Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Después
de dos largas y extenuantes jornadas, durante las cuales en el Juzgado
Primero de Letras de Intibucá se desarrolló la audiencia inicial contra
tres dirigentes indígenas lenca del Copinh (Consejo Cívico de
organizaciones populares e indígenas de Honduras), el Ministerio público
pidió auto de prisión con medidas sustitutivas para Aureliano Molina y
Tomás Gómez, mientras solicitó prisión para Bertha Cáceres, coordinadora
nacional del Copinh
.Audios:
.Audios:
- Víctor Fernández (abogado), Bertha Cáceres, Aureliano Molina, Tomás Gómez
Desde hace casi 6 meses, esta
organización está apoyando lalucha de las comunidades lencas de la zona
de Río Blanco, las cuales rechazan la realización del proyecto
hidroeléctrico 'Agua Zarca', impulsado por la empresa de capital
hondureño Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. (DESA) y ejecutado,
entre otras, por la compañía contratista china Sinohydro, con el
respaldo incondicional del propio gobierno hondureño y de sus
instituciones.
Las comunidades de la zona se oponen con fuerza al concesionamiento y la explotación del río Gualcarque,
considerado sagrado e intocable, y a la expropiación de sus territorios ancestrales.
Es por eso que el Copinh y los
pobladores de Río Blanco, que durante dos días han permanecido frente a
las instalaciones del juzgado, así como centenares de organizaciones y
personalidades, tanto nacionales como internacionales, han denunciado
que el juicio promovido por DESA contra los tres dirigentes indígenas
sería una muestra más de la criminalización y judicialización de la
protesta y la lucha social en Honduras.
En su más reciente comunicado
"Descolonización, ríos y emancipación versus racismo y arrogancia
capitalista", el Copinhinformó que, terminando la audiencia, la jueza
Lissien Lisseth Knight Reyes pospuso su decisión hasta el próximo 20 de
septiembre, cuando dará a conocer la resolución. Además,
el Copinh subrayó que la empresa DESA estaría pretendiendo presentar
más acusaciones contra los tres dirigentes indígenas y varios miembros
de los Consejos Indígenas, Consejo de Ancianos y Ancianas, y Patronato
de la comunidad La Tejera en Río Blanco.
"Mientras tanto -continúa el
comunicado- se han desplegado más fuerzas policiales y militares,
elevando el nivel de acoso contra las comunidades". El Copinh denuncia
también supuestos acuerdos alcanzados entre las instituciones
gubernamentales, la empresaDESA y pseudo dirigentes y patronatos
indígenas, "para romper la unidad de la lucha contra la represa".
Finalmente, el Copinh alertó a las
comunidades organizadas, al movimiento social, a la resistencia
hondureña y a las fuerzas políticas y sociales progresistas, tanto
nacionales como internacionales, ante un posible e inminente desalojo
violento en Río Blanco.
"Llamamos a la lucha y la solidaridad
militante, y a que dirijan acciones ante el Estado de Honduras.
Ratificamos que el Copinh, pese a todas las circunstancias de ataque y
criminalización, continúa y continuará en el desarrollo de su proceso en
defensa de los territorios, de la cultura, la espiritualidad, los
bienes comunes, de la naturaleza, del Pueblo Lenca y por la dignidad",
concluye.
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