política democrática.
Constituye una apertura democrática en el marco
del fin conflicto. La construcción de la paz requiere de participación ciudadana
en los asuntos de interés público, en especial en los territorios más afectados
por la violencia y, también, en los mecanismos de implementación del presente
Acuerdo.
El ejercicio de la oposición política es
fundamental para la construcción de una democracia amplia. Ello cobra mayor
relevancia luego de la firma de un Acuerdo Final, que abrirá espacios para que
surjan nuevos movimientos políticos que requerirán garantías para el ejercicio
de la política.
Se establece que, se convocará en un evento
nacional a los voceros de partidos y movimientos políticos para integrar una
Comisión que defina los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos
que se declaren en oposición. La línea de tiempo se convendrá en el sexto punto
de la Agenda.
Se acordó que esta Comisión, mediante la
realización de un foro, facilitará la participación de voceros de organizaciones
y movimientos sociales, expertos y académicos para que hagan sus propuestas
sobre el Estatuto de la Oposición. Y sobre estos lineamientos, se elaborará la
normatividad correspondiente.
Se impulsará igualmente una legislación de
garantías y promoción de la participación ciudadana democrática y de otras
actividades que puedan realizar las organizaciones sociales, con base en los
lineamientos establecidos en este acuerdo y escuchando las propuestas de los
voceros de los movimientos sociales en otro evento de carácter nacional. Al
respecto, en el texto se dice que las organizaciones y movimientos sociales,
incluyendo los que surjan de la firma del presente Acuerdo, están llamados a
ejercer los derechos y cumplir con los deberes de participación ciudadana. Se
busca empoderar a los ciudadanos a través de la participación.
En el escenario del fin del conflicto, el acuerdo
recoge un conjunto de garantías para canalizar las demandas ciudadanas,
incluyendo garantías para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica
dentro de un contexto de democracia ampliada.
Se abrirán espacios adicionales para que las
fuerzas políticas, las organizaciones y movimientos sociales y las comunidades
en general, en especial aquellas que trabajan en la construcción de la paz,
puedan dar a conocer sus propuestas y proyectos en medios institucionales y
regionales. Y además se acordó darle un fortalecimiento especial a los medios
comunitarios para impulsar la participación ciudadana.
Así mismo, se acordó establecer medidas para
garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y
no estigmatización lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto por
las ideas, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales
y de derechos humanos.
Para tal efecto, se prevé el establecimiento de
Consejos para la Reconciliación y la Convivencia tanto en el nivel nacional como
en los territoriales con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades en la
implementación de lo convenido.
Se convino que se establecerá un plan de apoyo a
la promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, con
especial énfasis en la implementación del presente Acuerdo. Un mayor control por
parte de los ciudadanos de la administración y la gestión pública contribuye a
la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Se acordó una revisión integral del sistema de
planeación participativa para asegurar la efectividad de la participación
ciudadana en la construcción y el seguimiento a los planes de desarrollo, que
será un instrumento fundamental en la etapa de la construcción de la paz. Por
esa misma razón, se acordaron una serie de medidas para fortalecer los consejos
territoriales de planeación y, nuevamente, garantizar la incidencia de la
participación ciudadana.
En el sub punto de promoción del pluralismo
político, se acordó que en el marco del fin del conflicto y con el objetivo de
consolidar la paz, se harán cambios institucionales para facilitar la
constitución de partidos políticos y el tránsito de organizaciones y movimientos
sociales con vocación política para su constitución como partidos o movimiento
políticos.
En el caso de nuevos movimientos, se acordaron
unas condiciones especiales, en una fase de transición, para dar apoyos
especiales a los nuevos movimientos y partidos políticos y de esa manera
asegurar el necesario pluralismo político en la construcción de la paz.
Se acordaron, dentro del marco de fortalecimiento
de la democracia y el pluralismo político, medidas para asegurar la
transparencia en los procesos electorales en especial en las zonas de mayor
riesgo de fraude y la promoción de la participación electoral de los ciudadanos,
principalmente los que habitan en las regiones de más difícil acceso.
Adicionalmente, tras la firma del Acuerdo Final,
se pondrá en marcha una Misión de Expertos para hacer una revisión integral de
la organización y el régimen electoral y, sobre la base de las mejores prácticas
nacionales e internacionales, presentar recomendaciones para hacer los ajustes
normativos e institucionales correspondientes.
Se acordó la creación de Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz para promover la integración territorial y la
inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el
abandono, de manera que durante un periodo de transición estas poblaciones
tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de
Representantes, sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias.
