Autor del articulo: Proceso Digital / 21.09.2013
Tegucigalpa - Al menos el 97 por ciento
del centenar de muertes entre periodistas y profesionales del derecho
registrados durante el gobierno del presidente Porfirio Lobo, siguen en
la impunidad, reveló un informe del estatal Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos (Conadeh).
Ramón Custodio, titular del Conadeh, lamentó que en Honduras, tanto el
ejercicio del derecho como la labor que realizan los periodistas se haya
convertido, en los últimos años, en ocupaciones de alto riesgo para quienes la
ejercen.
De acuerdo al informe, en lo que va de la presente administración, 67
profesionales del derecho y 29 periodistas, perdieron la vida en circunstancias
violentas en diversas regiones del país y sólo en cuatro casos los victimarios
fueron sentenciados.
Sólo un
victimario tiene sentencia condenatoria
Custodio se refirió a que la Declaración de Principios sobre la Libertad de
Expresión señala como deber de los Estados prevenir e investigar el asesinato,
secuestro, intimidación y las amenazas dirigidas a los comunicadores sociales.
Considera que la violencia contra periodistas y medios de comunicación
continúa siendo una amenaza muy grave para el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión y de información, particularmente contra quienes cubren
problemas sociales, como el crimen organizado y la corrupción.
Mencionó para el caso que cuando un periodista muere violentamente no sólo
se violenta el derecho a la vida sino que al final se afecta igualmente la
libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la de informar
adecuadamente.
Relacionó, que ante esa situación de violencia, el periodista y el medio
empieza a tener temores porque no sabe qué es lo que puede exponerlo ante un
peligro, tal como está sucediendo en el país.
En su criterio, cuando un sistema o una parte del Estado sabe que hay un
problema y continúa tolerándolo y lo sigue permitiendo, es lo que jurídicamente
se llama ahora la tolerancia o la aquiescencia del Estado.
Honduras registró entre 2010 y julio de 2013 la muerte violenta de 29 periodistas,
cifra que representan el 81% de los 36 que murieron desde el año 2003.
De los 36 casos registrados, desde noviembre de 2003 a la fecha, apenas uno
ha sido objeto de sentencia condenatoria.
El 11 de septiembre de 2012, el
Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula condenó a Jonathan Cockborn Delgado, a
purgar una pena de 28 años de cárcel por los delitos de homicidio simple y robo
cometido en perjuicio del periodista Georgino Orellana, hecho ocurrido el 20 de abril de 2010.
Sin embargo, hay 35 (97%) casos en los cuales los responsables están
gozando de impunidad, con lo cual queda demostrado que Honduras sigue siendo un
país sin justicia para las víctimas ni castigo para los victimarios, señaló
Custodio.
El estudio del Conadeh arroja entre otros hallazgos que 32 comunicadores
sociales, que representan el 89%, fueron ultimados con arma de fuego, uno con
arma blanca, dos estrangulados y uno que se desconoce el tipo de arma que usaron para quitarle la vida.
67 abogados
muertos, cuatro victimarios sentenciados
Es deber del Estado hondureño, dijo Custodio, garantizar que los
profesionales del derecho realicen su labor%26nbsp;
sin ningún tipo de intimidación y que%26nbsp;
cuando su seguridad esté amenazada por%26nbsp;
el ejercicio de su trabajo, es deber de las autoridades brindarles la
protección para salvaguardar su integridad física y su vida.
Sostuvo que al igual que la labor que realizan los periodistas, el ejercicio
del derecho también se ha convertido, en los últimos años, en una profesión de
alto riesgo para quienes la ejercen.
De allí que, en los últimos años,%26nbsp;
varios profesionales del derecho, han sido objeto de amenazas,
atentados, persecuciones y asesinatos.
Del registro pormenorizado que realizó el Conadeh se destaca que en lo que
va de la presente administración murieron en circunstancias violentas 67
abogados de los cuales alrededor del 97% de los casos se encuentran en la
impunidad.
Entre los profesionales del derecho que murieron en forma violenta hay
especialistas en derecho penal, en derecho mercantil, jueces de tránsito, de la
niñez y de letras, fiscales del Ministerio Público, asesores legales de
sindicatos, instituciones bancarias y%26nbsp; de
instituciones del Estado y otros que combinaban su profesión con otras
actividades empresariales y religiosas.
La mayor parte de las víctimas fueron ejecutadas en el interior de sus
vehículos, en algunos casos en compañía de sus hijos, esposa, de su trabajadora,
de su conductor, de amigos e incluso de sus clientes.%26nbsp; Otros%26nbsp;%26nbsp;
fueron%26nbsp; ultimados en su propia
vivienda o a pocos pasos de la misma o en la vía pública.
Casos de
victimarios de abogados con sentencia condenatoria
De acuerdo al Conadeh, tres%26nbsp; casos de
abogados asesinados fueron resueltos y sus victimarios, entre ellos tres
miembros de la policía, recibieron sentencia condenatoria.
En el 2012, la Sala Cuatro del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula
condenó a dos policías%26nbsp; a purgar una pena
de 20 años de cárcel%26nbsp; por el delito de
asesinato en perjuicio del abogado Oscar Mejía Villafranca, ocurrido el 6 de
marzo de 2009.
Ese mismo año, la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula
condenó a Nelson Ubaldo Rivera Oviedo a 20 años de prisión por el delito de
homicidio simple en perjuicio del%26nbsp;
abogado y pastor evangélico Carlos Roberto Marroquín, hecho ocurrido
el%26nbsp; 21 de febrero%26nbsp; de 2011 en la Col. Aurora de San Pedro Sula.
En mayo del 2013, un tribunal con jurisdicción nacional encontró culpable a
un ex detective de la Dirección Nacional de Investigación Criminal por el
asesinato cometido contra el coordinador del Ministerio Público en Puerto
Cortés, Raúl Enrique Reyes, registrado en la aldea Rio Nance de Choloma, el 27de
mayo de 2011.
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