Martes, 05 Noviembre 2013 - 21:17 /
Marvin Palacios
defensoresenlinea.comTegucigalpa.
Diversos sectores de la sociedad civil hondureña se oponen rotundamente a la utilización de la Policía Militar y de Orden Público (PMOP), en tareas que son exclusivas de la policía nacional.
Expertos afirman que el tema de la "policía militar" no es más que una estrategia política utilizada por el candidato presidencial nacionalista y presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, con la intención de atraer votos a base de causar miedo en la ciudadanía. Frente a la intención de Juan Orlando Hernández de elevar la Policía Militar de Orden Público (PMOP) a la categoría "constitucional", varios sectores (entre ellos defensores y defensoras de derechos humanos) se han declarado en alerta por considerar al recién creado grupo armado, como un ente de choque que será utilizado para la persecución de grupos opositores y que causará graves violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con expertos en el tema político, la utilización de la figura de la Policía militar y del Orden Público (PMOP) no es más que una bandera propagandística para tratar de cautivar al electorado, a falta de propuestas eficientes que reduzcan los altos niveles de criminalidad que no pudo combatir la administración del también nacionalista y presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa.
Otros partidos como Libertad y Refundación (LIBRE) que lidera Xiomara Castro de Zelaya proponen una visión distinta del tema de la seguridad ciudadana.
Para el caso, el Coordinador de Comunicaciones y Prensa del partido LIBRE y ex embajador de Honduras en Washington, Enrique Reina manifestó que uno de los ejes del plan de gobierno de su partido contempla el tema de la seguridad ciudadana vista desde una perspectiva que involucra a las comunidades.
"Una seguridad ciudadana cercana al pueblo, una seguridad ciudadana desmilitarizada, con una policía comunitaria y donde los efectivos de las Fuerzas Armadas jugarán un rol complementario y realizarán acciones estratégicas dirigidas sobre todo a la protección de fronteras y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado".
Reina detalló que otro eje incluye la despolitización de la justicia que creemos que es fundamental para lograr la lucha contra la impunidad.
Mientras tanto, Omar Rivera que coordina el Grupo de Sociedad Civil (GSC), manifestó que se oponen a la utilización de los militares en acciones de seguridad ciudadana, "porque eso le corresponde a la policía".
Rivera comentó que en países de alta incidencia criminal y delictiva como México que adoptó medidas similares (como la utilización de efectivos militares en tareas policiales) no ha dado resultados, "porque se intensificó la confrontación y se aumentaron las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes y creemos que lo mismo va a pasara acá".
"Pretender elevar al rango constitucional una dependencia de las Fuerzas Armadas que ya tiene su apartado constitucional nos parece algo jalado de los cabellos y que más bien obedece a una estrategia electoral y esperamos que los diputados sean conscientes de no cometer esos yerros, porque se muestran como personas sin ningún tipo de criterio", expresó Rivera.
Añadió que las Fuerzas Armadas deben defender las fronteras, la soberanía nacional y combatir al narcotráfico en los límites fronterizos, creo que ahí es donde deben de jugar un papel importante en materia de seguridad.
Este día el candidato presidencial del partido Nacional y presidente del poder legislativo, Juan Orlando Hernández entregó un proyecto de decreto a la Secretaría de este poder del Estado, para que la Cámara de diputados y diputadas (con mayoría nacionalista) aprueben reformas a la Constitución de la República para otorgar a la PMOP un rango constitucional.
Durante una entrevista brindada a los medios de comunicación, Hernández criticó a organizaciones defensoras de derechos humanos como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) de oponerse a la utilización de la policía militar, por considerar que las operaciones de este grupo élite derivarían en graves violaciones a los derechos humanos, tal y como sucedió en la década de los años ochenta donde escuadrones de la muerte secuestraron, torturaron y desaparecieron a más de 200 opositores políticos, defensores de derechos humanos, líderes religiosos, artistas y dirigentes del movimiento social.
