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| Foto G. Trucchi | Opera Mundi |
Nueva legislación utiliza figura del fideicomiso para entregar recursos naturales en concesión a inversionistas privados
Por Giorgio Trucchi | Opera Mundi
Después
de la idea de privatizar territorios enteros con la justificación de la
lucha contra la desigualdad social, otra iniciativa del gobierno del
presidente Porfirio Lobo fue aprobada en Honduras: la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública,
más conocida como "Ley Hipoteca". Para los movimientos sociales y otros
sectores de la sociedad hondureña, se trata de un elemento más de un
amplio proceso de privatización del país, hundido en deudas.
La
sesión parlamentaria del pasado 20 de julio se realizó en el retirado
municipio de Gracias, Departamento de Lempira, con la participación de
una cantidad muy reducida de diputados propietarios, sin la posibilidad
de discusión y debate, y sin contar con el registro electrónico de los
asistentes, para hacer constar cómo votó cada congresista.
La ley, cuya aprobación fue sucesivamente ratificada por el plenario del Congreso Nacional en Tegucigalpa y que ahora está siendo vetada por su principal impulsor y defensor, el presidente Porfirio Lobo, utiliza la figura del fideicomiso para entregar en concesión a inversionistas privados, en su mayoría transnacionales, los recursos naturales del país que se consideran ‘ociosos’, para proyecto de explotación. A cambio, el gobierno tendrá acceso a recursos líquidos para cubrir parte de la gigantesca deuda interna, que ha venido aumentando principalmente a raíz de la crisis originada por el golpe de Estado, que en 2009 derrocó al presidente Manuel Zelaya.
Después
de fuertes protestas y grandes manifestaciones y a menos de 100 días de
las elecciones, el presidente decidió devolver la ley al Congreso
Nacional con varias observaciones. "Cuando llegue la ley, la voy a
vetar, para que ya quitemos ese tema de las campañas políticas”, afirmó
Lobo. Sin embargo, para varios analistas la aprobación fue postergada
con la idea de no afectar la candidatura oficialista del actual
presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández.
De acuerdo con datos brindados por el FOSDEH (Foro
Social de la Deuda Externa de Honduras) a Opera Mundi, la deuda pública
total, entre consolidada y flotante, está calculada en unos 14 mil
millones de dólares y ha superado el 70% del PIB (Producto Interno
Bruto). De ese monto total, más de la mitad corresponde a deuda interna.
“En
el caso de un cerro, por ejemplo, donde se ha detectado la presencia de
minerales metálicos, o de un río cuyas aguas se van a utilizar para
generar energía hidroeléctrica, el gobierno emite un título valor por
una cantidad calculada en base a una estimación del flujo de caja que se
generaría en un plazo de tiempo definido, y lo coloca en los mercados
financieros”, explicó Gabriel Perdomo, técnico analista del
FOSDEH. De esa manera, el inversor que adquiere dicho título valor
tendrá el dominio absoluto sobre el bien y gozará de amplios beneficios
fiscales. A cambio, entregará al gobierno la cantidad de dinero que
deriva de la estimación realizada.
Según
Perdomo, este mecanismo de titularización de flujo de caja futuro no
sólo refleja la grave situación económico-financiera en que se encuentra
el Estado hondureño, sino que genera muchas dudas sobre la
transparencia de todo el proceso. “Con esta ley, que fue aprobada a la
carrera y sin ninguna socialización ni discusión previa, el gobierno
obvia todas las disposiciones y mecanismos legales contenidos en las
leyes que regulan los procesos de contratación pública, la
transparencia, el acceso a la información y la explotación de recursos
naturales”, argumentó.
Además,
el analista del FOSDEH expresó una profunda preocupación por la
introducción, en estas operaciones, del tema del fideicomiso, “que es el
mecanismo con menor transparencia que existe”, así como por los graves
impactos que tendrá sobre los recursos naturales del país y sobre las
poblaciones que viven en los territorios que serán objeto de concesión y
explotación. “El verdadero objetivo de esta ley es puramente político.