Estas circunscripciones transitorias serian adicionales a las circunscripciones
ordinarias existentes. Contarían con las garantías de acompañamiento para
asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto de los
electores. Esta se pondrá en marcha en el marco del fin del conflicto, en
democracia y luego de la firma del Acuerdo Final.
Se acordó un sistema integral de seguridad para
el ejercicio de la política. Dicho sistema se concibe en un marco de garantías
de derechos, deberes y libertades, y busca asegurar la protección de quienes
ejercen la política sobre la base el respeto por la vida y la libertad de
pensamiento y de opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia y
contribuir a crear un clima de convivencia y tolerancia, y de manera especial
del nuevo movimiento que surja de las FARC – EP a la actividad política
legal.
Las condiciones particulares para el nuevo
movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la activad política legal,
serán discutidas en el marco del punto 3 de la Agenda.
La firma e implementación del Acuerdo Final
contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia, en cuanto
implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método
de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario
en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en
política, y de esa manera abrirán nuevos espacios para la participación.
Finalmente se acordó que todo lo referente al
punto de participación política incluyendo su implementación se llevara a cabo
tomando en cuenta un enfoque de género y asegurando la participación de la
mujer.
Lo convenido hasta ahora forma parte de un
acuerdo más amplio que esperamos lograr prontamente el cual contiene seis
puntos. A partir del siguiente ciclo de conversaciones comenzaremos la discusión
del cuarto punto de la Agenda (tercero en discusión) denominado “Solución al
Problema de las Drogas Ilícitas”.
Queremos recordar que uno de los principios que
guían estas conversaciones es que "Nada está acordado hasta que todo esté
acordado". Esto quiere decir que los acuerdos que hemos ido construyendo, están
condicionados a que lleguemos a un pacto sobre la totalidad de la Agenda y,
también, que en la medida en que se avance en la discusión, se puedan ajustar y
complementar los acuerdos sobre cada uno de los sub puntos.
Por otra parte, las Delegaciones dispusieron de
una oficina en la edificación donde sesiona La Mesa de Conversaciones, para
poner los distintos objetos y materiales que enviaron las víctimas del conflicto
a través de las Comisiones de Paz del Congreso de la República. Con esto,
quieren mostrar su respeto a todas las víctimas del conflicto sin distingo, tema
que debe ser abordado dentro del punto quinto de la Agenda de
conversaciones.
Resaltamos el aporte de la Oficina de Naciones
Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento Para la paz de la Universidad
Nacional en la organización de los foros que se han realizado sobre los temas de
Participación Política y cultivos ilícitos. También incorporamos los aportes de
las mesas regionales organizadas por las Comisiones de Paz del Senado y la
Cámara de Representantes de Colombia.
Agradecemos a los miles de colombianos y
colombianas, y organizaciones sociales que nos han hecho llegar sus propuestas y
opiniones sobre los puntos de la Agenda a través de los foros, la Página Web o
los formularios que están disponibles en alcaldías y gobernaciones. Todas y cada
una de estas propuestas han sido recibidas por las delegaciones en La
Habana.
Queremos agradecer de manera especial a Cuba y
Noruega, países garantes de este proceso, por su apoyo y por el ambiente de
confianza que propician. Igualmente agradecemos a Chile y Venezuela, países
acompañantes, a quienes las delegaciones informan periódicamente sobre la marcha
de los diálogos.
Estos cuatro países conforman un grupo de
naciones amigas del proceso que valoramos de manera especial, al igual que
agradecemos las expresiones de apoyo de otras naciones, organismos y líderes
internacionales que fortalecen la confianza en el camino que estamos
transitando.
Estos acuerdos fundamentales son el resultado del
intenso trabajo realizado a fondo por ambas Delegaciones, pensando siempre en el
anhelo de paz de los colombianos.
¡LIBERTAD A JOAQUÍN PÉREZ!
DÍA
925
Director de
ANNCOL, concejal por la UP dos periodos en el municipio de Corinto, Valle
del Cauca. Amenazado a muerte constantemente por lo cual obtuvo asilo político
en Suecia 1994. Ciudadano sueco desde el 2000. Fue detenido el 21 de abril de
2011 cuando aterrizó en Maiquetia, Caracas, donde iba a hacer una gira
periodística. Fue entregado el 25 de abril de 2011 por las autoridades
venezolanas al Estado colombiano y sus Falsos Positivos Judiciales. Fue
condenado en septiembre 2012 a 8 años de cárcel solo por ser el máximo
representante de ANNCOL, agencia odiada por Uribe&Santos. Hasta los medios
oficialistas consideraron el juicio como escandaloso.
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Web: www.anncol.eu, Redacción: editar@anncol.eu,
YouTube: http://www.youtube.com/user/anncol4?feature=mhee
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