Hernández señaló a la Coordinadora General del Cofadeh, Bertha Oliva de denunciar en el contexto internacional las acciones emprendidas por el actual gobierno que han llevado a la creación de la Policía Militar y de Orden Público (PMOP).
Recientemente Bertha Oliva expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washignton, Estados Unidos, acerca de las medidas cautelares de protección, la persecución de opositores políticos y de los peligros que representa para la sociedad hondureña, la utilización de efectivos militares en acciones exclusivas de la policía nacional.
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Alianza por los Derechos Humanos: Crean un ambiente de terror para justificar la Policía Militar
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La
Alianza por los Derechos Humanos convocó a conferencia de prensa para
manifestar su preocupación en contra de las amenazas en contra de los
Derechos Humanos en el país. “Hemos
tenido muchas denuncias en las últimas dos semanas sobre amenazas,
hostigamientos, de líderes políticos, líderes sociales, líderes
sindicales, incluso hasta dueños de medios de comunicación, y en ese
sentido se han desarrollado hasta allanamientos de personas de la
oposición política”, destacó Wilfredo Méndez Director del Centro de
Investigación y Promoción de los Derechos Humanos.
El pronunciamiento de la Alianza por
los Derechos Humanos (ADH) señala que se ha creado un ambiente de terror
y crimen en barrios y colonias para justificar la presencia de la
Policía Militar del Orden Público y hacerlos ver como los salvadores.
“Es inaceptable las pretensiones de emitir disposiciones”, destaca. Por
otra parte, la ADH anunció que tiene en su poder denuncias sobre la
creación de "ambientes de terror y crimen" en barrios "para justificar
la presencia de la Policía Militar". "Hace cuatro meses barrios
pacíficos se convirtieron en zonas de terror donde hoy la Policía
Militar se hace ver como la salvadora", indicaron.
"Condenamos la aplicación de la
estrategia de fortalecimiento militar y advertimos de una escalada de
violencia desproporcional, de violaciones de Derechos Humanos por parte
de los militares en caso de darse movilizaciones sociales. Son
inaceptable las pretensiones de emitir disposiciones constitucionales
para fortalecer la policía militar", ha advertido constitucionales para
fortalecer la Policía Militar”.
El
director del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las
víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), Juan Almendares Bonilla
señaló que “la fiscal Rosa Seaman una fiscal que no estaba de acuerdo
con la policía militar fue trasladada y los otros fiscales que han
mantenido una posición respetuosa de los Derechos Humanos todo esto
pareciera indicar que pareciera que se está militarizando el Ministerio
Publico para decirlo así de una forma más categórica y por ello es
importante el dialogo y si es necesario el debate con el fiscal general y
con el fiscal adjunto”.
La
organización ha criticado además "la rotación de los fiscales Rosa
Seaman, Edy Tábora y John César Mejía". "Pareciera ser una
desarticulación del trabajo de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos,
instancia ya de por si mermada por las condiciones adversas con las que
trabaja", sostuvo. "Es importante
dejar constancia que hemos solicitado medidas de protección a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los fiscales
mencionados", al tiempo que ha solicitado al fiscal general que
"reconsidere" su decisión.
Igualmente la ADH denuncia “la
confabulación de algunos funcionarios del actual gobierno con el crimen
común y organizado, al no depurar la Policía y mantener en las
direcciones de toma de decisión a funcionarios que protegen el crimen”. Por
lo anterior, es importante que se garantice la trasparencia del proceso
permitiendo la observación ciudadana del conteo, porque preocupa la
venta de credenciales y la manipulación del sistema informático.
Los dirigentes del Alianza de los
Derechos Humanos miran con buenos ojos la presencia de observadores
internacionales y defensores de derechos humanos, llamando a la
población para que no se deje intimidar y acuda a las urnas para evitar
la consolidación de un fraude. El
comunicado ha sido firmado por el Centro de Investigación y Promoción de
los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Centro de Prevención, Tratamiento y
Rehabilitación de las víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT) y el
Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH).
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