Van a vender los bienes del Estado de forma barata y no transparente y,
de esa manera, tendrán acceso a nuevos fondos para mejorar la imagen del
Ejecutivo y de los candidatos del partido de gobierno, en vista de las
elecciones”, concluyó Perdomo.
Honduras a la venta
Para el abogado constitucionalista Oscar Cruz,
detrás de la aprobación de la ‘Ley Hipoteca’ se ocultan fines mucho más
estratégicos, que tienen que ver con el proceso de afianzamiento de los
grupos de poder y las oligarquías nacionales.
“Hay
un proyecto en marcha que apunta a sustituir la gestión y el poder
público con la gestión privada, y lo han puesto en práctica con la
aprobación de leyes y reformas constitucionales que, de hecho, alteran
las relaciones de poder existentes”, dijo a Opera Mundi.
Entre las leyes y reformas aprobadas, el jurista mencionó la Ley de Alianza Público Privada, que dio vida a Coalianza, el conjunto de decretos y reformas constitucionales que crearon las ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), mejor conocidas como Ciudades Modelo, así como la Ley de Empleo por Hora.
“La
nueva ley viene a cerrar un círculo de esta estrategia, y el uso del
instrumento mercantil del fideicomiso, controlado y manejado por los
tres principales bancos del país - Banco Atlántida, Banco Ficohsa y
Banco Continental - pone en riesgo el futuro de la nación”, alertó Cruz.
Según él, con esta operación de entrega de los bienes del pueblo,
“están creando las condiciones para que las generaciones futuras tengan
únicamente obligaciones y deudas que pagar, una enorme mora de carácter
social , más marginalidad y empobrecimiento”.
El
abogado constitucionalista subrayó también que existirían varios
elementos de inconstitucionalidad que caracterizan la Ley Hipoteca, que
son muy similares a los que se detectaron en la ley que creó las ZEDE.
“Aunque sepamos que el sistema judicial responde a los intereses de los
grupos de poder, vamos a presentar los debidos recursos de
inconstitucionalidad”, alertó Cruz.
Subasta y violencia
Las
organizaciones que, desde hace décadas, defienden los territorios y los
bienes comunes del país, aseguran que esta nueva ley no sólo aumentará
los fenómenos de explotación y saqueo, sino que profundizará también la
represión.
El caso dramático del conflicto agrario en el Bajo Aguán y el asesinato de no menos de 60 campesinos organizados, la represión desatada contra las comunidades indígenas Lenca que protestan contra el desarrollo del proyecto hidroeléctrico
“Agua Zarca” en la zona de Río Blanco, así como la lucha del pueblo
garífuna en defensa de sus territorios y costas, que son invadidas por
megaproyecto turísticos, hidroeléctricos y monocultivos, son solamente
algunos ejemplos de la grave situación que ya está viviendo Honduras.
“Hay
una entrega absoluta del territorio y de la soberanía del país. Además,
se pretende inculcar la idea de que nuestros recursos son ociosos
porque no se están explotando. Esto violenta nuestra cosmovisión de que
la tierra hay que cuidarla, y que es parte del habitad funcional de los
pueblos”, dijo Miriam Miranda, presidenta de la OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña).
La
dirigente garífuna recordó, también, que el fuerte debilitamiento
institucional derivado del golpe de 2009, profundizó la entrega de los
recursos naturales al mejor postor, e inició una ofensiva
mediático-cultural para acrecentar la lógica individualista en el país.
“Hoy la apuesta del sistema neoliberal es romper y acabar con la visión
colectiva y comunitaria de los pueblos, donde el derecho y el bien
colectivo son más importantes del derecho individual y la
competitividad”, explicó Miranda.
Para
ella, este sistema “voraz y depredador en que vivimos” considera el
tema de los derechos colectivos como “una afrenta y un peligro que hay
que combatir”. En este sentido, Miranda convocó la sociedad hondureña y
los movimientos sociales, a seguir con la lucha de resistencia en los
territorios.
Fuente original: Opera Mundi (en portugués)
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